La Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal a la representante a la Cámara Sara Piedrahíta Lyons (Partido de La U), por el supuesto delito de lavado de activos. Lyons, prima de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, habría recibido dinero producto de sobornos de una IPS para su campaña a la Cámara correspondiente al periodo 2014-2018.
Según el alto tribunal, el dinero recibido para su campaña habría tenido origen en sobornos del representante legal de una IPS para que le fuera concedida la atención de los pacientes de hemofilia en el departamento.
La investigación contra la congresista del Partido de La U se puso en marcha tras las declaraciones a la justicia de Leonardo Pinilla, alias ‘El Porcino’, abogado implicado en el escándalo del "Cartel de la Toga".
La Corte señala que “el 18 de diciembre de 2017 Daniel Cabrales recibió $90 millones de pesos y Sara Piedrahíta Lyons $1.100 millones de pesos para sus campañas políticas de dineros desembolsados por la Gobernación de Córdoba para pacientes de hemofilia, por lo que se ordenó compulsa de copias”.
Las circunstancias del delito se habrían enmarcado en las elecciones para las que habría recibido las coimas, cuando Piedrahíta Lyons tenía 25 años de edad y sin experiencia en el sector público. En aquella época Lyons logró la votación más alta de la Cámara de Representantes con más de 110 mil votos.
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La ponencia e instrucción del caso se encuentra en manos del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, quien en próximos días definirá la fecha en la que se citará a la representante a indagatoria. Hasta el momento, la congresista no se ha pronunciado sobre la investigación en su contra.
También se conoció que la representante Piedrahíta Lyons no pretende buscar la reelección en las próximas legislativas. “Yo no voy a aspirar en las próximas elecciones”, expresó la dirigente a un medio de su departamento,
"Cartel de la Hemofilia"
El caso tiene que ver con el entramado en el que la Fiscalía General de la Nación acusó en semanas anteriores a Edwin Besaile, exgobernador de Córdoba, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad en el llamado "Cartel de la Hemofilia". El ente investigador demostró cómo se habría constituido todo un engranaje criminal, que se organizó en la operación de centros de salud de ese departamento.
El delegado de la Fiscalía aseguró que Besaile fue protagonista de primer nivel en dichos actos delictivos y según la misma autoridad, la responsabilidad del exmandatario radicaría en la presunta comisión de delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación en provecho propio. El delegado de la Fiscalía, en su intervención, aseguró que el rol de Besaile en el entramado criminal es un hecho probado.
Según se informó en varios medios, en concordancia con las denuncias, Besaile habría beneficiado directamente a la IPS San José de la Sabana, en cabeza de Guillermo Pérez Ardila, por la transferencia de dinero de pacientes de hemofilia que nunca existieron.
Otros investigados
Con la investigación a Piedrahíta Lyons son ya son siete los congresistas que en el último mes han sido objeto de apertura de investigación por diferentes temas. Como se recuerda, la Sala de Instrucción de esa corte les abrió indagación preliminar a los senadores Antonio Zabaraín (Cambio Radical), Armando Benedetti (Pacto Histórico), Daira Galvis (Cambio Radical) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) por su posible participación en el fallido contrato de Centros Poblados con el Ministerio de las TIC.
El pasado 21 de octubre, la misma sala abrió una investigación contra el representante a la Cámara por Norte de Santander, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza. El congresista del Partido de La U fue interrogado por el presunto delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, lo que provocó que se le vinculara formalmente al caso. La investigación, que está en manos del magistrado Francisco Javier Farfán, tiene que ver con presuntas irregularidades en un contrato de obra pública del 2010, el cual suscribió cuando era secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander.
El contrato tenía como objetivo el mejoramiento y mantenimiento de una vía del municipio de Arboledas. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra el senador Miguel Ángel Barreto por su presunta participación en la comisión de los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
Según la investigación, el congresista conservador no reportó en el 2018 en los gastos de campaña al Senado, una donación de un cheque por 20 millones de pesos de un particular.