Como una bola de nieve, el caso de chuzadas a través de “fiscalías paralelas” revelado hace un mes por el fiscal Néstor Humberto Martínez ha resultado más grave de lo que se pensaba y promete convertirse en algo todavía más delicado.

En resumen, se trata de chuzadas al mejor postor a cambio de millonarios pagos. Aunque desde el escándalo de las chuzadas del DAS, y luego con el Restaurante Andrómeda, se percibía que paralelamente con las unidades de inteligencia de los organismos de seguridad del Estado se había creado un mercado clandestino para los servicios privados de espionaje, no deja de sorprender que se confirme su existencia y que, además, puedan tener tan connotados clientes, si es que los testigos han dicho la verdad.

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Cayó un general retirado

Por lo pronto, la investigación llevó a la captura del general en retiro Humberto Guatibonza.

El mes pasado, tras allanamientos realizados en Cali, Valle del Cauca, e Ipiales, Nariño, así como en la localidad bogotana de Suba, la Fiscalía reveló operaciones de interceptación ilegal de comunicaciones que estarían comandadas por tres militares en retiro del Ejército Nacional y en las que también estaría vinculado Guatibonza, oficial retirado de la Policía Nacional.

En Cali funcionaban dos sedes para las interceptaciones, tras fachadas de empresas. En Ipiales, las autoridades encontraron un inmueble que sería la base de operaciones, donde había seis torres de cómputo de diferentes marcas, cuatro computadores portátiles y cinco teléfonos celulares, con los que se llevaba a cabo la operación.

Sin embargo, es la “fiscalía paralela” de Suba la que vincula a Guatibonza, quien deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático, utilización ilícita de redes de comunicación, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales.

También, ayer se confirmó la captura de Julián Villarraga, quien según la Fiscalía servía de intermediario entre la organización criminal y los operadores celulares para determinar si la persona a interceptar correspondía a quien usaba el teléfono chuzado.

El portafolio del servicio de chuzadas incluía la interceptación de comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.

En los allanamientos las autoridades encontraron información recopilada sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, además de personalidades nacionales e internacionales.

Piezas clave 

El nombre de Juan Carlos Madero Mendieta, un ingeniero javeriano, es pieza clave en el caso de las 'chuzadas ilegales'. Al parecer Madero habría manejado el portafolio más grande de clientes que pedían desde seguimientos hasta interceptar teléfonos de personalidades, entre las que figuraron Claudia Beltrán, esposa del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Entre las carpetas encontradas por las autoridades se destaca una que bautizaron como “Barbas” y según el testigo, así conocían al senador Armando Benedetti, que llegó a la oficina de chuzadas gracias a la gestión de un intermediario y al parecer socio de la organización criminal, Juan Carlos Madero.

El testigo clave, protegido por la Fiscalía. es el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas, quien en su declaración reveló con detalles las reuniones que sostenía Madero con el senador Benedetti y cómo fue el trabajo que le pidió el legislador a la cabeza de esa red  de interceptaciones ilegales. 

"Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti o Barbas como lo llamaba, es más en una ocasión en una entrevista con Vicky Dávila me comentó que estuvo en esa entrevista, acompañando a Benedetti, entonces eso me confirma que tenía relación directa con Benedetti, del trabajo para Benedetti recibí un pago de cuatro millones de pesos, se le trabajó y se le entregaron resultados y fueron tan buenos que llegó hasta en punto que pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular", se lee en la declaración. 

Esta es la declaración publicada por Caracol Radio: 

Al mejor postor

El fiscal Martínez ha manifestado que empresarios y políticos ofrecían hasta 30 millones de pesos por chuzarlo.

Según lo que ha trascendido de las declaraciones de los testigos a la Fiscalía, una de las chuzadas fue encargada por una aerolínea que pagó por espiar a sus pilotos. Y, según los informantes, no era la única firma que buscaba saber secretos de sus empleados o competidores.

Otro trabajo de chuzadas habría sido el que contrató las interceptaciones al fiscal Martínez y su esposa, así como a varios abogados como Jaime Lombana e Iván Cancino y sus respectivas familias. Aunque es sorprendente que las víctimas sean juristas de tanto prestigio, lo que más asombra del testimonio es que el contratante de este servicio habría sido el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

“Estoy aterrado y ahora me inventan esto. ¿Tener uno las agallas de chuzar al Fiscal General de la Nación?”, reaccionó el congresista, agregando que “¿cómo es posible que no tengan una prueba, una grabación, una foto, sino declaraciones de un bandido?” y que “el Fiscal está en lo de Odebrecht. Todos están acusados de cosas peores y con pruebas”.

Según Benedetti, Martínez lleva “dos años atacándome. Esta no es la primera vez en ese plano de desquitarse. Solo entregan declaración de un preso, pero nunca una prueba en concreto”.

Además, expresó: “Nunca conocí a ninguno de los miembros de la oficina de chuzadas telefónicas de Ipiales”.

Detalles del espionaje

Guatibonza es el cuarto uniformado detenido por su vinculación con A&G, la empresa que, según la Fiscalía, ofrecía servicios de chuzadas a por lo menos 175 clientes, dentro de un amplio espectro que incluía empresarios, servidores públicos y políticos, según las evidencias recopiladas.

El oficial retirado sería el propietario de las instalaciones allanadas en Bogotá.

Los otros tres son el coronel (r) Carlos Andrés Pérez, el mayor (r) Luis Mesías Quiroga y el coronel (r) Jorge Humberto Salinas. También está privada de la libertad la hacker María Alicia Pinzón.

Entre los clientes estaría el empresario Víctor Maldonado, investigado por el escándalo de Interbolsa, abogados que supuestamente representaban a Avianca e integrantes de la familia Guerrero, dueños de Servientrega.

El capitán Jaime Hernández, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, manifestó su consternación por las revelaciones, pero reveló que ya existía conocimiento por parte del sindicato sobre estas actividades criminales en su contra.