Una vez más, a partir de hoy y hasta el próximo 1 de octubre, las delegaciones de Colombia y Nicaragua volverán a controvertir ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), por las pretensiones expansionistas del régimen de Daniel Ortega.
Esto porque hoy arranca la fase de alegatos orales en la segunda demanda interpuesta por Managua contra Colombia.
El equipo jurídico de nuestro país se siente seguro de poder desestimar las pretensiones del cuestionado gobierno de esa nación centroamericana en torno a supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
Al respecto el presidente Iván Duque aseguró el fin de semana que el equipo de agentes y jurídico colombiano va a llegar a la Corte a defender los intereses del país, del pueblo raizal, la soberanía y la Constitución.
“Colombia expresará lo que con claridad dice en nuestra Constitución en el artículo 101, y es que los límites de Colombia solamente pueden ser modificados a través de un tratado de límites. Nosotros vamos a proteger la integralidad y el talante y la característica histórica de nuestro archipiélago, y también estamos para defender los derechos del pueblo raizal, de la comunidad de pescadores y de todo el pueblo colombiano”, afirmó.
EL NUEVO SIGLO explica de qué se trata el nuevo proceso y la postura de nuestro país.
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¿Qué pasará desde hoy en La Haya?
En junio pasado la Corte Internacional de Justicia de La Haya convocó a nuevas audiencias entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021 en el caso de la demanda que mantiene Nicaragua contra Colombia por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.
Dichas audiencias hacen parte del procedimiento ordinario previsto para estos casos. Los procesos ante la Corte están divididos en dos fases: una escrita y una oral. En este caso la primera tuvo lugar entre 2013 y 2019. Una vez cerrado este procedimiento, el caso queda listo para ser escuchado en audiencia. Eso es lo que arranca hoy.
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¿Qué alega el gobierno Ortega?
El 6 de diciembre de 2001 Nicaragua presentó una demanda contra Colombia ante la Corte alegando la invalidez del Tratado de 1928, reclamando la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés. Sobre esa base pidió a la Corte el trazado de una delimitación marítima entre los dos países.
Sobre esta primera demanda, en 2012 la Corte ratificó la soberanía de Colombia sobre todas las islas y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia y adoptó una decisión en favor de nuestro país, sobre la extensión de las zonas económicas exclusivas de ambas partes, entre otras determinaciones. Otorgó, eso sí, derechos a Nicaragua sobre una pequeña porción del mar territorial colombiano adyacente al archipiélago. Colombia insistió en que solo por vía de un tratado bilateral y ratificado por el Congreso nacional se pueden modificar los acuerdos sobre límites con otras naciones.
Sin embargo, el 26 de noviembre de 2013 Nicaragua interpuso otra demanda mediante la cual pretendía que la Corte declarara que Colombia había violado sus derechos soberanos en el área e incluso que permanentemente amenazaba con el uso de la fuerza, esto debido a la presencia de embarcaciones de la Armada colombiana en el mar Caribe en disputa.
Esta última petición fue rechazada por la Corte en el fallo de excepciones preliminares del 17 de marzo de 2016. La Corte le dio la razón a Colombia y sostuvo por unanimidad que esta pretensión nicaragüense no era admisible, destacando que la situación en el mar Caribe era calmada y estable.
Así las cosas, en este caso las pretensiones de Nicaragua no versan sobre soberanía territorial ni sobre áreas de jurisdicción marítima, sino que busca cuestionar presuntas actuaciones de Colombia en el cumplimiento del primer fallo y su compatibilidad con el derecho internacional.
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¿Cuál es la postura de Colombia en La Haya?
Colombia considera totalmente infundadas las pretensiones de Managua. Parte importante de la defensa de Colombia gira alrededor de temas como la integridad del Archipiélago; el derecho de todas las islas a tener una zona contigua; el derecho de Colombia de hacer presencia en el mar Caribe en la lucha contra los delitos transnacionales, para salvaguardar la vida en el mar y para proteger el hábitat natural de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower; y, por último, la existencia de derechos tradicionales de pesca en las áreas marítimas aledañas al Archipiélago de San Andrés.
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¿Cómo será la dinámica de las audiencias?
El Reglamento de la Corte establece que “las audiencias están encaminadas a tratar los puntos que todavía separan a las partes sin volver a exponer todo lo que ya se trató en los alegatos escritos, ni simplemente repetir los hechos y argumentos ya invocados en los mismos”.
Nicaragua presentará oralmente los principales argumentos en los que fundamenta sus pretensiones. Lo propio hará Colombia.
Por la coyuntura de la pandemia, la CIJ está adelantando audiencias mixtas, es decir, con algunos representantes y abogados de los Estados participando presencialmente en La Haya y otros virtualmente. Por regla general, las audiencias son públicas y se pueden seguir en tiempo real a través de la página web de la Corte.
Una vez se cierren las audiencias orales, la Corte procederá, de manera reservada, a deliberar sobre los argumentos de las partes y debe luego emitir un fallo, lo cual normalmente tiene lugar varios meses después de dichas audiencias.
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¿En qué justifica Colombia una contrademanda a Nicaragua?
En dos puntos: Nicaragua ha desconocido la existencia de derechos tradicionales de pesca de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder a las aguas donde se encuentran los bancos en los que han pescado por siglos, y también ha infringido estos derechos, como lo han atestiguado pescadores raizales.
De igual manera se alega que Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia y de los demás Estados del Caribe.
6. ¿Fallado este caso por la Corte Internacional, finalizará el conflicto Colombia-Nicaragua?
No, actualmente cursa en la Corte otro proceso sobre la cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, iniciado por Managua el 16 de septiembre de 2013. En este proceso también se ha cerrado su etapa escrita y la Corte igualmente deberá fijar fecha de audiencia en un futuro.
Colombia, obviamente, también considera infundadas las pretensiones del régimen Ortega.
¿Qué opinan los expertos?
Rafael Nieto Navia es uno de los internacionalistas colombianos más reconocidos en esta materia.
Para el también columnista de EL NUEVO SIGLO “lo que se va a tratar en estas audiencias es la demanda de Nicaragua por supuestas violaciones a la sentencia del 2012 y las dos contrademandas de Colombia, porque acusan a Nicaragua de no dejar pescar a los raizales en aguas que no son nicaragüenses e, incluso, de confiscarles la pesca”.
“En esto no hay ningún asunto de tipo territorial”, señaló.
“El mar territorial de Nicaragua lo fijó la sentencia del 2012 y aquí no está en discusión la plataforma. Hay alguna parte porque Nicaragua ha dicho que la zona contigua de los cayos que están fuera del límite que fijó la Corte en el 2012 no es válida, que eso es de Nicaragua, pero como la Convención de Jamaica y la propia Corte dijo que a esos islotes se le daban las áreas marinas y submarinas, excepto en el caso de esos islotes, plataforma continental, pues el tema de la zona contigua me parece que tendría que resolverlo en favor de Colombia. No le veo mucho futuro a esa demanda de Nicaragua”, puntualizó.