Jueces de control de garantías de Bogotá impusieran 16 medidas de aseguramiento en centro carcelario y 2 domiciliarias.
Los integrantes de la red delincuencial habrían hurtado, durante dos años, al menos 3.190 millones de pesos de las cuentas bancarias que las víctimas tienen en entidades financieras ubicadas en Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar y Bogotá.
La contundencia del material probatorio aportado por fiscales adscritos al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, permitió que jueces de control de garantías de Bogotá impusieran 16 medidas de aseguramiento en centro carcelario y 2 domiciliarias, contra 18 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) ‘Los de Rionegro’. La decisión de primera instancia fue apelada.
La evidencia física recopilada advierte que la red, presuntamente, estaba encabezada por Carlos Felipe Corredor Rubio y Carlos Andrés Cárdenas Buenaventura, quienes accedieron a información financiera de al menos 11 clientes. Entre los afectados se encuentran copropiedades inmobiliarias, una comunidad religiosa, una EPS y varias empresas más con cuentas en distintas entidades bancarias.
Presuntamente, utilizando papelería membretada, logotipos, sellos, huellas y firmas falsas; los integrantes de la red delincuencial habrían hurtado, durante dos años, al menos 3.190 millones de pesos que las víctimas tenían en cuentas de ahorro y crédito ubicadas en Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Bolívar y Bogotá.
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La investigación permitió establecer que el grupo delincuencial pagaban a los denominados cobradores, cuidadores y reclutadores entre el 3 y el 10 por ciento, del total estafado; según la labor desempeñada al interior de la organización.
Llamó la atención de las autoridades los métodos usados por la red criminal para alcanzar sus objetivos ilícitos; pues habrían accedido de manera ilegal a información de las víctimas, en empresas de telefonía y en las entidades bancarias. De acuerdo al material probatorio se pudo establecer que se habría logrado suplantar a los ciudadanos durante las llamadas hechas desde los bancos para validar los movimientos de dinero. También se constató que se utilizaría látex para simular las huellas dactilares de los afectados y así evadir los controles financieros.
La Fiscalía, de acuerdo al presunto grado de participación de los procesados, imputó delitos tales como: estafa agravada, falsedad ideológica en documento privado, concierto para delinquir, obstaculización ilegitima de sistema informático o red de telecomunicaciones y violación de datos personales.
Los presuntos implicados son: Carlos Felipe Corredor Rubio, Carlos Andrés Cárdenas Buenaventura, Luis Carlos Lovera Moreno, María Camila Corredor Vargas, José Diomedes Garzón Malagón, Jorge Mario Gómez Rodríguez, Luis Gabriel Guillen Montero, Lady Johanna Vega Parra, Diego Julián Ardila Redondo, Jhon Marcos Morales Rubio, Stiven Humberto Morales Suárez, Luis Eduardo Mejía Acuña, Edwin Camilo Ortiz Hernández, Alisson Fernanda Arango Pérez, Carlos Orlando Vásquez Zabala, Jeferson Garcera Ibáñez, Kelly Tatiana Barón Marín y Ana Vanessa Duque Arias. Esta última aceptó su responsabilidad en los cargos formulados.