LA DECISIÓN ayer de la Corte Constitucional de revocar la suspensión del magistrado del Consejo Nacional Electoral Altus Alejandro Baquero, cambia la correlación de fuerzas políticas en este último Tribunal.

Esto, precisamente, en la antesala de que el pleno del CNE entre a analizar la ponencia que eleva cargos al presidente Gustavo Petro y la cúpula de su campaña por, presuntamente, sobrepasar los topes de financiación electoral y utilizar recursos de fuentes no permitidas.

Baquero había sido suspendido en mayo del año pasado por la sección quinta del Consejo de Estado, en el marco de un proceso en el que se puso en duda si acreditaba los 15 años de experiencia en el ejercicio del derecho, que es un requisito para poder integrar el Alto Tribunal de la organización electoral.

Tras varios meses de análisis por parte de la Corte Constitucional de la decisión tomada por la sección quinta del máximo tribunal de lo contencioso -administrativo, se informó ayer que el magistrado en cuestión sí cumplía con los requisitos para el cargo, ya que logró acreditar los 15 años de experiencia profesional al momento de la elección por parte del Congreso en agosto de 2022.

Así las cosas, se normaliza la composición del CNE en momentos en que sus ahora nueve integrantes, deben avocar el estudio de la ponencia proyectada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.

Como se sabe, en dicha ponencia, que tiene 313 páginas, ambos magistrados concluyeron que existen los méritos suficientes para investigar al presidente Petro, candidato del 2022; Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente de campaña; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, en calidad de auditores; al movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica.

Dentro de las presuntas anomalías que se detectaron están la violación de topes electores en la primera y segunda vuelta, la presunta financiación prohibida de la campaña por donaciones sindicales e inconsistencia en los pagos de testigos electorales el día de las votaciones, entre otros.

Como se dijo, desde mayo del año pasado el CNE venía funcionando con ocho magistrados titulares, pero ahora, con el reingreso de Baquero, se normaliza su composición original, lo que es considerado clave para el análisis y la votación de la respectiva ponencia, más aun teniendo en cuenta que los integrantes de este Alto Tribunal tienen un origen claramente partidista, ya que son postulados por las bancadas en Senado y Cámara.

Por consiguiente, el mapa político del CNE queda integrado de la siguiente manera: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico; Cristian Ricardo Quiroz, de Alianza Verde; Alfonso Campo, Partido Conservador; César Lorduy, Cambio Radical; Maritza Martínez, Partido de la U; Benjamín Ortiz y Altus Alejandro Baquero del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático.

Según el reglamento interno del Alto Tribunal para aprobar o rechazar una ponencia se requiere una mayoría calificada de seis votos sobre los nueve posibles.

Antes del reingreso de Baquero los expertos señalaban que, acorde con el origen partidista de los magistrados, y obviamente previo a un análisis objetivo de la ponencia existía una alta posibilidad de que la elevación de cargos fuera apoyada por Campo, Lorduy, Martínez y lógicamente, Ortiz y Prada, pues estos últimos son los que proyectaron el expediente que pide elevar cargos formales a Petro, Roa y demás integrantes de la cúpula de campaña.

Entre tanto, se supone que votarían en contra de la misma, Márquez y Velásquez, así como Quiroz cuyos partidos hacen parte hoy de la coalición del gobierno petrista.

Sin embargo, los posibles cinco votos a favor de la ponencia no serían suficientes para que fuera aprobada y habría que acudir a conjueces para destrabar la decisión. Ahora, con la llegada de Baquero, del mismo partido de Ortiz, se podrían completar los seis votos requeridos, lo que complicaría la situación para el jefe de Estado, Roa (hoy presidente de Ecopetrol) y los demás investigados.

Dicho lo anterior, se espera entonces que los magistrados aborden el estudio de la ponencia y fijen para los próximos días o semanas la respectiva sala para su discusión y votación.

Procedimiento

Como se sabe, si la ponencia llegara a ser aprobada se abren varios escenarios. Por un lado, el CNE deberá determinar si procede las sanciones a Roa y los demás integrantes de la cúpula de la campaña por infracción en las normas de financiación electoral.

Por otra parte, al ser el presidente de la República un aforado especial, el expediente debe ser remitido a su juez natural que es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, célula congresional que debe continuar el proceso y determinar si hay mérito para acusar al jefe de Estado ante la plenaria de la Cámara. Esta última instancia debe analizar los eventuales cargos y, si los considera procedentes, remitir la causa al Senado para un juicio político contra el primer mandatario.

En otro orden, según lo advertían ayer varios abogados penalistas también habría lugar a una compulsa de copias a la Fiscalía por cuanto según la ley 1864 del 2011 se podría haber incurrido en el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales, de acuerdo a lo que contemplan los artículos 396 A y B del Código Penal.

Las condenas, en estos casos, no solo se aplican al gerente de la campaña electoral infractora, sino también, al candidato respectivo. Además, implican una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La defensa del presidente Petro insiste en que el expediente debe ser remitido desde ya por el CNE a la Comisión de Investigación de la Cámara, pero el Alto Tribunal sostiene que todavía se está en una fase preliminar de la investigación y solo cuando se vote la ponencia habrá lugar a determinar si el expediente se traslada a la estancia congresional en lo atinente al jefe de Estado.

Fiscal Burgos sigue en el caso Nicolás Petro

Al terminar la jornada de ayer, se conoció que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial rechazó la petición de que el Fiscal Mario Burgos fuera suspendido provisionalmente del caso que se adelanta contra Nicolás Petro, imputado por los presuntos delitos enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La solicitud de cambio de fiscal había sido hecha por el abogado del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava.

La ratificación de Burgos fue informada ayer por el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien señaló que la entidad no encontró las pruebas necesarias que implicarían al fiscal con las filtraciones de material probatorio a medios de comunicación.

“No corresponde a la Jurisdicción Disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales, y que no están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorgan autonomía a la Rama Judicial”, dijo Cajiao en el comunicado.

Asimismo, resaltó que la ley establece una clara independencia de poderes: “La máxima Autoridad Disciplinaria de la Rama Judicial mantiene su independencia y actuará en derecho, de cara a la toma de las decisiones que correspondan y en los términos de ley, en relación con el caso del fiscal Mario Burgos Patiño”.

Es importante precisar que, el magistrado Cajiao asumió el caso del fiscal Burgos, luego de que la también magistrada ponente Magda Victoria Acosta, tuviera que apartarse de la investigación, ya que trabajó entre el 2012 y el 2016 en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) durante la época en la que el entonces alcalde Gustavo Petro presidía la Junta Directiva.