A la crisis de orden público que históricamente ha afectado al departamento de Antioquia, se suma la crisis humanitaria que en las últimas semanas han padecido dos de sus municipios.
Necoclí, en el Urabá antioqueño, ha visto crecer su población en casi 50% debido al ingreso de más de 10 mil migrantes que no han podido continuar su rumbo hacia Panamá y de ahí en busca del sueño americano en Estados Unidos.
Ituango, por su parte, ha tenido que recibir a casi 5.000 campesinos desplazados a la fuerza ante las amenazas de grupos armados al margen de la ley.
En ambos casos, se esperan prontas soluciones tanto de la Gobernación seccional, como del Gobierno nacional. El siguiente es el panorama.
Necoclí, una ‘bomba de tiempo’
Es tan crítica la situación en Necoclí, Antioquia, que su alcalde Jorge Augusto Tobón Castro, tuvo que declarar la calamidad pública para atender la situación que se registra en un municipio de 20 mil habitantes pero que hoy, por cuenta de la llegada masiva de migrantes, tiene más de 35 mil, con todo lo que eso implica.
Habitantes del municipio cuentan los efectos que ha generado esta situación: la economía se dolarizó porque los migrantes traen dólares para pagar hasta una gaseosa; los cambistas cobran $400 de más por cada dólar que cambian; en las casas de familia los costos de los arriendos se dispararon; la capacidad hotelera se desbordó; los alimentos, medicamentos, e insumos de primera necesidad escasean, y quienes más se están lucrando son los ‘coyotes’ que les cobran millonadas a los migrantes por, supuestamente, pasarlos a Panamá.
El alcalde Tobón Castro explicó que su municipio está padeciendo una crisis grave sanitaria por las aglomeraciones de más de 30 mil personas; hay represadas 17 toneladas de residuos sólidos, no hay servicios sanitarios para todos, etc.
En las calles de Necoclí es normal ver mujeres embarazadas, niños, personas de todas las edades, durmiendo en el piso, aguantando hambre y sin poder comunicarse porque muy pocos hablan español. Hay migrantes que llevan más de dos meses en esta situación.
“Hemos tocado todas las puertas, hemos enviado oficios a todas las instituciones, Migración Colombia, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y no hemos recibido respuesta”, aseguró César Zúñiga, director de Gestión del Riesgo de Necoclí.
Además, las empresas de transporte fluvial no se comprometen a movilizar a los migrantes porque no están documentados y podrían ser multadas, tampoco hay tiquetes para abordar lanchas porque estas embarcaciones no dan abasto.
Y es que a Necoclí, lo mismo que ha pasado con Turbo, forman parte de la subregión de Urabá, destino transitorio de miles de migrantes de Haití y Cuba, pero principalmente de Haití y países africanos como Senegal, Nueva Guinea y Ghana que buscan atravesar el Tapón del Darién y cruzar a Panamá y de ahí seguir hacia Centroamérica y pasar a Estados Unidos. Pero debido al covid, el vecino país cerró sus fronteras.
La mayoría de migrantes duermen en las playas y en las calles del municipio, obviamente sin tapabocas, y menos sin distanciamiento.
Ante la situación, el alcalde Tobón Castro dice que está “maniatado” porque no puede destinar recursos para atender a esta población migrante, y tampoco el municipio está recibiendo impuestos porque “todo el comercio se está manejando de manera informal”.
Lo peor es que cada día llegan alrededor de mil migrantes más, y apenas logran evacuar unos 300, según las autoridades locales.
“Necoclí se está convirtiendo en una ‘bomba de tiempo’ por la llegada masiva de miles de migrantes, estamos desesperados, no sabemos qué hacer”, insistió el alcalde.
El funcionario ha planteado varias soluciones transitorias. Una, que Migración Colombia haga presencia y les entregue a los migrantes un salvoconducto de permanencia temporal en Colombia mientras pueden conseguir transporte y seguir su tránsito.
Otra, que el Gobierno autorice un documento Conpes que les permita a los municipios de frontera usar recursos públicos de forma humanitaria para atender a los migrantes que se desplacen a esas poblaciones.
Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, expidió la semana pasada un comunicado en el que dice: “No es cierto que en el municipio de Necoclí permanezcan cerca de 10 mil migrantes irregulares y que si bien, diariamente llegan a la región un poco más de 600 ciudadanos extranjeros, los mismos abandonan el país al día siguiente, continuando con su tránsito”.
“El mayor desplazamiento en la historia e Antioquia”
El ministro del Interior, Daniel Palacios, presidió ayer un consejo de seguridad en el municipio de Ituango, al norte de Antioquia, donde hace más de una semana permanecen confinados cerca de 4.500 campesinos provenientes de unas 30 veredas, desplazados por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que operan en la región.
El ‘clan del Golfo’, disidencias de las Farc, ‘águilas negras’ y otros grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, permanecen en constante disputa por el control de las rutas del narcotráfico y las economías ilegales, denunció el acalde de Ituango, Edwin Mira.
Y en medio de esas disputas a muerte quedan los campesinos, que son amenazados si no abandonan sus tierras. “Desde el miércoles pasado comenzamos a recibir amenazas telefónicas de alias ‘Camilo’, comandante de las disidencias diciendo a los campesinos que se retiren hacia el casco urbano o se mueren”, contó uno de los líderes sociales de la zona. Es la misma situación que se presenta casi todos los años y obligan a los labriegos a abandonar sus cultivos de arroz, fríjol, yuca, y sus animales de cría en finca.
En la zona hace presencia 200 hombres de la Cuarta Brigada del Ejército, que han llegado hasta las veredas abandonadas, y se anunció la llegada de otros 350 soldados.
Para la Procuraduría General de la Nación, se trata del mayor desplazamiento forzado en la historia del departamento de Antioquia, generando una crisis humanitaria sin precedentes.
“Comienza a sentirse ya el desabastecimiento de alimentos y combustible, y kits de ayuda humanitaria para mitigar los efectos del invierno”, explicó el alcalde Mira.
A la zona ya llegó una delegación de la Defensoría del Pueblo y una comisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) que lograron ingresar a la zona rural y urbana de Ituango para verificar la situación de derechos de las familias desplazadas.
A la crisis humanitaria se ha sumado la inclemencia del tiempo, pues las torrenciales lluvias han empeorado la situación, tanto así que apenas ayer comenzaron a enviarse las primeras 40 toneladas de ayudas humanitarias en 20 vueltos de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana con apoyo de las Naciones Unidas, y que son repartidas por personal de la Defensoría y la Unidad de Víctimas.
En zona urbana de Ituango se dispuso de otro centro de acopio para recibir ayudas y donaciones para los afectados que permanecen en los colegios y escuelas donde se comenzaría esta semana las clases. Entre los desplazados hay 385 niños de hasta 5 años de edad y 495 adultos mayores. También hay decenas de indígenas embera.
La Defensoría del Pueblo recordó que ya se había emitido la Alerta Temprana 004 de 2020 en la que advertía del “fortalecimiento de grupos armados ilegales en esta zona”. A principios del año, hubo otros dos desplazamientos: el primero fue el 13 de febrero, con 194 familias afectadas; y el segundo, el 26 del mismo mes, con 34 hogares que huyeron de sus casas.