La plenaria del Senado tiene previsto mañana dar el último debate a un proyecto de reforma a la justicia, el cual busca adecuar la Rama a la nueva arquitectura establecida por la Reforma de Equilibrio de Poderes del 2015, que eliminó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, así como avanzar en descongestión y acceso a este servicio a través de la implementación de mayor tecnología.

Sin embargo, algunos sectores han dicho que no es el ajuste integral que se requiere. Esta iniciativa acumula el proyecto No. 295 de 2020 Cámara, de autoría del Consejo Superior de la Judicatura; el proyecto No. 430 de 2020 Cámara, de origen parlamentario; y el proyecto No.468 de 2020 Cámara, presentado por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

En este sentido, las reglas del trámite legislativo, que obligan a acumular proyectos que tengan similares propósitos, hicieron que en esta reforma sin proponérselo confluyeran los tres poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia, una condición sine qua non para lograr sacar adelante una reforma a la Rama, que precisamente la falta de un consenso sobre la misma ha conspirado para salieran adelante anteriores iniciativas, esas sí de gran calado.

El Ministro de Justicia dijo que uno de los temas clave de esta reforma es el componente tecnológico y digital que sería adecuado a la administración de la rama. “Buscamos facilitar herramientas flexibles al Consejo Superior de la Judicatura para tomar medidas de descongestión y agilidad en los procesos bajo criterios de demandas de justicia, estudios de conflictividad y con rendición de cuentas claras”, dijo Ruiz Orejuela.

Añadió que “otro punto que no podemos dejar por fuera es adaptar la administración de justicia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital que todo el país conoce, como fue el préstamo del BID a nuestro país, buscando la eficiencia y efectividad en tiempo en costos para el Estado y el ciudadano”.

Este proyecto también adecúa el gobierno y administración de la Rama Judicial a la arquitectura constitucional establecida en el Acto Legislativo 02 de 2015, Reforma de Equilibrio de Poderes, y el precedente de la Corte Constitucional.

En ese sentido, la iniciativa, entre otras, adapta la conformación autónoma y funcional del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que ejerce la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados; y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como órgano técnico y administrativo ejecutor.

La semana anterior el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, ante la plenaria del Senado señaló que aunque no es una gran reforma, es “un paso adelante en el mejoramiento de las condiciones de la justicia del país”, por lo que pidió la aprobación de la misma.

Destacó el contenido de la iniciativa en materia presupuestal, por lo que coincidió con la afirmación de varios congresistas en el sentido de que el artículo que mejora el presupuesto de la Rama Judicial vale esta reforma. Solo si se mantiene esta disposición valdría la pena “el esfuerzo que ha hecho el Congreso de la República en sacar adelante este proyecto de ley”, subrayó el magistrado Hernández, agregando que el aumento de presupuesto judicial se traducirá en mejorar el acceso a la justicia.

“Se nos pide que produzcamos más, más compromiso con el conflicto que nos corresponde resolver cotidianamente, pero el país está muy lejos del estándar internacional en materia de jueces”, señaló.

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Lo que queda pendiente

Todo apunta a que la reforma a la justicia será aprobada esta semana por el Congreso, aunque su entrada en vigor quedará dependiendo del examen de la Corte Constitucional por tratarse de una ley estatutaria.

Pero como tarea para el futuro quedan varios aspectos de una verdadera reforma integral a la justicia pendientes de realizar, uno de ellos tiene que ver con la función electoral de las altas Cortes, pues de acuerdo con el diseño de la Constitución tienen que ternar el Consejo de Estado y la Corte Suprema para magistrado de la Corte Constitucional, para Procurador General, Contralor General y Auditor General; así como elegir Fiscal General y Registrador Nacional.

Esto, según lo han señalado varios gobiernos y la propia Rama, lo que hace es distraer a los magistrados de su principal función, que es administrar justicia. Otro asunto que quedó pendiente de la Reforma de Equilibrio es la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, tras caerse en la Corte Constitucional el tribunal de aforados que allí se había planteado, de tal forma que ya no fuera un organismo político, como es el Congreso, el que investigue al presidente de la República, a los magistrados de las altas Cortes y al fiscal general, sino un órgano judicial.

De igual forma queda pendiente ajustar las fisuras que hay en la justicia para evitar la corrupción, que si bien no la afecta como a otras instituciones del Estado, no deja de estar presente como se vio con el llamado ‘Cartel de la Toga’, así como la forma de actuar de algunos jueces y fiscales que han cedido a los dineros de los delincuentes para no cumplir su responsabilidad.

Otro asunto que a pesar de los ajustes que se han hecho sigue como materia de discusión son los requisitos para ser magistrado de las altas Cortes, que algunos señalan deben ser más exigentes aún por tratarse del pináculo del sistema judicial colombiano y, a la vez, el escalón más alto al que puede llegar un jurista después de un dilatado ejercicio profesional.

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Puntos clave de esta reforma

- Se adecúa la Rama a la nueva arquitectura constitucional tras la eliminación de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

- Determina la función constitucional del Consejo Superior de la Judicatura para ubicar y distribuir los despachos judiciales de acuerdo con la conflictividad social y la demanda de justicia a nivel local y rural, permitiendo la creación de juzgados itinerantes.

- La norma le otorgaría más presupuesto al sistema judicial para su funcionamiento, simplificaría los procesos y descongestionaría los despachos judiciales.

- Se adapta la administración de justicia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones bajo un enfoque de adopción del expediente digital, buscando la eficiencia y efectividad en tiempo y en costos para el Estado y el ciudadano.

- Se busca brindar más seguridad jurídica y acceso a los ciudadanos.

- Se ocupa de temas como los modelos de justicia local y rural, iniciativa formulada por el Gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

- El proyecto de ley pretende mejorar las condiciones de trabajo de los servidores judiciales, reestructurar la escuela judicial para ofrecer una mejor y más oportuna capacitación a los administradores de justicia.  

- Otros aspecto de la reforma tienen que ver con el fortalecimiento de la defensoría pública para la defensa jurídica de procesados y representación de víctimas, y el impulso de los medios alternativos de solución de conflictos de manera pronta y cumplida.