LA APERTURA del viernes pasado de diálogos entre el Gobierno y los principales jefes de las bandas criminales de alto impacto en Medellín, generaron reacciones encontradas entre varios sectores de la capital antioqueña y el departamento en general.

Como se sabe, la Casa de Nariño indicó que las mesas de negociaciones con jóvenes que integran bandas armadas en las diferentes barriadas en la capital antioqueña tiene como fin reducir el número de muertes violentas y garantizar tranquilidad a los pobladores. Para ello, se quiere someter a la justicia a, por lo menos, 14.000 personas que delinquen libremente en Antioquia.

“Acortar la muerte siempre será bueno; disminuir la muerte en este país siempre será un camino, siempre prevaleceremos en ese empeño. Hoy se abre la mesa de diálogo en la cárcel de Itagüí para lograr la paz entre los jóvenes de las comunas de Medellín”, manifestó el jefe de Estado, durante la ceremonia de ascenso del Gobierno nacional, desarrollada en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova de Bogotá.

En medio de esta actividad, también dijo que el anhelo de los ciudadanos antioqueño, es lograr que la paz se ponga de relieve en cada una de las comunas de Medellín, sobre todo las que reportan mayores niveles delictivos.

Si bien el Gobierno ha manifestado que su trabajo está orientado en reducir el índice de criminalidad por medio de sus políticas de ‘paz total’, Petro destacó que ‘no será fácil’ lograr el objetivo con las bandas criminales conformada por jóvenes en Medellín, ya que se trata de un ‘proceso inédito’. Sin embargo, puntualizó que tienen toda la disposición para lograr resultados que favorezcan a la población.

“Avanzaremos un paso, retrocederemos dos, lo que nos parecían temas sin dificultad tendrán dificultades, pero la directriz está dada y es lograr la paz total”, indicó el mandatario.

Así pues, expresó “inicia un proceso inédito, en el que no tenemos mucha experiencia, en donde la juventud barrial de Colombia que no tiene opciones pueda vivir bien; que puedan incluirse en la sociedad, puedan estudiar, hacer las carreras de sus sueños y vivir en un lugar digno”.

Entretanto, afirmó “lo que queremos es ver a los jóvenes en paz creciendo juntos y apoyándose mutualmente”. Además, enfatizó que estas mesas de diálogo serán posible luego de superarse una etapa de acercamiento y exploración, la cual tuvo como objetivo fortalecer la confianza entre las partes, sobre todo la de los grupos delictivos hacia el Gobierno.

Para el presidente Petro, el principal objetivo es “construir una paz urbana integral, estable y duradera, que permitirá cimentar las bases para la consecución de una mejor vida para la población”. Sin embargo, reconoció que el proceso no será sencillo, aunque, a su juicio, valdrá la pena si se logra el cometido.

“La paz no es fácil, como no es fácil la guerra, ustedes lo saben. No es fácil, el frío, la montaña, la trocha, el peligro, el miedo. Pero la ‘paz’ es más difícil que la guerra. Lograr que Colombia no se mate entre sí, porque llevamos 72 años y no hemos vivido en paz”, dijo.

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Reacciones

EL NUEVO SIGLO habló con congresistas y expertos de esta región del país sobre las implicaciones de este nuevo flanco de la política de paz del Gobierno.

“…Todo esfuerzo que se haga para frenar la escalada de violencia es, obviamente útil… Nadie lo puede desconocer… Sin embargo, ya en el pasado hemos tenido algunas experiencias de alcaldes que han tratado de avanzar negociaciones con los jefes de las bandas, con el fin de disminuir el número de asesinatos y hechos delictivos en las comunas o, incluso, en centros de gran actividad económica, como la Central Mayorista o algunos sectores clave de la capital… Eso no salió bien, porque no nos podemos decir mentiras: Se trata de organizaciones criminales, sin estatus político, que superviven de las rentas ilícitas”, le indicó a este diario un exsecretario de la Alcaldía en períodos anteriores.

La misma fuente agregó “que ya en Buenaventura se han intentado, por parte de este Gobierno, esta clase de diálogos con organizaciones típicamente delincuenciales y, si bien es cierto que, según el Gobierno, han disminuido el número de homicidios y de hechos violentos, hay muchos sectores del puerto que vienen advirtiendo que, en el entretanto de estos diálogos con la oficina del Alto Comisionado de Paz, esas organizaciones criminales se han fortalecido territorialmente… Además, está el hecho que no está claro qué exactamente puede ofrecer el Gobierno a estas organizaciones criminales a cambio de su desarme y el cese de actividades delictivas… No se le olvide que ya el ‘Clan del Golfo’ dijo que no está de acuerdo con el proyecto de ley sobre el sometimiento a la justicia de bandas criminales de alto impacto”.

Por su parte, el senador conservador por Antioquia, Nicolás Echeverry Alvarán, manifestó que todo esfuerzo realizado para consolidar la paz en el país será bienvenido. Sin embargo, considera necesario que las políticas desarrolladas tengan un seguimiento por parte de las autoridades para que el trabajo garantice resultados reales.

“Antioquia ha tenido muchas experiencias de procesos donde se han salvado vidas, pero terminan inconclusos, generando otras organizaciones violentas”, compartió, al tiempo que puntualizó que las apuestas por la tranquilidad hay que respetarlas, a la vez que se tomen en consideración los derechos humanos de las “personas de bien”.

El congresista del Partido Conservador piensa que las mesas de diálogos serán efectivas a medida que se respeten las opiniones de las víctimas de las bandas delictivas que operan en Antioquia. A su juicio, si el Gobierno no es capaz de cerrar ese ciclo, ‘no existiría cura a la violencia’.

Consultado sobre la posibilidad de que muchos de los crímenes cometidos en Medellín y Valle de Aburrá queden impunes, el legislador aseguró que se deben “tomar las medidas necesarias para que esas mesas de diálogo no sean finalmente unos ‘burladeros a la justicia’, donde realmente, la reparación y sometimiento a la justicia sea sincero, bajo la premisa de una oportunidad de que quienes delinquen rehagan sus vidas”.

Además, también indicó que hace falta mucho trabajo por hacer, ya que considera que el Estado ha ido perdiendo la batalla contra la violencia en las calles. Aun así, añadió que “si esas estrategias propician paz y oportunidades de vida, serán mesas que terminen con buen resulta”.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aseguró, en entrevista a El Tiempo, que el proceso de paz total del Gobierno se ha convertido en una ‘política de improvisación’. Aunque les desea muchos éxitos en sus actuaciones para mitigar la inseguridad, considera pertinente ser franco en sus opiniones, alegando que la situación de violencia en su departamento es verdaderamente preocupante. Pese a los esfuerzos del Ejecutivo, destacó que los grupos criminales siguen atacando con mayor agresividad en contra de la población, dejando a su paso muerte y sufrimiento.

Otro en dar su opinión sobre el tema fue el representante a la Cámara conservador por Antioquia, Andrés Jiménez. El parlamentario es de lo que cree que el Gobierno nacional ha querido dialogar con muchos grupos criminales como las Farc, Eln, ‘Clan del Golfo’ y ahora con bandas criminales de Medellín, que solo han logrado distraer al Ejecutivo de su misión en el poder.

“Dialogar con bandas emergentes en Medellín distrae el diálogo”, resaltó el legislador, quien considera que las conversaciones con estos grupos armados propician la impunidad. “Son personas peligrosas y negociar con ellos es un golpe a la institucionalidad”, aseveró.

Como garantías de la efectividad de estas mesas de discusión, Jiménez plantea que el Alto Comisionado para la Paz ofrezca un balance claro sobre cómo se están desarrollando y las conclusiones que se han llegado en medio de los diálogos, considerando que, no ha hecho lo propio, con las negociaciones entre el Gobierno y el Eln.

Elecciones a la vuelta de la esquina

Algo que despierta suspicacia en el representante antioqueño Andrés Jiménez es la fecha en la que se anuncian nuevas mesas de diálogos de paz. Cuestionó el hecho de que la iniciativa se desarrolle a pocos meses de unas elecciones regionales, sabiendo que, por ejemplo, en algunos sectores de Medellín “se vota por coerción”.

De efectuarse, tal y como lo ha dicho el presidente Petro, diferentes sectores de la sociedad advierten que dichas negociaciones no serán exitosas si no existen reglas claras y puntuales. Consideran que a los “delincuentes hay que ponerles límites y exigirles cumplimientos”.

Como dice Jiménez, “se deben establecer fechas para el cumplimiento de objetivos y compromisos, si no la respetan, es demostración de que no quieren la paz”.