Ministerio de Transporte se reunió por más de 14 horas, este lunes, en una mesa de trabajo con las agremiaciones de transportadores de carga que se declararon en paro en las últimas semanas.
En este espacio se propuso una agenda de 29 puntos para mejorar las condiciones del sector y trazar una hoja de ruta de trabajo conjunto.
"No podemos cambiar las normas de un día para otro. Varias de las peticiones son potestad del Congreso de la República o de entidades territoriales, inclusive de la rama judicial”, dijo la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.
Según el Ministerio entre mayo de 2020 y mayo de 2021 se han efectuado más de 300 mesas de trabajo con el sector de transporte de carga, incluyendo 44 durante las últimas semanas, 4 nacionales y 40 regionales, entre presenciales y virtuales.
Le puede interesar: 22% de empresas suspendió operación por bloqueos: Confecámaras
En la mesa de trabajo participaron las agremiaciones que se decretaron en paro: la Asamblea Nacional del Transporte, que reúne a la Asociación Fuerza Camionera, la Asociación Andina de Carga Liviana (Asolivianos) y Renacer Camionero; el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios del Sector Transporte (Sinalco); la Federación Asamblea Nacional del Transporte (Fanaltrans); la Fundación Camioneros de Colombia; la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia (Facun), la Unión Colombiana de Transportadores (UCT), la Cámara Nacional del Transporte (CNT) y el Movimiento Conciencia Camionera (Asocamioneros Chiquinquirá).
También estuvieron en la mesa otras agremiaciones que no se encuentran en paro: Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Asociación de Transportadores de Carga (ATC), Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Asociación para el Fomento y Seguridad en Distribución Física (Defencarga), Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga).
Los 12 gremios de transportadores de carga q se declararon en paro tomaron la decisión de revisar en sus bases los puntos del acuerdo propuesto por el gobierno nacional para atender el petitorio recibido.