La sala de reconocimiento de la JEP anunció la fecha límite que tendrían los intervinientes para pronunciarse respecto al caso 01, en el que se imputaron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra a ocho miembros del secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc).

Según la Jurisdicción, el plazo máximo sería hasta el 30 de abril y habrían sido las víctimas, la Procuraduría y la defensa de los comparecientes los que pidieron el término, para pronunciarse a fondo y entregar nuevas pruebas.

Entre tanto, habría sido el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, uno de los representantes de las víctimas uno de los intervinientes que "consideró necesario  garantizar el adecuado proceso de pedagogía y comunicación con las víctimas, y su participación integral y efectiva."

Para la JEP, este plazo sería suficiente para el objetivo que habrían propuesto los intervinientes en aportar nuevas evidencias y tomar una decisión de reconocer o no la responsabilidad, por parte de los comparecientes. 

En el comunicado se deja claro que el caso 01 se denomina:  "Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP", y se imputaron cargos por crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes. Además de, otros delitos cometidos en secuestros como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Al antiguo secretariado de las Farc, "Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera (murió el 27 de enero pasado), Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar."