El anuncio de la petrolera canadiense Parex Resources, de suspender sus proyectos en Tame y Saravena (Arauca) ante amenazas por parte del Frente de Guerra Oriental del Eln, complica el panorama petrolero en el país y se une a la inconformidad de algunas empresas del sector con la decisión del Gobierno de no realizar nuevos contratos de exploración de crudo, carbón y gas, sumado al impacto de la reforma tributaria.

En un comunicado, Parex Resources Colombia advirtió que esta suspensión afectará la producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la compañía, e impactará 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local.

De acuerdo con la empresa del sector petrolero, contratistas de la zona también han recibido amenazas similares.

Por esa razón, Parex Resources determinó que no reactivarán sus operaciones en Arauca hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

"Parex rechaza cualquier manifestación de violencia y de actos delictivos, al igual que hace un llamado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, trabajadores y comunidad. La compañía ha activado sus protocolos de seguridad y está trabajando con las autoridades para abordar activamente la situación a través de procesos de participación establecidos", indicaron en el texto.

Esta situación coincidió con las negociaciones que actualmente adelantan el Gobierno y el Eln sobre un cese el fuego y para tratar de alcanzar la paz.

Tanto los hechos de orden público como el de la inseguridad jurídica con los contratos petroleros han servido para generar incertidumbre en el sector que más recursos le está aportando el desarrollo del país.

Advertencias

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), ya ha advertido que si el Gobierno nacional no flexibiliza la postura frente al sector de hidrocarburos y mejora las condiciones, las empresas petroleras privadas contemplarían irse del país.

“Hay empresas que sin duda alguna van a desinvertir, salvo que haya una claridad en el panorama, una claridad en la política energética del Gobierno nacional y en cómo este pretende realizar esa transición energética”, señaló el líder gremial.

Lloreda agregó que por la actual coyuntura las empresas del sector están recalculando las inversiones para el 2023, las cuales serán ligeramente menores a las que se trazaron para el presente año y que son por US$4.000 millones.

Incluso algunas como Exxon Mobil Corp y Chevron Corp, las dos compañías petroleras más grandes de EE.UU., anunciaron que se están retirando de los grandes proyectos petroleros. Los dos gigantes de los combustibles fósiles planean gastar la mayor parte de sus presupuestos anuales en las Américas este año, pero no en Colombia. Chevron dice que invertirá el 70 % del capital asignado para la producción en campos petroleros en los EE.UU., Argentina y Canadá, y Exxon afirma que gastará una parte similar de su presupuesto en la cuenca Pérmica de Nuevo México y el oeste de Texas, Guyana, Brasil, así como en proyectos de gas natural licuado.

Se espera que su enfoque en el hemisferio occidental continúe durante años, ya que dan prioridad a los crecientes rendimientos de los accionistas y reducen los costosos proyectos de perforación fronteriza.

Su retiro de lugares como el sureste de Asia, África occidental, Rusia y partes de América Latina a veces por elección, a veces por decreto, marca una era de recortes para las empresas a las que habían apostado durante décadas por todo el mundo.

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Los servicios

Sin duda el panorama del sector petrolero en Colombia a corto y mediano plazo está gris. De allí que la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), gremio que reúne a las 144 empresas de este segmento, estima que para el 2023 se reducirá significativamente el flujo de caja de las petroleras, lo que deriva en un decrecimiento de la capacidad de inversión, que al final termina recortando a las compañías de bienes y servicios que prestan apoyo en la operación.

Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol, dijo que “en un marco global de competencia por capitales, afectará la competitividad del país. Se impactarán gravemente los encadenamientos productivos y compras locales como el transporte, alimentación y hospedaje, entre otros”.

De otra parte, el presidente de la multinacional canadiense Frontera Energy, Orlando Cabrales Segovia, afirmó en varios medios que es claro que la reforma tributaria tendrá un impacto sobre las empresas del sector, ya que se les aumentará la tasa efectiva de tributación a niveles cercanos al 85 %, que es muy alto en comparación con países como Guyana, donde no pasa del 50 %.

El directivo expuso que “en este momento estamos revisando el plan de inversiones. Era innecesario el aumento en la carga tributaria para las empresas petroleras”.

Al mismo tiempo, la multinacional británica Gran Tierra Energy afirma que seguirá con la operación en Colombia, pero con la incertidumbre de mantener el mismo nivel de inversión que viene ejecutando desde el 2022.

Manuel Buitrago, presidente de Gran Tierra Energy, sostuvo que “continuaremos con el desarrollo de nuestra actividad en este país, la cual está representada en 23 bloques porque para nosotros es financieramente viable incluso con rentabilidad, y no hemos considerado cerrar la tarea para irnos a otro país”.

Condiciones

Charle Gamba, CEO de Canacol Energy, dijo que no es la primera vez en la historia reciente del país que no se firman nuevos contratos petroleros, ya que esta situación ocurrió en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, dejó en claro que las condiciones para el desarrollo de la operación en ese momento se mantuvieron favorables.

“La estructura tributaria fue benigna con las empresas petroleras, y una situación muy diferente está sucediendo hoy día, ya que la reforma tributaria obligaría a buscar inversiones rentables en otros países”, dijo el líder de Canacol.

Gamba precisó que las grandes petroleras como la que dirige seguirán con la operación en Colombia, hasta donde la misma rentabilidad de la operación lo permita, pero dejó en claro que “las empresas pequeñas no podrán sobrevivir ante una tasa alta en impuestos”.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, señaló que “la Transición Energética es una realidad y una necesidad. Sin embargo, debe hacerse de manera ordenada y justa, garantizando que se cuente con los recursos que se dejarían de percibir por los sectores minero-energéticos”. Dijo la directiva que no se puede hablar de asfixiar una industria sin tener claro cómo se suplen sus recursos.

“Solo Ecopetrol representa hoy el 10 % del presupuesto nacional. Son recursos que se necesitan tanto para la transición energética como para el desarrollo social del país. Hay que ser claros y evitar generar incertidumbre, especialmente en un año tan desafiante en materia económica como lo es este 2023”, concluyó.

¿Demandas por el fracking?

ExxonMobil, con la que Ecopetrol realizará dos proyectos pilotos de Investigación Integral, en Puerto Wilches; Drummond Energy (con cuatro contratos), ConocoPhillips (con dos contratos) y Parex Resources (con un contrato), son empresas que alistarían su artillería jurídica ante el hecho de que el Gobierno anunció su veto al fracking.

Sobre el papel quedó el incumplimiento de convenios contractuales, con siete contratos que quedaron activos con el fallo del Consejo de Estado, así como con los dos convenios para los pilotos de fracking. Con respecto a estos, se les otorgaron unos derechos a las empresas interesadas que tenían programado desarrollarlos.