El informe publicado por el ACNUDH también indicó que es vital seguir con la política de este Gobierno de llevar el Estado a las zonas más apartadas del país. 

"Es imprescindible que el Gobierno asigne los recursos necesarios, con especial atención a las zonas rurales más afectadas por el conflicto", fue una de las conclusiones que hacen parte del Informe Anual de las Naciones Unidas que fue revelado hoy.

Esto debido a que según sus estimaciones, "las medidas efectivas de prevención podrían disminuir hasta en un 30 % los costos generados por la violencia y los conflictos". Sin embargo, el presupuesto de defensa del Estado se incrementó en más del 5 %.

Por otra parte, en el informe se expresa la gran preocupación por la apremiante situación que viven los defensores de derechos humanos en el país, dado que 110 fueron asesinados el año pasado, en donde el 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) o afrocolombianas (12 casos).

En este punto se aclaró que esa cifra de homicidios, "si bien no representan el universo total de casos, sí permiten identificar tendencias en el comportamiento de estas agresiones, que socavan gravemente la defensa de los derechos humanos, actividad fundamental para la vida democrática y el estado de derecho".

 

 Antioquia, el Cauca y Norte de Santander: donde más se registraron los asesinatos a líderes sociales

En los departamentos de Antioquia, el Cauca y Norte de Santander ocurrieron el 37% del total de casos registrados el año pasado, es decir, son los departamentos que registran los números más altos, siguiendo de esta manera la tendencia que se ha marcado en los últimos informes, por lo que el "Estado debe hacerle frente con urgencia". 

Ante esto se aclaró que el 93 % de los casos a los cuales hizo seguimiento ocurrieron en contextos regionales con causas estructurales vinculadas a la persistencia de la falta de acceso a los derechos de la población, principalmente el derecho a la justicia y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. "Estas causas generan altos índices de pobreza multidimensional y propician el surgimiento de economías ilícitas, controladas o disputadas por grupos criminales", se indicó.

Las causas que explican esta situación es "en buena medida de la débil o nula presencia del Estado en algunas zonas rurales", así como también el retraso sustancial en la implementación del Acuerdo, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos.

Según la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, donde antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del ELN (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %) serían los autores de estas muertes. 

La persistencia en los asesinatos de mujeres defensoras de los derechos humanos, es otro punto importante que se aclaró en el Informe, ya que registraron al menos nueve casos a lo largo del año pasado.

Además, se registró un aumento de otros tipos de agresiones: amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad.

Por otro lado, se registraron 200 amenazas y 477 agresiones en contra de la libertad de prensa.

Así mismo, el ACNUDH celebró la reducción significativa de hechos violentos ocurridos durante las jornadas electorales del año anterior pero también hizo un llamado para que se lleven más puestos de votación en las zonas apartadas para aumentar la participación de las poblaciones rurales,indígenas y afros. 

 

Más recursos destinados para que la Fiscalía investigue los homicidios es vital para reducir la impunidad

Una de las cifras más preocupantes es el aumento significativo de las masacres, que fue de 164 % respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. En 2018, el mayor número de masacres ocurrieron en Antioquia, el Cauca, Norte de Santander y Caquetá.

Cómo hacerle frente

Mantener y aumentar la presencia del Estado en las mencionadas regiones, que incluya a las autoridades civiles, reconocer e impulsar la participación de la sociedad civil con plenas garantías de asociación, reunión y expresión, y acelerar la implementación del Acuerdo en las regiones afectadas, es una de las tareas que debe asumir el Gobierno para hacerle frente a este panorama. 

También se hizo un llamado para que la Fiscalía fortalezca "la investigación penal para poder abordar los fenómenos de violencia en los que se enmarcan la mayoría de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos". 

Con respecto a los altos niveles de impunidad en los casos de homicidios dolosos, los cuales oscilan entre el 86,58% y el 94,30 %(en los casos conocidos por las autoridades), la Comisión reconoció la labor de la Fiscalía para reducir estas cifras y exhortó para que se mantengan y se redoblen las labores por parte del ente investigador y otras autoridades.

Sin embargo, para cumplir con el objetivo, es necesario aumentar los recursos, ya que a la Fiscalía le es complicado llegar a las zonas rurales apartadas, en especial en departamentos como: Arauca, Caquetá, el Cauca, Nariño y Tolima, entro otros. 

Sobre el Acuerdo

Que la participación del Partido Farc dentro de la dinámica política ayuda a agilizar los procesos de reincorporación y que "el Estado debe redoblar esfuerzos" para garantizar dicha actividad,fue otra conclusión a la que se llegó. En ese orden de ideas, también hizo un llamado para que esta colectividad reanude "las acciones dirigidas al reconocimiento de responsabilidad y la reparación en los territorios". 

Por otro lado, existe gran preocupación por parte de el ACNUDH con respecto a que el Congreso no sacó adelante las Circunscripciones Especiales para la Paz en la presente legislatura, ya que se "pone en riesgo el espacio de representación y participación en el Congreso de las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto".