De aquello, nada…

Hace dos semanas el presidente Iván Duque le indicó al ministro del Interior, Daniel Palacios, que presentara un proyecto de ley derogando la ley 996 de 2005 o de Garantías Electorales. Un informe de EL NUEVO SIGLO en su pasada edición dominical recordó que la norma fue promulgada hace 16 años como reacción al acto legislativo que, en 2004, dio vía libre a la reelección presidencial inmediata que, en 2006, le permitió a Álvaro Uribe acceder a un segundo periodo en la Casa de Nariño. Como en 2015 se volvió a reimplantar la prohibición de la reelección presidencial, el entonces Jefe de Estado, Juan Manuel Santos, propuso derogar la ley 996 pero en sus tres años de mandato no lo logró. Cuando el presidente Duque asumió, en agosto de 2018, su partido, el Centro Democrático, con el expresidente y senador Álvaro Uribe a la cabeza, propuso una reforma drástica a la ley pero sendos proyectos al respecto se hundieron en los últimos dos años. En diciembre pasado, en el marco de la reforma al Código Electoral, se intentó derogar la ley pero parlamentarios de la oposición, independientes e incluso gobiernistas no dejaron. Es decir, que ni Santos, Uribe o Duque han podido acabar con esta norma.

Vuelve y juega

Tras lo anunciado por Duque hace dos semanas, el uribismo no esperó el proyecto que, se supone, debía presentar el ministro Palacios sino que la senadora Paola Holguín y el Representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, radicaron el miércoles pasado una iniciativa para plantear, otra vez, acabar con la Ley de Garantías Electorales que, como se sabe, busca evitar que desde el gobierno Nacional, departamental o municipal o cualquier despacho público se utilice el poder y el presupuesto para tratar de beneficiar candidatos o partidos en época proselitista. De esta nueva iniciativa hay dos temas que llaman la atención: de un lado, que para los parlamentarios uribistas la ley 996 ya no es necesaria porque no existe posibilidad de reelección presidencial y, de otro, que varias de sus disposiciones para evitar la participación de funcionarios públicos en política ya se encuentran reguladas en otras normas.

Más razones

También afirman los autores que eliminar esta norma frenaría la ola de contratación pública que siempre se presenta cerca de la fecha en que comienza a regir la ley, es decir cuatro meses antes de la cita en las urnas. Holguín y Espinal traen a colación que, según la Auditoría General de la República, en 2018, ad-portas de la entrada en vigor de las restricciones contractuales, el número de los contratos directos creció 143,43%. Es más, apenas cuatro días antes del límite para contratar, a nivel nacional, se suscribieron 43.734 contratos.

Sin eco

EL NUEVO SIGLO indagó con parlamentarios de distintas bancadas al respecto y no encontró mayor eco a la posibilidad de derogar la norma. “… Mire, esa discusión la dimos hace apenas tres meses, cuando nos quisieron meter ese gol en la reforma al Código Electoral y les tocó a varios ponentes echarse para atrás so pena de que se hundiera la iniciativa… Acabar la Ley de Garantías era inconveniente hace tres meses y continúa siendo inconveniente hoy, no veo qué haya cambiado para que el Congreso cambie de opinión en tan escaso tiempo…”, dijo un Representante a la Cámara conservador, que pidió la reserva de su nombre.