No hay mucho entusiasmo en algunos sectores del liberalismo por la posibilidad de una consulta popular abierta entre los militantes de la colectividad para que se pronuncien en torno de si quieren que la cúpula partidista inicie un proceso para la reunificación roja, que inicialmente tendría como objetivo primario a Cambio Radical y después a varios sectores y dirigentes de La U. Algunos congresistas sostienen que no sólo es tardía la propuesta de la consulta, sino que podría distraer el electorado, cuando lo que se requiere es tenerlo lo más concentrado posible en las candidaturas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.
Antipeñalosismo dividido
La inscripción de Antanas Mockus esta semana para aspirar a la Alcaldía de Bogotá impactará fuertemente la campaña. Paradójicamente la preocupación es más alta en las toldas de Gustavo Petro que del mismo Enrique Peñalosa. Lo anterior porque en el Partido Verde consideran que el antipeñalosismo se terminará dividiendo aún más, pues Mockus se llevará parte de los respaldos que hoy están con Petro y Gina Parody, pero no le quitará mucho al ex alcalde, pues los mockistas ya se habían apartado de su aspiración hace varias semanas.
Visita en la mira (I)
La petición de las altas cortes para que la comunidad internacional supervigile los alcances de la reforma a la justicia en Colombia tendrá repercusiones en el corto plazo. El viernes pasado en los corrillos jurídicos se aseguraba que antes de que termine el año un delegado de la Relatoría Especial sobre Autonomía del Poder Judicial, organismo perteneciente a la ONU, estará de visita al país. La invitación le estaría siendo cursada en los próximos días por el propio Gobierno Santos, que la semana pasada dijo no tener objeción a que la comunidad internacional le echara un ojo a la reforma a la justicia.
Visita en la mira (II)
En diciembre de 2009 ya estuvo en Colombia la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Vino en momentos en que la polarización entre el Gobierno Uribe y la Corte Suprema de Justicia era evidente. Uno de los apartes más importantes de su declaración rezaba que “La alta investidura de quienes ejercen nobles funciones al servicio de la justicia exige consideración, respeto y cortesía por parte de las autoridades de los demás Poderes de la República y de los particulares. Observo con preocupación algunas declaraciones formuladas recientemente por representantes de otros Poderes del Estado…”. Obviamente, todas las miradas acusadoras recayeron sobre el Gobierno Uribe.