El embajador de España, Pablo Gómez de Olea, defiende la indivisión española, en medio de la intención independentista de las autoridades catalanas

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LAS ESTRECHAS relaciones hispano-colombianas hacen que la actualidad española se siga de cerca y, en general, con una imagen positiva. Lamentablemente, durante las últimas semanas, España ha sido noticia en los medios colombianos por la actuación irresponsable y desleal que hay llevado a cabo el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont.

 

España es una de las naciones más antiguas del mundo que durante los últimos cuarenta años ha vivido el periodo de mayor prosperidad y estabilidad democrática de nuestra historia. Ejemplo de transición democrática, la Constitución de 1978 dibujó un sistema autonómico que permite a los territorios históricos alcanzar un nivel de autonomía inédito en el mundo.

 

Una guerra civil y casi cuarenta años de dictadura han hecho del compromiso con el Estado de Derecho un modus vivendi de los españoles. Somos un país con una extraordinaria riqueza patrimonial, cultural y lingüística. Gozamos de una red de infraestructuras que ha permitido una mayor y mejor integración. Y un Estado de bienestar que nos permite estar a la vanguardia de derechos sociales y absorber en dos décadas un porcentaje de inmigrantes similar al que acogieron los principales países de Europa Occidental en medio siglo, garantizando además su plena integración en nuestra sociedad. 400.000 colombianos son testigos.

 

Sin embargo, todo esto que hemos construido parece haberlo olvidado las autoridades catalanas, en un ejercicio torticero de su cargo y haciendo una interpretación abusiva de las reglas básicas de convivencia. Desafortunadamente se vuelve a confirmar lo que decía la filósofa María Zambrano: “todo extremismo acaba destruyendo lo que afirma”. El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia.

 

Durante las últimas semanas, hemos escuchado afirmaciones desde los sectores independentistas insostenibles e inaceptables para un Estado democrático como el nuestro.

 

Desde una perspectiva económica, el famoso eslogan de “España nos roba” casa muy mal con la realidad de las cifras. Cataluña es la primera Comunidad Autónoma en PIB, volumen de importación y exportación, número de ocupados y destino de turistas. Nadie duda del esfuerzo que ha hecho la sociedad catalana en las últimas décadas para que las regiones más desfavorecidas puedan reducir su brecha con las más avanzadas. Pero a ese esfuerzo también contribuyeron -y en mayor medida- Islas Baleares o la Comunidad de Madrid.

"Una guerra civil y casi cuarenta años de dictadura han hecho del compromiso con el Estado de Derecho un modus vivendi de los españoles"

 

Recientemente hemos sido testigos de la crisis más grave desde 1929. En Cataluña, como en el resto de España, hizo estragos, pero con el esfuerzo y el sacrificio de todos lo estamos superando. Ya recuperamos los niveles económicos previos a la crisis. En estos años, Cataluña se ha convertido en la Comunidad Autónoma más endeudada, y el Estado se ha convertido en su principal acreedor (48,3%). Desde 1996 es la región con mayor inversión pública en infraestructuras (33.000 mill. €) e inversión estatal en I+D+i en la última legislatura (427,3 mill. €).

 

Desde el punto de vista cultural, a diferencia de lo que se pretende vender desde el Gobierno autonómico, Cataluña es una sociedad plural donde coexisten dos lenguas oficiales (aunque el castellano es la lengua vehicular de más de la mitad de sus ciudadanos). Las instituciones estatales han promocionado la cultura y la lengua catalana dentro y fuera de nuestras fronteras. Un ejemplo: la candidata española a los Óscar es una película en catalán.

 

El Instituto Cervantes también desempeña una importante labor en la expansión de la lengua y cultura catalanas. En 2014 firmó un convenio con el Instituto Ramón Llull, que ha supuesto más de 500 actividades conjuntas en el último lustro. Su Red Internacional de Bibliotecas (RBIC) cuenta con 120.000 documentos en catalán (10% de la colección), lo que la convierte en la mayor biblioteca en catalán en el exterior. Por último, ofrece cursos de catalán allí donde hay demanda.

 

Desde el punto de vista social los números también desmienten al Govern. En las últimas elecciones autonómicas, los partidos independentistas no consiguieron la mayoría de votos. El 8 de octubre, más de un millón de sus 7,5 millones de habitantes salieron a las calles de Cataluña para manifestar su rechazo a la independencia. La participación de las pretendidas consultas de 2014 y el pasado 1 de octubre no sólo no contaban con las garantías mínimas (cualquiera podía votar en dos o más lugares sin control) sino que ni siquiera contaron con una participación mayoritaria de la sociedad catalana. Algo muy distinto a lo que ocurrió cuando se aprobó la Constitución de 1978, donde la participación fue del 68%, con un voto favorable del 90,46%.

 

Hoy, esa norma básica de nuestra convivencia (y de la que emana su legitimidad) es la que las autoridades catalanas pretenden hacer saltar por los aires, en una insensata huida hacia ninguna parte, atentando no ya contra la soberanía nacional y todos los españoles, sino fundamentalmente contra su propio pueblo y la voluntad de la mayoría de los catalanes.

 

El Gobierno de Cataluña ha afirmado hasta la saciedad que el movimiento independentista es democrático. ¡Nada más lejos de la realidad! El proceso secesionista se sostiene en el desprecio de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del Derecho Internacional, obviando la voluntad popular y empujando a una parte de la sociedad hacia la insumisión.

 

Ante esta situación, el Gobierno ha actuado con proporcionalidad y voluntad de diálogo, dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado no han hecho sino ejecutar las órdenes dictadas por los jueces, que son independientes y únicamente sometidos al imperio de la ley. Se ha buscado proteger a los ciudadanos que no han querido contravenir la ley, muchos de ellos servidores públicos sometidos a una presión y un señalamiento inaceptables.

 

La respuesta del Gobierno autonómico ha sido seguir adelante con un proceso ilegal, desobedeciendo las sentencias del Tribunal Constitucional y vulnerando las leyes. La pretendida voluntad de diálogo del Sr. Puigdemont se limita exclusivamente a negociar un referéndum de autodeterminación que no permite la ley (ni ninguna otra Constitución del mundo salvo Etiopía, San Cristóbal y Nieves y Liechtenstein).

 

La comunidad internacional se ha manifestado claramente en contra de una eventual declaración unilateral de independencia. Nadie ha reconocido los eventuales resultados de la farsa de la que fuimos testigos hace unas semanas.

 

En ningún momento el Gobierno ha atacado ideas o derechos. Hay libertad de manifestación y de expresión, incluso de aquellas contrarias a la Constitución. Y las leyes prevén mecanismos para que sus aspiraciones puedan tener cabida en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando se encaucen por las vías legalmente previstas. En democracia no existen ni pueden existir los atajos.

 

En esa línea seguirá trabajando el Gobierno de España. Con la mano tendida pero firme en el cumplimiento de la ley, en la protección de los ciudadanos y sus derechos, que tanto esfuerzo nos costó recuperar.

 

España es un país dinámico, moderno, democrático. Somos una de las principales economías de la Unión Europea y puente entre América y Europa. Como dijo Su Majestad el Rey “Saldremos adelante porque creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos. Porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos. Y lo son porque están basados en el deseo de millones de españoles de convivir en paz y libertad”.

 

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(*) Embajador de España en Colombia

 

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