A tal punto han llegado las dudas suscitadas en torno al proyecto de reforma al Código Electoral que quienes en el Congreso no piden su hundimiento inmediato, sugieren que se tramite más despacio, para debatir amplia y profundamente cada uno de sus aspectos.
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La iniciativa, que ya superó su primer y tercer debates conjuntos, por lo que está pendiente que se discuta y vote en las plenarias de Senado y Cámara, fue radicada el 24 de agosto con mensaje de urgencia por la ministra del Interior, Alicia Arango, el registrador nacional Alexander Vega y el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
Entre quienes aconsejan ir más lentamente está en senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, quien le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “un tema tan delicado como el de dotar un código para perfeccionar en lo posible la democracia en Colombia debe ser supremamente bien recapacitado”.
“Yo dejé una constancia y uno de los puntos de la constancia dice que no hay que acelerar un proyecto de tanta magnitud, pero en Colombia estamos acostumbrados a hacer las cosas con rapidez y por adelantar los éxitos nos encontramos nosotros con el rostro del fracaso”, recordó, anotando que “debe existir una normativa para recuperar la confianza del elector, para combatir la abstención, para combatir el fraude”.
“Por todas esas consideraciones yo digo que no se puede desperdiciar el trabajo que se ha adelantado, más todavía cuando este proyecto es presentado por el Gobierno, por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría del Estado Civil y con el apoyo del Consejo de Estado; pero tampoco sacar una norma a la ligera, para después tener que lamentarnos”, precisó.
Muchos peros
Las comisiones primeras conjuntas eliminaron la derogatoria de la Ley de Garantías, las modalidades remotas de voto y la reglamentación de la escisión, temas que “tampoco van en la segunda ponencia”, según ha dicho el coordinador de ponentes Armando Benedetti, exmilitante de La U.
La iniciativa ha causado expectativa y todo tipo de comentarios. Por ejemplo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en reciente columna publicada por el diario El Tiempo, llamó la atención sobre el artículo 23 que, dijo, “elimina toda posibilidad de carrera administrativa, pues consagra que todos los cargos directivos, incluidos los registradores delegados, especiales y municipales, podrán ser removidos en cualquier tiempo, argumentando la pérdida de confianza, sin exigirse ninguna otra motivación”.
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Varias voces dentro y fuera del Congreso han advertido la inconveniencia del artículo 258 que otorga “al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de seis meses”, entre otras cosas modifique la estructura de la Registraduría; el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos; la estructura, funcionamiento y competencia del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría; crear el Fondo Rotatorio del Consejo Nacional Electoral; y nivele los salarios.
Un parágrafo aclara que “será necesaria la realización previa de un estudio de levantamiento de cargas de trabajo que dé cuenta de las necesidades de personal en relación con las funciones de estas dos entidades”.
Lo que definitivamente no es cierto es que el proyecto introduzca el concepto de voto remoto por internet, el voto anticipado para cualquier ciudadano y el voto a domicilio.
En cambio sí es cierto que desaparecen las inhabilidades disciplinarias para ser elegido, con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo.
El artículo 93, sobre “causales de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular en el nivel territorial”, solo menciona la “inhabilitación para el ejercicio de derechos y de funciones públicas impuesta en sentencia judicial, durante el tiempo señalado en la respectiva decisión”.
Futuro incierto
En este contexto, hay un sector del Congreso que estima que el proyecto ha abordado asuntos que deberían tratarse en una iniciativa de distinto carácter.
De ese grupo hace parte la representante por Bogotá, Ángela Sánchez, de Cambio Radical.
Ella le señaló a este Diario que “se requiere urgente una reforma al sistema electoral en Colombia, por cuanto tenemos un Código Electoral de más de 34 años de vigencia que necesita estar en concordancia con los desafíos de la democracia moderna. De manera que estoy de acuerdo con una reforma al sistema electoral con el fin de compilar y sistematizar la legislación electoral en una sola norma, una reforma electoral que sea eminentemente técnica que incluso, haga uso de las nuevas plataformas tecnológicas con el fin de sistematizar y hacer más rápidos los escrutinios en el proceso electoral”.
“Pero este Congreso”, expresó, “no puede ni está llamado a confundir una reforma al sistema electoral colombiano con una reforma al sistema político del país, que solo es posible llevarla a cabo a través de una reforma constitucional. Incluir elementos que no hacen parte de una reforma electoral, lo que hace es anticipar el hundimiento del proyecto de ley”.
En cambio, la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, le expresó tajantemente a EL NUEVO SIGLO que “el proyecto de Código Electoral debe hundirse”.
Miranda consideró que “los temas que han generado elecciones poco o nada transparentes no están en este proyecto de ley estatutaria. El país necesita aumentar los observadores electorales y disminuir los delitos electorales. Se estima que el 95% de los delitos denunciados en la Uriel y en plataformas como Pilas con el Voto, de la ONG MOE, no tienen adelantos en la investigación”.
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“El proyecto actual habla más de ‘reacomodación’ de la burocracia del Consejo Nacional Electoral y de aumentos presupuestales en la Registraduría Nacional”, apuntó la legisladora.
Tras considerar que temas como el voto electrónico, el voto anticipado y el voto por internet, son, “sin duda, una gran necesidad de nuestra democracia”, celebró que no se hayan aprobado, porque en el texto original se desconocía “la reglamentación de los delitos electorales en ese innovador mecanismo de elección. Ni en democracias tan consolidadas como la de Estados Unidos existe el voto por internet. En Colombia no estamos preparados para eso. Creo que se generan dudas razonables sobre la legitimidad de las elecciones”.
Mal ambiente
Todavía más fuerte es la expresión de la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, para quien “el Código Electoral es un atentado a la democracia y una trampa en la participación política de las mujeres: aprueba la paridad en las listas electorales, pero no garantiza que las mujeres puedan llegar en paridad a las corporaciones públicas de elección popular”.
Robledo anotó que “nadie que fuera demócrata apoyaría ese adefesio”, argumentando que “quieren que el registrador pueda nombrar a dedo 2.000 funcionarios, lo que podría ser el secuestro burocrático de la Registraduría para que clanes políticos aseguren elecciones”, y que “le da facultades extraordinarias a Iván Duque de reformar la estructura de instituciones electorales a un año de elecciones. Además, el registrador podría emitir normas sobre el proceso electoral, suplantando así al Congreso”.
Para Robledo, también es censurable que pretendan “darle estatus de ‘información de seguridad nacional’ al proceso electoral, es decir sería imposible vigilar la contratación y elecciones; fraude abierto de cualquier actor con el respaldo del Estado”; el proyecto, agregó, “poco avanza en la garantía de una auditoría a las elecciones, pero en cambio sí asignaría estatus de ‘información de seguridad nacional’ al proceso electoral para que nadie pueda obtener información de los comicios”.
En opinión de la parlamentaria, la iniciativa “podría ser un negocio para el registrador por el aumento de contratación y además porque nos han alertado que él podría tener conexiones comerciales para la compra de mecanismos de votación mixta e identificación biométrica”.
Por otra parte, “nadie sabe cuánto le va a costar al país esa reforma. De aprobarse se le firma una chequera completa en blanco al registrador”.