En estado de alerta están organismos de control como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Grupo de Reacción Inmediata Electoral (GRIE) por el desbordado crecimiento en la inscripción de cédulas para los comicios de autoridades locales de octubre próximo, en los departamentos de Antioquia, Nariño, Chocó y Norte de Santander, que genera alerta de trashumancia o trasteo de votos, pues la norma establece que se debe votar en el lugar en donde se reside. El incremento en algunos casos es del 1.671% en comparación con las elecciones de 2015.

El 27 de octubre de 2018 se inició el período de inscripción de cédulas para votar en las elecciones de Autoridades Locales de 2019 para los ciudadanos que cambiaron de municipio o distrito su lugar de residencia o quienes siguen viviendo en la misma entidad territorial, pero desean votar en un puesto distinto al que lo hicieron en los más recientes comicios, en este caso las presidenciales de 2018.

Se espera que al cierre de este proceso, el próximo 27 de agosto, cerca de 4,5 millones de colombianos inscriban su cédula para la cita con las urnas de este año.

Por el fenómeno de la trashumancia los organismos de control establecieron para los comicios de este año niveles de alerta prioritario, de atención y en tercer lugar bajo.

En el nivel de alerta prioritario está el departamento de Nariño con un incremento en la inscripción de cédulas del 1.671%, seguido por Chocó con el 802%, Norte de Santander con 709% y Antioquia con el 701%.

En tanto que en el nivel de alerta de atención se encuentran Caldas con 562%, Córdoba con 427%, Valle con el 408%, Magdalena con 325%, Bolívar con 302%, Tolima con el 277%, Meta con 248%, Cesar con el 206% y Huila con el 152%.

Municipios

A nivel municipal el Consejo Nacional Electoral llama la atención  por el desmedido incremento en la inscripción de cédulas para los comicios de este año, por ejemplo, en el caso de Boyacá en la localidad de Turmequé, en donde en 2015 se presentaron para este proceso 16 ciudadanos, mientras que en la actualidad lo han hecho 155 personas, un incremento del 861,84%.

Mientras que en Sativasur, también en Boyacá, se inscribieron para los comicios de hace cuatro años 15 ciudadanos, y hasta el momento para las de octubre próximo lo han hecho 70 personas, un incremento del 359, 75%.

En tanto que en el municipio de Caldono (Cauca) en 2015 inscribieron su cédula 72 personas, mientras que en esta ocasión lo han realizado 349 ciudadanos, lo que significa un incremento del 376,12%.

Por su parte en la localidad de Córdoba (Nariño) se presenta uno de los incrementos más altos de los municipios del país, pues en 2015 se inscribieron siete personas, y este año lo han hecho 215, un incremento del 2.962%.

Otro caso que llama la atención de las autoridades electorales se presenta en el municipio de Palermo (Huila), pues en 2015 inscribieron su cédula 199 personas, mientras que este año son 600 personas. Ello constituye un incremento del 193,8%.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado que “las elecciones locales incitan en mayor número al cambio de puesto de votación por parte de los ciudadanos. Aunque esto se puede deber a un mayor interés por participar en este tipo de comicios, también podría sugerir la ocurrencia del delito electoral del fraude en la inscripción de cédulas, conocido popularmente como el ‘trasteo de votos’ o la ‘trashumancia electoral’. Mediante este delito se logra que los ciudadanos se inscriban para votar en un lugar en el que no residen, con el fin de controlar la intención de su voto y de lograr una ventaja ilegítima en las elecciones, que tergiversa la voluntad electoral de los residentes del municipio”.

El  Consejo Nacional como máxima autoridad electoral está facultado para anular de oficio o  a partir de quejas ciudadanas, la inscripción de cédulas que logre determinar son irregulares porque el ciudadano no reside en la localidad en que manifiesta a través de este acto la intención de votar.

En 2015 el Consejo Electoral anuló la inscripción de 1.605.109 de las 4’212.520 cédulas que los ciudadanos adelantaron este proceso para participar en las elecciones, tras cruzar esta información con bases de datos de organismos como el Fosyga y el Sisbén, entre otros.

No obstante se presentaron inconsistencias de las bases de datos oficiales que obligaron al Consejo Electoral a revocar numerosas anulaciones de ciudadanos que no eran trashumantes. Por lo tanto, las alrededor de 1’200.000 inscripciones cuya anulación quedó en firme podían contener algunos ciudadanos cuya anulación era incorrecta.

El trasteo de votos no solo implica la anulación de la inscripción de la cédula sino esta conducta fue elevada a delito por la Ley 1864 de 2017 con penas de 4 a 9 años de cárcel