El fallo de la Contraloría, que encontró responsables fiscalmente a 26 personas, tanto naturales como jurídicas, por las irregularidades presentadas en el proyecto Hidroituango, sigue provocando consecuencias.

La demora en la entrada en funcionamiento del proyecto hidroeléctrico ha llevado a algunos sectores a advertir el riesgo a mediano plazo de una crisis energética.

El vicecontralor general, Julián Ruiz, aseguró que ese hecho no podría ser atribuible al fallo sobre Hidroituango. “El fallo que hasta hoy ha proferido la Contraloría no es la única circunstancia que ha generado retrasos en el proyecto. Si el país sufre alguna crisis energética no podrá ser atribuible al fallo de la Contraloría General de la República, que lo único que ha hecho es cumplir con sus funciones constitucionales y legales en procura del resarcimiento del patrimonio público”, advirtió.

El Vicecontralor recordó que desde el 2018 el proyecto no cuenta con la licencia ambiental, tras ser suspendida por la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, y quedó sujeta a un informe que debió entregarse en diciembre de 2020 y luego se atrasó a julio de 2021.

“Hoy nos dicen que será entregado en noviembre de 2021, esperemos que así sea y se aclare el panorama del proyecto y la generación de energía en Hidroituango”, señaló.

Ruiz recordó que desde 2017 ya se vigilaba el proyecto, pero en 2019 se inició una actuación especial que arrojó ocho hallazgos, dos de ellos con incidencia fiscal.

En el marco de ese proceso fue que se emitió el fallo del pasado 3 de septiembre, en el que se calculó un daño patrimonial de aproximadamente $4,3 billones, asociados al lucro cesante y la pérdida en el valor de las inversiones del proyecto.

Frente a la polémica, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, aseguró ayer que el sistema eléctrico del país no entraría en un escenario adverso en caso de que la primera turbina de Hidroituango no empiece a producir energía el próximo año.

En entrevistas a varios medios radiales, el alto funcionario se refirió a los problemas de ese proyecto hidroeléctrico y dijo que aunque el Gobierno Nacional ve con preocupación que se generen más retrasos constructivos, no habría riesgo de racionamiento en el corto plazo.

Según argumentó Mesa, tras el arranque del actual gobierno en agosto de 2018, esa cartera inició un análisis del panorama enérgico nacional, decidiéndose en febrero de 2019 hacer una subasta del cargo por confiabilidad, previendo nuevos retrasos en Hidroituango.

“En ese momento era muy incierto cómo iba a continuar la obra y se hizo una subasta con la que se alcanzó a contratar la demanda de energía en firme que se tenía pronosticada, cerca de unos 4.000 megavatios aproximadamente”, dijo Mesa.