Con el fin de que se acrediten ante la Jurisdicción Especial de Paz, el ICP lidera una iniciativa para conformar un grupo de emprendedores que han sido afectados por el conflicto armado

___________________________________________________

El Instituto de Ciencia Política (ICP), Hernán Echavarría Olózaga, está liderando una iniciativa para que se conforme un grupo de empresas y empresarios víctimas del conflicto armado, con el fin de acreditarse ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y presentar un informe ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, para su priorización y para solicitar la investigación de los hechos que los victimizaron en el marco del conflicto armado por parte de organizaciones criminales, como guerrillas, grupos paramilitares o bandas criminales.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO su directora ejecutiva, María Clara Escobar, explicó aspectos del proyecto.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué los motivó a impulsar esta iniciativa?

MARÍA CLARA ESCOBAR: Nosotros como instituto creemos en la necesidad de combatir el prejuicio que conlleva a la revictimización y a una narrativa que no ayuda a superar la violencia ni a lograr la reconciliación en el país.

Los empresarios, más allá de sus condiciones socioeconómicas, han sufrido la violencia. Han sido vulnerados y consideramos que siguen siendo vulnerables ante todos los actores armados y que no pueden continuar siéndolo frente al Estado. Hacemos una invitación a un grupo, que liderará y del cual será vocero el Instituto de Ciencia Política. Este grupo se constituirá con el único fin de acreditarnos ante la JEP y de presentar un informe ante la Sala de Reconocimiento. Allí solicitaremos la investigación de los hechos que victimizaron a las empresas, empresarios y negocios en el marco del conflicto armado.

ENS: ¿Qué se busca con la realización de este informe que será presentado ante la JEP?

MCE: Esto permitirá varias cosas. En primer lugar, que las empresas accedan a los mecanismos de justicia transicional y tengan garantías de reparación y de no repetición, tal como lo están logrando otros grupos de víctimas que se han acreditado. Creemos que también a través de este mecanismo podremos reconstruir el contexto histórico de los principales hechos.

El Instituto de Ciencia Política organizará el informe para llevar ante la JEP con diferentes enfoques. Las empresas se pueden agrupar con un enfoque regional o gremial o que combine los anteriores. Hay plazo para presentar estos informes en los cuales se agrupan como víctimas hasta el 15 de marzo del próximo año. Presentar estos casos de forma colectiva es beneficioso en el sentido que buscaremos que se muestre el nivel de vulnerabilidad del sector empresarial. El aparato productivo del país es la base de la economía y los empresarios y sus negocios fueron durante muchos años vulnerables, estuvieron a merced de los grupos armados. La idea es que la JEP pueda no solo darle prioridad a nuestro caso de empresas sino crear un gran caso. En la JEP los patrones victimizantes han sido determinados para ser tratados como macrocasos.

Esto nos permitirá también ser proactivos frente a la justicia transicional, no simplemente reactivos. Así las empresas podrán sentar precedentes sobre los casos en los que fueron víctimas en el conflicto. Nos ayudará, además, a superar los efectos de la violencia a través de la reconstrucción de la memoria histórica y el esclarecimiento de la verdad.

ENS: ¿En este grupo estarán incluidos todo tipo de empresas, grandes, medianas y pequeñas?

MCE: Hay una preconcepción de que cuando hablamos de empresarios lo hacemos sobre empresas enormes de grandes grupos económicos.

Para nosotros los empresarios contemplan emprendedores, personas de cualquier tipo de actividad económica y están invitados a unirse. No es cierto que las empresas que fueron víctimas durante el conflicto fueron las de grandes capitales. De hecho hubo muchas que por los ataques que sufrieron de actores armados tuvieron que terminar con su actividad dado que no tuvieron más medios para darle sostenibilidad financiera.

ENS: ¿Los casos para incluir en el informe tienen un límite de tiempo?

MCE: Los casos que estamos solicitando para incluir en este informe son de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a personas jurídicas y naturales, asociadas a la empresa, que se hayan cometido a partir del 1 de enero de 1985 hasta el 1 de diciembre de 2016.

Hay una claridad que quiero hacer: el Instituto de Ciencia Política no acompañará ni brindará asesoría a empresas o a empresarios vinculados a procesos dentro de la JEP. Acá estamos hablando de vincularlos como víctimas y acompañarlos a hacer esa acreditación. Aquellas empresas o empresarios que estén siendo llamadas como terceros y estén siendo acusadas no las representaremos.

ENS: ¿A dónde deben comunicarse las empresas que deseen unirse al grupo?

MCE: En la invitación que hicimos el día martes, en el lanzamiento del policy paper ‘Las empresas en el posacuerdo’, dijimos que las empresas que estén interesadas en unirse a este grupo tendrán plazo hasta el 15 de diciembre. Dado que la fecha límite para presentar acreditaciones como víctimas es marzo de 2020. Pedimos que nos envíen su manifestación de deseo de participación al siguiente correo: empresasvictimas@icpcolombia.org.co. Vamos a estar haciendo antes de diciembre otros eventos. Ojalá en tres ciudades más.

ENS: ¿Han tenido contactos con la JEP para que conozcan del proyecto?

MCE: Aún no. Supe que al día del evento asistieron varios magistrados auxiliares y personal de la JEP, lo cual me alegra mucho. Hemos tenido algunas manifestaciones de personas cercanas a la jurisdicción que creen que no solo es importante que las empresas se acerquen sino que es absolutamente necesario para poder construir este andamiaje que logre esclarecer toda la situación de violencia contra diferentes actores en el conflicto.