Gobierno impulsa iniciativas de carácter social en la reforma tributaria, mientras que varios congresistas han radicado proyectos para combatir el vandalismo y regular la protesta
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Si bien todo el Congreso está de acuerdo con que la protesta social es un derecho consagrado por la Constitución, algunos han presentado proyectos de ley que buscan regularla tal como lo ordenó, en su momento, la Corte Constitucional.
Los proyectos prometen levantar ampolla pues algunos advierten que no se puede criminalizar el tomarse la calle como forma de protesta.
EL NUEVO SIGLO hace un balance de las iniciativas presentadas en el Congreso
1. Regulación de la protesta
El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, radicó ante el Congreso un proyecto para regular la protesta social, indicando lo que pueden y no pueden hacer los distintos actores. La iniciativa busca, por ejemplo, que los manifestantes no pueden ir encapuchados, ni tampoco pueden usar elementos que impidan su identificación durante las manifestaciones.
Igualmente, propone prohibir el lanzamiento de elementos contundentes contra la Fuerza Pública y contra el patrimonio público o privado, quienes incurran en esta conducta serán multados. La iniciativa, además, prohíbe las manifestaciones públicas cerca a centros de salud, puertos, aeropuertos y “bienes considerados como patrimonio cultural”.
Los manifestantes tampoco podrán pintar grafitis sobre los bienes de carácter público o privado y solo se podrán hacer en “lugares autorizados para tal efecto”.
Frente al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) la iniciativa propone que esa fuerza policial puede utilizar armas no letales para controlar a los violentos, incluidas las pistolas eléctricas. Uno de los puntos que más promete levantar polémica es aquel que obliga a los promotores a adquirir una póliza especial en caso de que se presenten daños.
2. Padres pagarán daños
El representante del Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, radicó un proyecto de ley que busca establecer la responsabilidad de los padres por los daños patrimoniales o extrapatrimoniales cometidos por sus hijos menores de edad, durante el desarrollo de protestas, huelgas y otras manifestaciones públicas.
Según dijo, “con esta iniciativa pretendemos que los padres sean los responsables de aquellos hijos que salen no a marchar pacíficamente sino a dañar desafortunada y lamentablemente los bienes públicos y la propiedad privada”.
3. Cárcel por vandalismo
El representante liberal Víctor Manuel Ortiz presentó un proyecto de ley que contempla cárcel de seis a ocho años para quienes ejecuten actos vandálicos en medio de la protesta social.
Según el congresista, “la iniciativa busca garantizar a la protesta pacífica, el derecho constitucional a la libre expresión para poder salir a marchar tranquilamente y pacíficamente. Lo que buscamos es poder crear un tipo penal para esas personas que, valiéndose de las marchas, las protestas, las movilizaciones usan ese móvil para destruir los bienes públicos y para atentar contra la fuerza pública”.
Según dijo, hoy dentro del estatuto punitivo está la violencia el servidor público y el daño en bien ajeno, pero son vías de hecho que no tienen la misma severidad y el mismo objetivo como es garantizar la protesta social. Este tipo penal va de seis a ocho años e igualmente con un agravante para esas personas que valiéndose de la marcha tapen su rostro para dañar y destruir, para atentar contra la fuerza pública. Esas personas que van a la marcha y llevan consigo las papas bombas o bombas molotov. Los estados soberanos deben garantizar la protesta pacífica. En ninguna parte está garantizada la protesta violenta. Buscamos crear ese tipo penal para darles garantías a las personas para que se puedan expresar libremente”.
Según el congresista quien viole la norma también deberá pagar una multa que oscila entre 100 y 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. “Este proyecto de Ley busca adicionar tres artículos al código penal (Ley 599 del 2000) con el fin de fortalecer las herramientas que tiene el Estado para contener estos actos violentos", dijo.
4. Prohibición de marchas entre semana
El senador Jonatan Tamayo, de la Alianza Social Independiente (ASI), presentó al Congreso un proyecto, que se hundió por falta de tiempo, con el que buscaba reformar el Artículo 37 de la Constitución que consagra el derecho a la protesta, con el argumento de que “no se limite ni se impida el libre desarrollo del derecho a la educación y derecho al trabajo”.
Según la iniciativa, solo “los días sábados y domingos serán los permitidos para realizar toda actividad de manifestación pública y pacífica que esté relacionada con algún tipo de protesta dirigida al sector público y privado”. Sin embargo, el articulado no dice qué les pasará a aquellos ciudadanos que usen otros días diferentes a los fines de semana para protestar.
Según Tamayo “defendemos derechos, como es el derecho a la educación y al trabajo, que se están vulnerando a causa de las protestas. Sin impedir el derecho a la manifestación pública, presento el proyecto que busca prohibir las marchas estudiantiles en semana y solo permitirlas los fines de semana”.
5. Propuestas en la reforma tributaria
Si bien la mayoría de propuestas radicadas buscan regular la protesta social, el Gobierno nacional incluyó dentro de la reforma tributaria un paquete de medidas sociales que buscan responder a muchas de las solicitudes de los manifestantes, varias de estas ya fueron aprobadas en sus primeros debates.
En el paquete de medidas radicadas está devolver el IVA a los hogares de más bajos ingresos cada dos meses; y tres días sin IVA en los meses de enero, julio y octubre que permitirá a las familias adquirir bienes de capital a bajo costo.
Así mismo, la iniciativa incluye la disminución de aportes a la salud de los pensionados con el salario mínimo entre el 12% y el 8% a partir de 2022 y exenciones tributarias a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años de edad con el fin de generar empleo para este sector de la población colombiana.
6. Revolcón al Icetex
Hacer un 'revolcón' en el Icetex que permita a los jóvenes colombianos disponer de “más y mejores servicios”, anunció la semana pasada el presidente Duque.
“Ahí hay un compromiso nuestro para que mejoremos de forma clara y ostensible” esa entidad de crédito estudiantil, afirmó el Jefe de Estado.
Además, el mandatario dijo que “he escuchado las voces en la Gran Conversación Nacional sobre educación” y recalcó que se trata de optimizar los servicios del Icetex para que “los jóvenes no queden estrangulados con deudas impagables después de graduarse”.
También se refirió al mejoramiento que deberá hacerse en el campo de la pertinencia para que cuando “los jóvenes se gradúen, puedan encontrar trabajo más fácil”.