EL NUEVO SIGLO: ¿Hasta qué punto han sido efectivas las medidas que se han tomado respecto de contener un poco la crisis de derechos humanos en Colombia tras la firma del Acuerdo de Paz?
CARLOS JULIO GONZÁLEZ: Estamos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos un tema muy sensible para el país, que es la salud mental. Las cifras en esta materia, en general son críticas.
De cada 10 niños colombianos, 4,4 están presentando algún síntoma de deterioro de su salud mental.
¿Qué está pasando? El tema del bullying o matoneo nos está ganando la partida y Colombia ya es el segundo país latinoamericano con el mayor índice de violencia escolar. Tenemos una cifra de suicidios alarmante: de 190 niños, niñas y jóvenes al mes, según la Procuraduría.
Entonces, en esa radiografía de lo que está pasando con la salud mental de los colombianos, entramos a investigar, qué sucede con las víctimas que, además, tienen por su condición la probabilidad de aumentar esos escenarios de trauma, sufrimiento y dolor.
Y casi que todas las cifras muestran elevadas al doble las dificultades relacionadas con su salud mental. Producto de eso, con la Comisión de Derechos Humanos realizamos un piloto que nos propusimos hacer, por mi condición de profesional de la salud y por mi anterior ejercicio profesional, con el Comité Humanitario EMDR.
Ahí logramos mostrarle a la institucionalidad colombiana que hay una desarticulación en materia de los esfuerzos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz y, sobre todo, en esta materia, que fue la que puntualmente revisamos. Vemos que cada quien hace su trabajo, pero no hay una medición del impacto de ese trabajo, ni una articulación que ahorre el capital humano, los recursos físicos, los recursos financieros y la logística para aplicar estos programas.
Estamos, por ejemplo, preguntándonos sobre la calidad del Papsivi, que es precisamente el instrumento que se utiliza para trabajar psicosocialmente con familias y personas víctimas, y sobre la pertinencia de revisar sus modelos.
ENS: ¿Este proceso de la ‘paz total’ en que está el Gobierno tiene algo que ver con que las víctimas de la violencia, en lugar de disminuir, tiendan a aumentar y que los índices de violencia en el país se incrementen?
CJG: ¿Qué se está solicitando sobre este tema?: reglas claras, sentimos todos y eso se ha manifestado en las plenarias, en el caso nuestro del Senado.
Como no se han dado esas reglas claras y no se ha mostrado la auténtica voluntad, se le está pidiendo, sobre todo a la parte armada, mostrar la voluntad de paz.
Si existe una verdadera voluntad de paz, que se vea reflejada, por ejemplo, en no armar más bloques, pues qué sentido tiene buscar la paz y estar armando bloques que lo único que traen como consecuencia es escalar más el conflicto y organizarlo, lamentablemente, en escalamiento militar.
Segundo, se está produciendo efectivamente una revictimización, porque muchísimos territorios que consideraban superado el conflicto, hoy están siendo nuevamente copados por este. Parte de lo que se trabajó en la Comisión de Derechos Humanos, y que lo expresaron varias entidades, es la enorme preocupación sobre el reclutamiento de menores. Ese es un tema muy delicado que llama la atención sobre lo que significa la violencia a la cual logra escalar un conflicto cuando se reclutan menores.
ENS: ¿Qué ocurre con el proceso de diálogo con ilegales?
CJG: Algo muy grave que está pasando es que estos diálogos están perdiendo el apoyo popular, porque se están generando, al contrario, exclamaciones desde los territorios, de gobernadores y autoridades locales, pidiendo que allá se levante el cese al fuego y que la Fuerza Pública pueda intervenir, ya que han aumentado los secuestros, han aumentado las extorsiones, el boleteo y los hechos de violencia.
ENS: ¿Están de acuerdo con que se levante esa medida, por ejemplo, en temas como el de Arauca y el de Cauca, en que la violencia ha trascendido?
CJG: Lamentablemente, además de los actores al margen de la ley, pero con características políticas, están actuando las bandas criminales y está actuando todo tipo de criminalidad. Esa indiscriminación de actores funcionando en la región y el tema del cese al fuego ha permitido el avance de todo tipo de abusos contra las comunidades.
Por eso las comunidades están pidiendo que la Fuerza Pública actúe, que haya anticipación a la presencia del delito y a la presencia de estos fenómenos que están perturbando muchísimo, sobre todo en regiones que fueron tradicionalmente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, el Huila, el Tolima, Putumayo y Arauca.