Nueve bolivianos expulsados de Chile tras una condena por robo y contrabando, volvieron a su país como "mártires", un caso que alimenta la tensión bilateral y fortalece al presidente Evo Morales en su demanda contra Santiago para recuperar una salida soberana al mar.

Tras pasar cien días detenidos en Chile, dos militares y siete funcionarios aduaneros cruzaron la mañana la frontera por el poblado de Pisiga, donde fueron recibidos por sus familiares, en medio de lágrimas y manifestaciones de alegría.

"Lo único que nosotros estábamos haciendo en ese lugar era cumplir con nuestro deber, sabemos muy bien que el contrabando cada día va mermando nuestra economía y es el momento de ponerle un alto”, afirmó emocionado el capitán Alex Carvajal, a poco de pisar suelo de su país.

Una jueza falló la semana pasada en su contra, culpándolos de los delitos de robo, contrabando y porte ilegal de armas, y les impuso la pena de tres años de prisión, pero en sustitución aplicó la orden de expulsión y una multa de unos 48.000 dólares, monto pagado por el gobierno de Morales el martes.

Según la versión chilena, los bolivianos se internaron en territorio ajeno por un paso inhabilitado y asaltaron un camión con mercadería. Tras golpear y reducir a los dos ocupantes del vehículo, fueron detenidos por policías chilenos, cuando intentaban volver a Bolivia.

Empero, el gobierno boliviano asegura que ellos estaban luchando contra el contrabando, una actividad habitual en la zona, y rechazaron todas las acusaciones.

Durante el proceso, La Paz desató una campaña local e internacional para asegurar que Chile violó los derechos de sus connacionales, pues arguyó que ellos cumplían funciones oficiales.

Bolivia incluso llevó su queja a la OEA, donde denunció que fueron "torturados", un cargo que Chile negó.

El mismo presidente Evo Morales, quien busca el visto bueno de la ciudadanía para postularse a un cuarto mandato consecutivo, utilizó el tema para atacar a Chile, país con el que Bolivia sostiene diferencias, pues reclama que su vecino le restituya su cualidad marítima, la que perdió en una guerra a fines del Siglo XIX.

Morales señaló la semana pasada que los nueve bolivianos son "mártires" y que el fallo fue una "represalia", porque La Paz llevó en 2013 a Santiago a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el reclamo de una salida al mar.

La Moneda también replicó con otro juicio en la misma instancia por el uso de las aguas fronterizas del Silala.

Empero la oposición política en Bolivia cree que aún hay cabos sueltos que el gobierno de Morales debe explicar: qué hacían los capturados en el lado chileno y las versiones extraoficiales que algunos de ellos no eran funcionarios de la Aduana Nacional.

El caso es uno más en la larga cadena de diferencias bilaterales, a causa del asunto marítimo. Ambos países están sin embajadores desde 1978. /