Gobierno, militares y congresistas oficialistas niegan que las autoridades tuvieran conocimiento de la presencia de menores de edad en las filas del grupo irregular

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En medio de la delicada confirmación de que al menos ocho niños resultaron abatidos el 31 de agosto en un bombardeo contra disidencias de las Farc, la polémica se enfocó en si las autoridades sabían la composición del objetivo de la operación militar.

En primer lugar, ayer, a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que “por la complejidad de los estudios requeridos” desde el primer momento el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “conformó un equipo interdisciplinario de médicos forenses, antropólogos, técnico de rayos X, balísticos, odontólogos y genetistas”, cuyos análisis “aún no han concluido”.

La Fiscalía precisó que “hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (ocho menores de edad y siete adultos), y dos más permanecen sin identificar”, anotando que “hasta la fecha, el fiscal del caso ha autorizado la entrega a sus familiares de 10 cuerpos identificados”.

Según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, “todas las operaciones militares están precedidas por una fase de planeamiento, que se llama proceso militar de fases de planeación”, en el que hay acompañamiento de un asesor jurídico operacional desde 2008, que se percata de que no se cometan violaciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que por información de inteligencia se le venía haciendo seguimiento al grupo irregular integrado por 20 personas que por trocha recorrió medio país para asentarse en Caquetá, pero que en ningún momento supieron que en el lugar había menores de edad.

Navarro insistió en que hay plena certeza de que la operación “fue legítima”, que acató el DIH y que su objetivo nunca fueron los niños, pues ni siquiera se tenía conocimiento de su presencia en el campamento guerrillero.

“Reclutamiento documentado”

Sin embargo, ayer en varios medios radiales Herner Carreño, personero de Puerto Rico, Caquetá, aseguró que las Fuerzas Militares sabían que en ese campamento había menores de edad.

“Siempre como Ministerio Público puse en conocimiento el tema de reclutamiento de menores. Y cuando pasó el bombardeo y los familiares me contactaron, me preguntaban cuándo el Ministro iba a contar la noticia, porque lo que ocurrió fue una masacre”, manifestó Carreño, quien expuso además que su despacho tiene documentados tres casos y todas las constancias del reclutamiento con lugares exactos de ubicación.

Tras señalar que desde mayo lo venía denunciando, Carreño indicó que “públicamente y en los consejos de seguridad se ha puesto en conocimiento el reclutamiento y era de conocimiento del Ministro de Defensa y las Fuerzas Militares”.

El personero Carreño reiteró que se “ordena un bombardeo en un lugar donde se sabía que había niños. Lo que ocurrió fue una violación al Derecho Internacional Humanitario. De estos tres casos solo han entregado el cuerpo de una niña de 13 años, que fue sepultada el 11 de septiembre”.

“Imposible saberlo”

Pero para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez era imposible conocer si había niños en la zona del bombardeo: “Yo sí creo que este es un momento donde hay que analizar con la mayor serenidad si hay responsabilidad por omisión o por lo que sea, pues obviamente hay que exigir responsabilidad, pero tampoco me parece que el país pueda llegar en este momento a pretender hacer tierra arrasada con los militares cuando al final del día si están haciendo una operación es prácticamente imposible saber si abajo hay niños”.

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, en el marco del debate de moción de censura contra el ministro Botero, en la plenaria del Senado el congresista Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presentó un informe de Medicina Legal en el que reveló que durante el mencionado bombardeo también murieron menores de edad.

Tras acusar a Botero de esconder la información, Barreras dijo que durante la operación militar murieron “el joven Abimiller Morales, que tenía 17 años; Willmer Castro, 17; Diana Medina, 16; José Rojas Andrade, 15; Jhon Edinson Pinzón, 17; la niña Ángela María Gaitán, que tenía 12 años; y Sandra Patricia Vargas, 16”.

Entre tanto, ayer la senadora María del Rosario Guerra le dijo al programa Vicky en Semana que "las Fuerzas Militares no tenían conocimiento de la presencia de los menores de edad. Se conoce de la situación solo después de las investigaciones. Ellos no tenían por qué saberlo", lamentando que “ahora resulta que a nuestras Fuerzas Militares las quieren poner de criminales. Tristemente había siete menores de edad que no deberían estar allí. Aquí no hubo nada premeditado contra unos niños”.

Vereda Candilejas

El bombardeo en cuestión se ordenó luego que se conociera la noticia del rearme de Luciano Marín, alias ‘Iván Márquez’ y otros exguerrilleros.

El reporte oficial de las Fuerzas Militares señaló el 31 de agosto que “en desarrollo de operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales adelantadas en las últimas horas en el departamento de Caquetá, unidades de las Fuerzas Militares de Colombia, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dieron muerte en desarrollo de operaciones ofensivas a 12 terroristas del Grupo Armado Organizado Residual, GAO-r 7”.

Tras indicar que la operación se realizó en la vereda Candilejas, del municipio de San Vicente del Caguán, se informó que en la acción fue abatido alias ‘Rogelio Bolívar Córdova’ o ‘Gildardo El Cucho’, quien las autoridades señalaban de ser el coordinador de las estructuras 7, 40 y 62 del GAO-r, que delinquen en el sur del país, agregando que también fueron destruidas dos áreas campamentarias y se incautó una ametralladora M-60, 10 fusiles de asalto, un fusil para francotirador, una mira Ninrod, dos pistolas, proveedores, munición, equipos de comunicaciones, material de intendencia y documentación de interés.

De acuerdo con la información de las Fuerzas Militares, ‘Gildardo El Cucho’ estaba sindicado de planear y realizar varias acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en los departamentos de Guaviare y Meta. Ingresó a las Farc en 1994. Se desempeñó, entre otras actividades criminales, como jefe de la comisión de inteligencia de la séptima cuadrilla, líder del esquema de seguridad de alias ‘Gentil Duarte’ y encargado de los cursos de explosivistas y comunicaciones del grupo criminal.

En 2016, de acuerdo con las informaciones de inteligencia, abandonó el proceso de paz y se trasladó, junto con ‘Gentil Duarte’, a Venezuela, donde asumió la seguridad del GAO-r 7, estructura encargada del narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros.