Desde agosto pasado se desconoce el paradero del exguerrillero y no ha atendido citaciones

Cerca de siete meses tiene el proceso de incidente de cumplimiento que adelanta la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) a Hernán Darío Velásquez, más conocido como ‘El Paisa’, después de que se abstuvo de presentar un informe en donde detallara sus actividades tras su desmovilización de las Farc, en febrero de 2017, y tampoco se presentó este año para rendir versión libre en la investigación que esta instancia adelanta sobre el caso de secuestro.

Este viernes La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas tiene previsto hacer una audiencia pública para decidir si aplica una sanción al exguerrillero, que podría llegar hasta su expulsión y que como consecuencia su expediente vaya a la justicia ordinaria.

En dicha audiencia para definir la situación de Velásquez la Procuraduría y la defensa presentarán oral y públicamente sus alegatos a la Sala de Reconocimiento. También podrán intervenir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Al final de la diligencia se tomará una decisión, que puede implicar diversos niveles de pérdida de beneficios jurídicos previstos en el Sistema Integral.

“La JEP verificará con especial rigor el cumplimiento con los derechos de las víctimas y con los compromisos adquiridos en el marco del régimen de condicionalidad previsto en el Acuerdo de Paz”, expresó el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento.

El incidente de verificación de cumplimiento del régimen de condicionalidad de Velásquez Saldarriaga se abrió el 25 de octubre de 2018 luego de que el 10 de septiembre del mismo año la Sala de Reconocimiento solicitó a los 31 comparecientes del Caso 001, incluido Velásquez Saldarriaga, informes individuales y personales sobre sus actividades de reincorporación y otras obligaciones relevantes para el caso. De los 31 ex comandantes, Velásquez fue el único que no presentó el informe dentro del plazo otorgado. Tampoco solicitó prórroga para hacerlo.

Asimismo, Velásquez fue citado a la diligencia de inicio del Caso 001 ante la Sala de Reconocimiento. Sin embargo, no compareció personalmente ni nombró defensor. Desde entonces, un abogado del Sistema de Asesoría y Defensa de la JEP (SAAD) ha venido oficiando como defensor de Velásquez.

El 6 de diciembre de 2018, después de haber recibido las solicitudes de las partes y los intervinientes, la Sala decretó la práctica de todas las pruebas para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad por parte de Velásquez Saldarriaga. Dentro de las pruebas decretadas se encuentra la solicitud a 13 entidades del Estado de toda la información con la que cuentan sobre su proceso de reincorporación.

Además, la Sala comisionó en dos ocasiones a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para realizar una inspección al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, Caquetá, en el que acopió información para determinar la ubicación y últimas actividades de Velázquez e hizo una revisión a las investigaciones judiciales identificadas y remitidas por la Fiscalía General de la Nación.

La Procuraduría

Desde el año pasado se desconoce el paradero de ‘El Paisa’ e ‘Iván Márquez’, jefe negociador de las Farc durante los diálogos de paz de La Habana, luego de que juntos salieran del Espacio Territorial de Miravalle, en Caquetá, por supuestos problemas de seguridad.

Recientemente, Rodrigo Granda, durante una citación en la JEP, justificó que varios de sus ex compañeros de armas no han asistido a rendir versión libre. “Si existiera la ley estatutaria para hacerla valer. Es que nosotros no nos vamos a prestar tampoco a una lapidación, y en ese sentido quienes se sientan perseguidos tienen todo el derecho de proteger su vida mientras tanto”, sostuvo.

Por su parte, el procurador Fernando Carrillo señaló en días pasados que es necesario que el tribunal especial de justicia defina la continuidad de los privilegios jurídicos del exguerrillero, antiguo jefe de columna móvil Teófilo Forero de las Farc, que ejecutó el secuestro de 11 diputados del Valle del Cauca en Cali y el ataque en 2005 al Concejo del municipio de Puerto Rico, Caquetá, en el que fueron asesinados cuatro concejales y el Secretario de la Corporación.

“Yo creo que esto ha llegado a unos niveles de irrespeto con los derechos de las víctimas y con las víctimas mismas, y también con la Justicia Especial para la Paz, con el sistema judicial colombiano y con el Estado colombiano”, indicó.