La Personería de Bogotá encontró improvisación e irregularidades en la construcción del bicicarril en la Calle 13, entre las carreras 135 a la 100, que tuvo un valor total superior a los $2.757 millones.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) primero contrató, el 29 de mayo de 2020, por un valor total de $1.511 millones de los cuales se ejecutaron $899 millones, para la instalación de barreras de segregación en concreto tipo New Jersey, con el propósito de adecuar un bicicarril en la calzada del corredor de la Calle 13, entre las carreras 135 a la 100.

Además, la Secretaría Distrital de Movilidad realizó una inversión de $479 millones para control semafórico y señalización del tramo, con una inversión total de más de $1.378 millones. La obra terminó en diciembre de ese año.

El Distrito, un mes después, en enero de 2021, ante la grave afectación en la movilidad vehicular en el sector, ordenó quitarlos y direccionó de nuevo la construcción, ahora con andén y sobre una zona de reserva vial al costado de la calzada existente, con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (Uaermv), por $1.378 millones. El Distrito planteó construir la obra desde la Avenida Boyacá hasta la carrera 135, sin embargo, solo la realizó a partir de la carrera 97.

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Un tramo de la obra podría ser construida en 2023, si el Distrito decide prolongar Transmilenio por la Calle 13, de la carrera 50 hasta la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), según contrato de consultoría para una solución definitiva al problema de movilidad del sector.

Esta aparente falta de planeación, que no tuvo en cuenta los diseños existentes y ejecutó el proyecto en dos oportunidades, con la consecuente pérdida de recursos públicos, podría ser constitutiva de una falta disciplinaria y pudo haber ocasionado un detrimento patrimonial. Por eso, el Ministerio Público Distrital inició una indagación preliminar para determinar si los hechos señalados tienen incidencia disciplinaria e identificar a los posibles responsables, asimismo enviará copia a la Contraloría de Bogotá para la investigación fiscal correspondiente.

La personería recordó que desde que se iniciaron las labores para la adecuación de esta ciclorruta (de agosto a octubre de 2020), se agudizaron los problemas de movilidad en el tráfico automotor de este corredor, por la alta demanda de vehículos que circulan desde y hacia los municipios aledaños que conectan este tramo con Bogotá y la poca capacidad del segmento vial.

Por la demora en la ejecución del contrato, producto de la falta de planificación, la movilidad del sector colapsó, desatando las protestas de actores viales y residentes del sector, quienes se vieron afectados por el aumento en los tiempos de desplazamiento.