La Fiscalía materializó 20 medidas cautelares de extinción de dominio y una captura por el delito de corrupción de alimentos.

Una operación conjunta entre la SIJIN y la Dirección de Extinción del Derecho al Dominio, logró afectar las finanzas de personas dedicadas a la fabricación, almacenamiento y comercialización de medicamentos de uso institucional, adulterados y falsificados.

Durante nueve meses, las autoridades lograron evidenciar que los bienes muebles e inmuebles eran utilizados para la venta de estos productos médicos, así mismo comercializaban material profiláctico en ocho localidades de Bogotá: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, San Cristóbal y Puente Aranda.

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Por causal de destinación, estas medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, fueron efectuadas en 20 bienes inmuebles, cuatro establecimientos de comercio (droguerías) y 16 apartamentos. Con estos 20 bienes ocupados logramos afectar las finanzas de estos delincuentes que tenían una renta aproximada de nueve millones de pesos mensuales.

Se incautaron productos farmacéuticos y medicamentos sin registro INVIMA, ampollas inyectables, jarabes, tabletas, cremas, blíster, granulados vencidos, muestras médicas y fármacos de uso institucional, así como empaques de alimentos y bebidas naturales, envases sin número de funda, etiquetas y cajas de productos.

En uno de los inmuebles fueron hallados punzones y matrices metálicas, los cuales eran usados para dar forma a los diferentes tipos de tabletas e imprimir sus características; máquinas artesanales para la elaboración y secado de los medicamentos, elementos de empaque, sellado y molinos para pulverizar, un horno artesanal para el secado de la materia prima, plástico cortado para la elaboración de los blíster y diferentes tipos de presentación de los fármacos.

Estos bienes ocupados estarían avaluados en diez mil millones de pesos ($10.000.000.000).

Los arrendatarios de estos bienes y que están detrás de la comisión de este delito están siendo investigadas penalmente por el delito de corrupción de alimentos que tiene una pena entre 8 y 16 años de cárcel.