Para miles de colombianos la producción de coca ha sido un mecanismo de subsistencia

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El choque entre la erradicación forzada de cultivos ilícitos, que es la política del actual Gobierno, y la sustitución voluntaria que venía desarrollándose, está teniendo un fuerte impacto entre los campesinos, según un informe publicado por la fundación Insight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado.

El documento, preparado por Lara Loaiza y Chris Dalby, y divulgado este fin de semana, plantea que el programa de sustitución voluntaria de cultivos en Colombia destruyó cerca de 35.000 hectáreas de sembrados de coca en solo ocho meses, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd), lo que demuestra la acogida de esta estrategia en un momento en que el presidente Iván Duque presiona para que se adopte la erradicación forzada.

Loaiza y Dalby sostuvieron que un nuevo informe de la Onudd afirmó que sus investigadores verificaron la destrucción de 34.767 hectáreas de plantaciones de coca entre mayo de 2018 y enero de 2019. También observaron un índice de cumplimiento de 94% dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en 14 departamentos colombianos.

Este grado de conformidad se dio en los departamentos de Putumayo, Nariño, Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare, Córdoba, Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Valle, Vichada, Arauca y Guainía.

Erradicación

Sin embargo, Duque ha planteado dudas sobre la velocidad y la eficiencia de la sustitución voluntaria, y en lugar de ello ha recurrido a un ambicioso programa de erradicación forzada, con un objetivo de 280.000 hectáreas. Un informe de la Onudd de 2017 indicaba que en el total del territorio nacional no había más de 171.000 hectáreas de cultivos de coca.

Duque sostiene que se requiere actuar con urgencia, ya que la producción de coca en Colombia se encuentra en un pico, y que la sustitución voluntaria no ha logrado lo suficiente. “Los programas de sustitución no llevarán a ignorar la obligación legal de erradicar los cultivos ilegales y la naturaleza criminal de esta práctica”, dice su plan de defensa y seguridad presentado en febrero.

Pero los críticos han advertido que los programas de sustitución voluntaria han demostrado una buena acogida entre los campesinos, pues les da una renta a cambio del cumplimiento. Aunque es más rápida, ellos advierten que la erradicación forzada conducirá a un reciclaje de conflictos sociales y un mayor debilitamiento del proceso de paz de 2016 con las Farc.

De acuerdo con el análisis de Insight Crime, con frecuencia se ha ignorado el impacto real del debate sobre erradicación o sustitución.

La realidad para miles de colombianos en zonas rurales es que la producción de coca ha sido un mecanismo de subsistencia. El proceso de paz con las Farc y los cambios que conlleva no son un simple argumento económico; implican un cambio en el estilo de vida de cientos de miles de colombianos.

Sustitución

Es posible que los programas de sustitución voluntaria arrojen altos índices de conformidad hasta la fecha, pero el endurecimiento de la postura del gobierno amenaza con revertir el éxito alcanzado por el PNIS.

Las familias no han recibido los pagos que se les deben en el marco del PNIS, y se han interrumpido otros incentivos para impedir el cultivo de coca, al menos por el momento.

Insight Crime halló que en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, la primera ronda de pagos llegó según lo programado para los participantes en el PNIS en septiembre de 2018. Pero la segunda cuota que debía entregarse en noviembre, no se había pagado a finales de febrero. Y en el municipio vecino de Simití, los habitantes denunciaron que el primer pago nunca llegó.

El impacto no ha tardado en hacerse visible. En zonas de Colombia donde es escasa la presencia del Estado, ha habido un retorno al cultivo de coca por parte de familias que dependen de ello. Campesinos del sur de Bolívar confirmaron a Insight Crime que pagan a los soldados para que no erradiquen sus sembrados de coca o para que destruyan solo una parte de ellos, mientras registran que la erradicación fue total.

Este retroceso es más trágico aun si se tienen en cuenta los titánicos esfuerzos hechos para llevar las iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos hasta donde están. Convencer a miles de familias que ingresaran al programa fue un proceso largo y arduo, que implicó muchas veces la intervención de líderes comunitarios, quienes defendieron las intenciones del gobierno y despejaron las dudas.

El impacto en estas comunidades será amplio y variado. Esos mismos líderes, que pusieron las manos en el fuego por el proceso de paz, ahora se enfrentan a la pérdida de confianza de sus comunidades, sin hablar de represalias más graves.

Peor aún, es posible que los grupos armados ahora busquen retribución contra esas comunidades o habitantes que se adhirieron al programa de sustitución de cultivos y aceptaron el dinero del gobierno.

Otro reto es que estas iniciativas de sustitución de cultivos se introdujeron en asociación con otras iniciativas, como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyo propósito es promover el desarrollo de municipios prioritarios en un contexto de posconflicto. Dejar aislados estos programas les resta posibilidades de cumplirse a cabalidad y propicia su debilitamiento progresivo.