Velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la correcta operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Así mismo, garantizar la prestación y los recursos de la salud, la protección de líderes sociales, el cumplimiento de los compromisos de la paz y la protección del medio ambiente son los temas prioritarios en los que deben trabajar alcaldes y gobernadores electos. Así lo manifestó ayer el procurador general, Fernando Carrillo.
“Pongan la lupa en el PAE, los POT, la prestación digna de la salud, la protección de líderes sociales, el medio ambiente y las CAR, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que han sido las grandes ausencias en el diseño de la política pública territorial”, sostuvo el jefe del Ministerio Público en su intervención en el encuentro de la Ruta del Desarrollo Sostenible de Findeter, en el que participaron los nuevos mandatarios territoriales.
Carrillo enfatizó en que “el PAE no puede seguir siendo un barril sin fondo por donde se van los recursos, y eso lo tienen que impedir por la vía de reglas claras, cobertura, calidad y prestación oportuna del servicio”. Agregó que deben tener como prioridad en las agendas a partir del 1 de enero de 2020 la protección de la mujer y la eliminación de las violencias basadas en género, así como la defensa de la familia, del adulto mayor y de las personas en condición de discapacidad.
Afirmó que el éxito de los cuatro años de administración de los alcaldes y gobernadores es el empalme, y les recomendó no llegar con espejo retrovisor, rodearse de los mejores profesionales, y tener siempre presente que todas las actuaciones deben ir dirigidas al interés público.
Sobre los POT señaló que no pueden seguir por el mismo camino en el que “unos cuantos son los que se están enriqueciendo, siempre en detrimento del suelo, de la igualdad y del medio ambiente”, y reiteró que en estos casos de alguna manera las corporaciones autónomas regionales “son cómplices de la debacle que se ha presentado con los POT en Colombia”.
Añadió que hay que ponerle fin al reclutamiento de menores, que a su juicio es “el cáncer que acaba con los sueños de niños, niñas y jóvenes”, que ha tenido un incremento del 41,6% entre enero y septiembre de 2019 según la Fundación Ideas para la Paz. “Aquí hay responsabilidad de alcaldes y gobernadores, en los territorios se deben encender las primeras alertas”.
Pidió a los mandatarios territoriales no desconocer la obligatoriedad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y recordó que no solo se necesita la presencia militar para el control del Estado, “la gran deuda es cumplir con los derechos de las víctimas”.
Finalmente, enfatizó en la importancia de creer en los escenarios de la democracia como la elección popular de alcaldes y gobernadores que se estableció el Acto Legislativo 01 de 1986, y agregó que los mandatarios territoriales gobiernan para toda la ciudadanía, no solo para el sector que los eligió.
“Cuando uno no cree en la democracia comienza a recortar los escenarios de la democracia para sostener que es por culpa de la democracia que están pasando estas cosas. Parecido a este movimiento telúrico que viene desde Chile y en otros escenarios donde se está diciendo que la democracia no sirve, inventémonos otro sistema, dejémoslo al lado, ese es un producto desechable para la estabilidad de nuestros regímenes políticos. Una teoría gravísima”, afirmó.
Investigación
Una comisión del Ministerio Público se encuentra actualmente en la zona donde se presentó el bombardeo contra el jefe de las disidencias de las Farc alias ‘Gildardo Cucho’ y en el que murieron ocho menores de edad que habían sido reclutados por esa estructura ilegal.
La comisión busca recolectar elementos materiales probatorios para verificar si en efecto se presentaron omisiones o extralimitaciones en el ataque aéreo contra el campamento en el cual, según información de inteligencia, se encontraba el jefe de las disidencias.
El Procurador General informó que se está adelantando una investigación preliminar disciplinaria para verificar si existe o no responsabilidad de funcionarios públicos.