Es costumbre medir los resultados de las legislaturas por el número de leyes aprobadas. Error monumental. Históricamente las leyes aprobadas son en su mayoría anodinas e inútiles. Santos no tuvo mayorías en el Congreso, pero lo sobornó con los cupos indicativos, la “mermelada” en la cual se adjudicaban a los legisladores, cuando eran “juiciosos”, es decir cuando aprobaban reformas constitucionales a pupitrazo y esperpentos como el fast track, partidas presupuestales al antojo del beneficiario para que éste, a su vez, pudiera otorgar a dedo contratos y recibir algo a cambio. Todos los partidos, incluyendo los conservadores y la izquierda, se prestaron a esta maniobra, con excepción del Centro Democrático. Los “ñoños” son el resultado de esa política.

Duque anunció, desde el principio, que no habría “mermelada” y que el Congreso debería actuar en beneficio del país y no personal.

¿Y qué pasó? Que sus proyectos de reformas necesarias y urgentes, como la judicial, la política y las leyes anticorrupción han naufragado o están muy maltrechos porque los partidos que apoyan al gobierno no arriscan a aprobarlos solos. No hay que echar la culpa a los ministros, por novatos que sean. Hay que echársela a la falta de “mermelada”.

No es mi propósito analizar en esta columna lo bueno y lo malo de cada proyecto de reforma. Solamente puntualizar la “suerte” que han corrido.

La reforma judicial se hundió en la Cámara (dominada por los liberales) por cuenta de los trucos del presidente de la entidad -hay que evitar que personajes como ese lleguen al Congreso y sean elegidos presidentes de las cámaras-. La razón: introducía controles a los gastos de la rama judicial. Colombia está entre los países peor calificados del mundo en justicia porque prácticamente no existe y la prueba son las altas cortes (incluida la JEP) y el cartel de la toga. Necesitamos una reforma judicial pero no van a ser el Congreso, ni la participación de las altas cortes los que la permitan. Quizás una constituyente.

La reforma política que, además es constitucional y debe tramitarse en dos legislaturas, contenía reglas para la conformación y funcionamiento de partidos y movimientos políticos; la financiación preponderantemente estatal; la posibilidad de que los congresistas pudieran ser nombrados ministros; y lo que se llamó la columna vertebral de la reforma: listas únicas bloqueadas y cerradas, conformadas a través de mecanismos de democracia interna de los partidos y paritarias de hombres y mujeres.

Aunque creaba un fondo de mermelada disfrazada se hundió en la conciliación de las cámaras por falta de quórum, aunque el gobierno pretendía salvarla el pasado domingo por la noche, cuyos resultados no conozco a la hora de escribir este comentario. Para el Congreso es mejor conservar el sistema “ñoño” que permite corrupción en la elección a las cámaras.

La  consulta anticorrupción del 26 de agosto falló por poco. Si la izquierda unida no la hubiera convertido en una plataforma política, habría pasado. Luego de ella se creó una “mesa técnica”, con presencia de todos los partidos políticos, y el gobierno presentó ocho proyectos de ley en materias tan variadas como reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado; cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado; contratación transparente obligatoria en todo el país. Lo primero que se cayó fue la reducción del salario de los congresistas que, con auxilios y auxiliadores, llega a 50 millones mensuales. Y lo demás tambalea. No se le puede pedir a los “ñoños” camuflados que aún pululan en el Congreso que aprueben semejante cosa.

Y de la tributaria, ni hablar.