HAY DOS formas de ver el escenario con que termina el proceso de paz con el Eln esta semana. Y cada una de esas visiones puede llevar, por lógica simple, a dos conclusiones diametralmente opuestas sobre el futuro de la negociación.

Para los escépticos el proceso puede estar agonizando por tres elementos sustanciales: el Gobierno decidió relevar de sus funciones a toda la comisión negociadora oficial que venía de la administración Santos; en segundo lugar, pese a que la guerrilla del Eln insiste en que no tiene más secuestrados en su poder, e incluso esta semana fue liberada una niña en el Chocó, el Ejecutivo considera que hay por lo menos una decena de cautivos por los que debe responder; y, en tercer lugar, el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, ha sido claro en los últimos días no sólo en que se requiere la liberación de todos los secuestrados y el cese de las actividades terroristas y de hostilidades a los civiles, sino que abrió la posibilidad de que la agenda misma de negociación y la metodología de las conversaciones -pactada con el gobierno Santos- puedan ser eventualmente reformadas.

"Las mesas de diálogo no son solo para conversar durante años. Eso nos preocupa mucho de la agenda del gobierno pasado con el Eln. Al presidente Duque  lo eligieron con un mandato claro: lograr una paz seria a partir de una agenda creíble", advirtió Ceballos.

¿Qué implicaría ese cambio de la agenda? No se tiene claro por el momento cuáles serían esas reformas, salvo que, por obvias razones, lo más seguro es que vayan dirigidas a varios aspectos puntuales. En primer lugar, ponerle un límite en el tiempo a la negociación, evidentemente inferior a los cuatro años del mandato presidencial y que evite un desgaste político del Ejecutivo.

En segundo término, se ajustaría la metodología pactada con Santos en torno a que la llamada “sociedad civil” tenga una participación activa en la mesa. Esta circunstancia, como se sabe, ha sido una de las mayores causas de la dilación en las conversaciones por el tiempo que tomó la primera ronda de audiencias públicas en las que distintos sectores sociales hicieron propuestas para llevar a la mesa de negociaciones. Duque sería más partidario de una discusión bilateral y práctica.

Una tercera reforma que el nuevo Gobierno podría presionar en el proceso con el Eln es replantear la extensión y contenido de una agenda -anunciada en 2016 tras más de dos años de conversaciones preliminares- que tiene cinco ejes sustanciales genéricos y algo gaseosos: participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas del conflicto, fin del conflicto e implementación.

Sin embargo, el lío está en los subpuntos, pues allí figuran o se insinúan la disposición del Estado a discutir y pactar con esa guerrilla reformas de fondo en materia política, económica, ambiental, de explotación de recursos naturales no renovables, reingeniería de inversión social, lucha anticorrupción, justicia transicional, mecanismos de cese el fuego, reformas a la judicialización de la protesta social, destinación presupuestal para el posconflicto, coadministración de la implementación de un eventual pacto, derechos políticos de los desmovilizados…

De lo advertido por los voceros del Eln es claro que no estarían dispuestos a modificar lo que tanto tiempo tardaron en pactar con el gobierno Santos, más aún cuando la comandancia de ese grupo insurgente ha sugerido que el pacto firmado por las Farc pareció más un tratado de ‘rendición insurgente’ que una verdadera negociación para aplicar reformas de fondo en materia política, económica, social e institucional en Colombia.

Así las cosas, más allá del pulso -difícil pero superable- de los secuestros e incluso del contrapunteo sobre cuándo abocar un cese el fuego, si este sería bilateral o unilateral, o si tendría localización territorial de tropas subversivas -tema más complicado de pactar pero no imposible-, es claro que el hecho de que el gobierno Duque ya esté poniendo sobre el tapete la posibilidad de revisar la agenda de la negociación con el Eln eleva la incertidumbre sobre la continuidad o no de esta. Eso es apenas obvio.

Pero…

Ahora bien, como se dijo al comienzo, hay otra forma de analizar el escenario con que termina esta semana el proceso de paz con el Eln. Una óptica, si se quiere, más positiva, en la que el relevo de los negociadores oficiales que venían del gobierno Santos es un paso lógico hacia la designación en pocos días o semanas de los delegados de la administración Duque para sentarse en la Mesa en La Habana. Una óptica en la que se considere que los condicionamientos sobre la liberación de los secuestrados y el cese del terrorismo y la afectación de los civiles, lo que busca es que las conversaciones no se vean constantemente afectadas ni presionadas por hechos de conflicto armado. Y una óptica positiva en que las decisiones de la Casa de Nariño en torno a prorrogar la ley 418 (marco de los procesos de paz), seguir interesado en la Misión de Verificación de Paz de la ONU en Colombia e incluso la advertencia de que una eventual nueva ley que desligue el narcotráfico y el secuestro del delito político sólo operaría hacia adelante, son parte de la estrategia de posicionamiento de un Gobierno que se alista para negociar pero quiere imponer condiciones antes de sentarse.

La pregunta es una sola: ¿cuál de las visiones es la más acertada? Por ahora la respuesta no parece clara.