De estos casos relacionados, por lo menos 49 involucran menores de edad cuyos victimarios tienen que ver con familiares,

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A pesar del endurecimiento de penas contra el delito sexual en Colombia, las noticias que revelan la dura realidad de este hecho en el país no cesan. EL NUEVO SIGLO lo constató realizando un seguimiento a las noticias publicadas durante el último mes en la página de la Fiscalía  General de la Nación,  en cuanto al tema respecta, lo cual arrojó un total de 54 hechos relacionados con abuso sexual, sexting y explotación sexual, entre otros.

Titulares como “asegurado docente por presunto abuso sexual de dos menores de edad”, “a la cárcel por presuntas agresiones a menor que no aceptó tener relaciones sexuales”, “cárcel para tendero que habría abusado sexualmente de una menor de edad”, “capturado presunto abusador sexual en Armenia”, son el amplio reflejo de la preocupante situación del país, especialmente porque la mayoría de casos involucra menores de edad.

De dicho seguimiento, EL NUEVO SIGLO constató que en departamentos como Valle, Tolima, Nariño, Chocó y Quindío, son las regiones con mayores casos. De estos 54 asuntos relacionados, por lo menos 49 involucran menores de edad. Así mismo, la mayoría de casos de los abusadores implican familiares tales como padres de familia, tíos y padrastros, seguidos por tenderos o personas muy cercanas al núcleo familiar.

En dicho historial noticioso del último mes, resaltan 6 casos que involucran a docentes y unos cinco casos tienen que ver con desconocidos que atacan a sus víctimas ya sean menores o mayores de edad.

Cifras que alarman

Según el último informe Forensis, “durante el año 2016 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 21.399 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en Colombia, con una tasa de 43,90%. Según el sexo de la víctima el 73,98% eran mujeres: con una razón mujer: hombre de 5:1. La distribución por grupos etáreos muestra diferencias según el sexo, en mujeres el mayor número de casos esta entre los 10 a 13 años y en hombres entre los 5 a 9 años. En general el 86% de las valoraciones se realizaron a personas entre los 0 a 17 años.

El 76,57% de las víctimas contaban con nivel de educación básica primaria o menos, congruente con la distribución por edad de la población evaluada.

El presunto agresor, en el 88% de los casos era una persona cercana a la víctima (familiar, conocido, amigo y pareja o ex pareja).

De acuerdo al escenario del hecho, la vivienda registra una proporción de 76,06%.

En el mes de agosto ocurrieron más casos, 1.942; los miércoles y viernes son los días con mayor porcentaje 16,66% y 10,65% respectivamente.

“Las ciudades capitales Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena de Indias presentaron las cifras más altas de registros de casos por presunta violencia sexual”.

El pasado 14 de febrero el ICBF y Red Papaz, rechazaron dichas situaciones que se presentan en las aulas, “los hechos registrados en los últimos días en los que 91 educadores y otros trabajadores de colegios públicos de Bogotá (89 hombres y 2 mujeres) están incursos en procesos disciplinarios por supuestos casos de abuso sexual con estudiantes, nos llaman a asumir el rol protector que nos obliga la Ley con los menores de edad. La prioridad ahora es agilizar las diligencias, pruebas y decisiones y prestar especial atención a la sanción de los responsables y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados de los menores de 18 años”.

“El Código de Infancia y Adolescencia es explícito en prohibir privilegios a quienes atentan contra los niños, niñas y adolescentes, y establece que deben cumplir su condena en la cárcel sin beneficio de detención domiciliaria. Así mismo, en los casos que involucran a niños menores de 14 años, la ley establece que las penas se aumentan en el doble”, indicó en aquel momento la directora de la entidad, Cristina Plazas.

Operativo sin precedentes

La Fiscalía General de la Nación destacó en su portal el pasado 24 de agosto que formuló  1.952 imputaciones y solicitó a esa fecha 729 órdenes de captura.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, destacó la trascendencia del operativo que se desarrolló en aquella época y con el que se pretendía castigar a los presuntos responsables de los delitos por violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar.

En dicho operativo, en el que participaron las 35 seccionales de la Fiscalía, se dispuso la imputación de 1.952 personas de las cuales 729 tienen orden de captura.

“Por violencia sexual serán imputadas con orden de captura 241 personas. La Seccional de Bogotá registra el mayor número de órdenes de capturas expedidas con 89, seguido de Cali con 53, Magdalena con 18 y Cesar 15. Entre el primero de enero y el 16 de agosto de este año se han registrado 25.499 denuncias en todo el país por delitos de violencia sexual. El 24.2% se concentró en la ciudad de Medellín (Antioquia)”.

Además de las 729 órdenes de captura solicitadas por los diferentes fiscales seccionales en todo el país, también se solicitaron 1.223 imputaciones por los tres delitos de violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar.

De estas imputaciones se destacan las solicitudes de: 148 casos en Bogotá, 109 en Antioquia, 108 en Norte de Santander, 74 en Atlántico y 71 en Risaralda.

Prevención

Ayer, respecto a los recientes hechos presentados que involucran menores de edad, la Comisión especial por la niñez sesionó para establecer junto a entidades como la Fiscalía General de la Nación y Medicina Legal, mecanismos para la prevención del abuso sexual en menores y la incursión en nuevas herramientas tecnológicas para la judicialización de quienes cometan este tipo de delitos.

Al respecto el representante del Partido de La U, Efraín Torres, explicó: “Medicina Legal en cabeza de su director, Carlos Valdés, mencionó la importancia de la creación de un banco de datos de ADN. Allí se desarrollaría dos factores muy importantes: primero, le damos nuevas herramientas tecnológicas a la investigación forense y segundo, le damos a la justicia la prueba reina para judicializar efectivamente a violadores de niños, niñas y adolescentes”.

En el mismo sentido el legislador mencionó la necesidad, de que los entes como las Fiscalía en conjunto con el ICBF y otras entidades del Estado, realicen campañas de prevención de los delitos sexuales.

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