El juzgado 4º Administrativo de Bogotá decretó las medidas cautelares solicitadas por los cabildantes del Polo, Sintrateléfonos y Atelca, y ordenó “la suspensión temporal del procedimiento o actuación administrativa que actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del Decreto 207 del 27 de abril de 2017, por medio del cual se aprobó el programa de enajenación de las acciones que el distrito capital y otras entidades poseen en la ETB S.A., E.S.P.”.
La orden del juez se emite en el marco de una demanda de nulidad presentada en contra de la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, por las aparentes ilegalidades en las que incurriría el alcalde, Enrique Peñalosa.
Según el concejal Manuel Sarmiento, la privatización de la ETB es abiertamente ilegal porque el Alcalde violó el principio de unidad de materia al introducir la venta como un mico en el Plan de Desarrollo. “Es una gran noticia para los capitalinos, quienes seguiremos defendiendo nuestro patrimonio público. Hago un llamado para que la ciudadanía y los trabajadores de la ETB nos unamos, y nos movilicemos para derrotar esta privatización, y para defender lo que nos pertenece”, concluyó el concejal del Polo.
Por su parte, el concejal Jairo Cardozo, del Movimiento MIRA aseguró a EL NUEVO SIGLO, “estamos felices con esta decisión judicial, a pesar de que solamente es una medida cautelar nos marca una buena pauta en el sentido de que seguramente la demanda puede tener un buen resultado para proteger el resultado público de la ciudad, entonces nosotros estamos muy satisfechos con esta decisión y esperamos que así mismo en ese sentido se dé el fallo de la demanda que se interpuso para buscar proteger el patrimonio de todos los bogotanos”.
EL NUEVO SIGLO también indagó con el concejal José David Cardozo, del partido Cambio Radical, quien dijo, “toca esperar qué proceso falla el Juez para desarrollar los argumentos jurídicos que él tenga. Crear la medida cautelar es potestad del Juez y si el Juez falló en derecho toca respetárselo, pero no estoy de acuerdo con eso porque nosotros cumplimos con todos los requisitos legales que se necesitan para aprobar la venta, entonces no entiendo por qué va a aplicar una medida cautelar cuando creo que el fallo de fondo va a ser que está permitida la venta de la ETB en la forma en que se aprobó la enajenación”.
“Dependen inversiones de Bogotá”
“La medida cautelar tomada por el Juez lo que hace es tomar una determinación provisional mientras se toman decisiones finales, lo que nosotros consideramos es que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Plan de Desarrollo y por la Ley para hacer una venta de activos y esperamos que cuando el Juez resuelva, tenga en cuenta que se cumplieron esos requisitos y se pueda seguir adelante con la venta de esta empresa que le permitirá a Bogotá hacer inversiones y salvar la empresa porque está en un sector no competitivo, pero mientras tanto es necesario que el Distrito se dedique a hacer toda la diligencia judicial a la que está enfrentada”, aseveró a EL NUEVO SIGLO el concejal Diego Molano, del Centro Democrático.
Finalmente, el concejal conservador Nelson Cubides afirmó a EL NUEVO SIGLO, “no se conoce todavía la sentencia completa o al menos no la conozco yo personalmente para saber en qué basa el Juez la decisión en el sentido de que considera que no hay la suficiente argumentación por parte de la Alcaldía para poder tomar una decisión de este nivel, entonces en ese sentido hay que conocer de fondo porque evidentemente tuvo una discusión bastante amplia en la comisión del plan cuando se aprobó y se autorizó la venta no solamente en la Comisión hubo foros, debates, una información bastante fuerte además del cabildo que se realizó en dos sesiones, entonces uno no entendería cuáles fueron las razones. Habría que esperar cuál es la decisión, en todo caso si se llega a tomar esa decisión al final se va a perder una oportunidad muy especial para poder optimizar esos recursos en inversión social que son temas más representativos como los 6 hospitales, 10 colegios que entre ellos están dispuestos a realizarse con estos recursos”.
La suspensión es temporal, mientras el juzgado estudia de fondo la acción popular y otros despachos hacen lo propio con otras medidas administrativas que cursan, por ahora lo cierto es que el Distrito debe esperar a que sea la justicia la que defina el futuro de ese negocio.