* Naciones Unidas se sumó a los campanazos
* Victimización civil aumenta a niveles críticos
La inseguridad y el desorden público continúan agravándose en medio del accidentado proceso de diálogo y negociación que el Gobierno adelanta con varios grupos armados ilegales. Las últimas semanas han sido particularmente críticas, especialmente por el accionar criminal de las facciones residuales de las Farc, el ‘Clan del Golfo’ y frentes del ELN.
Este año ya van 16 masacres, 40 líderes sociales asesinados así como nueve excombatientes. La noche del jueves se presentó una escalada de ataques terroristas en el Valle por parte del llamado ‘Estado Mayor Central’, en tanto que en sendos combates con esta facción subversiva y la ‘Nueva Marquetalia’ en regiones de Tolima y Nariño fueron abatidos no menos de doce de sus integrantes. A ello se suma que en ataques de esas facciones en Huila y Cauca perdieron la vida tres miembros de la Fuerza Pública.
Si bien el cese el fuego con las disidencias, también llamadas ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, continúa suspendido solo en Cauca, Nariño y Valle, los gobernadores de distintos departamentos, como Tolima, Huila y Antioquia, entre otros, han pedido que en sus jurisdicciones también se rompa la tregua y se permita a las Fuerzas Militares y de Policía pasar a la ofensiva para contener la oleada criminal que está azotando a la población civil. Arauca a su turno, pareciera un frente de guerra abierto. Los índices de homicidios, desplazamiento y confinamiento forzado de población, extorsiones y otros delitos aumentan aceleradamente en distintas zonas. De otro lado, es tal el boom de los narcocultivos -por la decisión gubernamental de no priorizar la erradicación de sembradíos ilegales- que hay una sobreoferta de hoja y pasta de coca en muchas regiones, lo que está llevando a que los precios de estos insumos para producir el alcaloide hayan caído, dejando en vilo a muchos campesinos cocaleros.
A los campanazos de los mandatarios seccionales así como de los congresistas, Defensoría y Procuraduría respecto a este incremento de la violencia en muchas regiones, se sumó ayer el último informe periódico de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, en torno a lo ocurrido entre el 27 de diciembre de 2023 y el 26 de marzo pasado. En el reporte el secretario general del ente multilateral, António Guterres, advierte sobre la situación de inseguridad en varias zonas del país, que no solo afecta a la población civil sino a los líderes sociales y excombatientes. También alerta sobre casos de desplazamiento forzado de población. Si bien pondera los escenarios de diálogo del Ejecutivo y grupos armados ilegales, urge que se refuercen los compromisos de protección de la población civil y se complementen los ceses al fuego con medidas concretas inmediatas en beneficio de las comunidades a corto plazo, especialmente en las regiones afectadas por el conflicto.
La situación es tan crítica que el propio Ministro de Defensa admitió la semana que las disidencias estaban aprovechando el cese el fuego para expandirse, como se deriva del desafiante anuncio de esa facción en torno a crear un ‘bloque’ en los departamentos de Huila, Tolima y Quindío. Frente a ello, el comandante de las Fuerzas Militares advirtió, en entrevista dominical con este Diario, que esa clase de anuncios evidenciaba una clara actitud de beligerancia bélica y falta de voluntad de paz. De paso, ratificó que la Fuerza Pública está respondiendo con contundencia al accionar de la delincuencia común y organizada.
De hecho, en entrevista publicada hoy, la mandataria del Tolima alarma sobre la crisis de orden público en el sur de ese departamento y volvió a reclamar del Gobierno una acción inmediata y efectiva para restablecer el imperio del Estado y la ley en las zonas en donde los grupos residuales de las Farc están delinquiendo sin cuartel.
Hemos reiterado en estas páginas que la política de “paz total” que adelanta el Gobierno, con varias mesas de negociación paralelas, no solo es accidentada, sino que está limitando peligrosamente al uso legítimo de la fuerza militar y policial, lo que está siendo capitalizado por toda clase de delincuentes para disparar la victimización de la población civil y ‘adueñarse’ de enclaves de narcotráfico, minería criminal, secuestro, extorsión y otra gama amplia del universo criminal en muchos departamentos y municipios.
Lamentablemente, el Gobierno sigue teniendo oídos sordos ante este repunte de la violencia rural y urbana, pese a que ha sido la nota predominante y denuncia principal de los gobernadores y alcaldes en los primeros 100 días de mandato que están por cumplirse. En muchos territorios los delincuentes están imperando, en tanto que la Fuerza Pública continúa, como se dice popularmente, con las ‘manos amarradas’, lo que les impide cumplir su principal deber misional: proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Lamentable panorama.