- Candidatos perdedores y cupos en asambleas y concejos
- No subdimensionar ni depreciar una figura innovadora
Si bien es cierto que a nivel nacional el Estatuto de la Oposición ya se viene aplicando desde agosto de 2018, sobre todo en lo relativo al Congreso, sin duda alguna la mayor prueba de fuego será su implementación departamental y municipal, más aún si se tiene en cuenta que en las gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos la política y el manejo de lo público tienden a un desarrollo más dinámico y, si se quiere, apasionado por las diferencias marcadas e inmediatas entre las distintas expresiones partidistas y gubernamentales del momento.
Aunque no provino directamente del Estatuto aprobado en el primer semestre de 2018, uno de los elementos clave para hacer realidad la emulación entre las distintas opciones políticas es aquella normativa (que nació en la llamada “reforma de equilibrio de poderes” de 2015) que permite a los segundos en votación en los comicios para cargos unipersonales de elección popular, es decir de Presidente de la República, Gobernador o Alcalde, tener derecho a un escaño automático en los respectivos órganos legislativos de cada circunscripción: Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales.
Como ya se sabe, el tiquete que en 2018 perdió la contienda presidencial fue el primero en estrenar la figura, y por ello llegó al Senado el candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, que luego perdería el escaño porque el Consejo de Estado falló en su contra una demanda de doble militancia.
Tras los comicios del pasado 27 de octubre llegó la oportunidad de aplicar esa figura a nivel departamental y local. Desde el mismo día en que las urnas señalaron a los ganadores y a quienes quedaron segundos en votos existía una gran expectativa por conocer cuáles de estos últimos aceptarían ir a las asambleas y concejos. Aunque hubo muchos aspirantes que al calor de los escrutinios se apresuraron a decir si aceptaban o no esta oportunidad, lo cierto es que hasta ahora, pasadas más de tres semanas de posesionados los nuevos cuerpos colegiados a nivel seccional y local, el país no tenía todavía un reporte global sobre la materia.
Afortunadamente esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el parte oficial y hubo varias sorpresas. En primer lugar, que 28 de los 32 candidatos a gobernaciones que quedaron segundos en las urnas aceptaron ser diputados. Los perdedores en Cauca, Nariño, Vichada y Magdalena declinaron esa oportunidad. En cuanto a la puja por las alcaldías, 693 de quienes quedaron detrás del ganador aceptaron curules en los respectivos concejos y 408 dijeron que no.
Para los analistas el dato de las gobernaciones no sorprendió e incluso inicialmente se esperaba una mayor negativa. Por el contrario, llamó mucho la atención el alto número (37%) de candidatos perdedores en alcaldías que no quisieron un escaño en el Concejo. Por ahora resulta apresurado aventurar hipótesis al respecto pero sin duda es un fenómeno que debe analizarse a fondo.
Aunque hay quienes consideran esta figura como una especie de “premio de consolación” para los perdedores en las urnas, esa visión es, a todas luces, equivocada. No hay tal. El propio Presidente del CNE señalaba esta semana que estas curules automáticas en asambleas y concejos son la oportunidad para que los candidatos que no ganaron las elecciones representen en esos cuerpos colegiados a la masa de ciudadanos que apoyaron sus programas de campaña. En la medida en que cumplan ese rol el control político a los alcaldes y gobernadores de turno será más efectivo. También debe servir este mecanismo para que los mandatarios entiendan que gobiernan para todos los habitantes y no solo para los partidos y los nichos poblacionales que los respaldaron. De igual manera, las asambleas y concejos juegan un papel determinante a la hora de aprobar los planes de desarrollo y los presupuestos anuales, también para viabilizar (mediante ordenanzas o acuerdos) los programas y proyectos clave de la administración. Así las cosas, la calidad y efectividad de toda esa normativa serán mayores en la medida en que pasará por el tamiz de quien fuera el rival político y electoral del jefe del Ejecutivo seccional o local.
Como se ve, calificar esta figura como “premio de consolación” es subdimensionarla y depreciarla peligrosamente. Por el contrario, apunta a enriquecer la democracia, mejorar el control político, fortalecer el equilibrio de poderes, hacer más eficiente la vigilancia anticorrupción e incluso el propio sistema de pesos y contrapesos institucionales en departamentos y municipios, cualidades estas que mucha falta hacen en estos niveles de la administración de lo público.
Por ahora la nueva fecha clave será el próximo 3 de febrero, cuando vence el plazo establecido por el Estatuto de Oposición para que las bancadas en asambleas y concejos se declaren formalmente como gobiernistas, independientes o en oposición. La lógica política indicaría que los candidatos perdedores que lograron curules automáticas no deberían hacer parte de las coaliciones oficialistas, aunque legalmente no hay norma que se los impida. Habrá que esperar qué pasa y con base en ello analizar si se requieren ajustes adicionales a esta figura para que no se desnaturalice de entrada.