• Muchas no pasan de los “comités de aplausos”
• Facilitar participación activa de la ciudadanía

Por estos días la nota predominante en muchas entidades públicas de orden nacional, regional o local es la organización de las jornadas de rendición de cuentas, en donde los titulares informan a la ciudadanía así como a los entes de control y al resto del conjunto estatal sobre sus ejecutorias, nivel de cumplimiento de metas, procesos contractuales y todas las informaciones que se requieran para tener una idea clara sobre la marcha de la respectiva institución.

Normativizada desde la propia Constitución, la rendición de cuentas es obligatoria en Colombia, a tal punto que desde la ley 489 de 1998 se estableció que todas las entidades y organismos de la administración pública, del orden nacional y territorial, tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y democratización de la gestión pública. En ese orden de ideas, deben informar periódicamente sobre su accionar de forma tal que la ciudadanía pueda ejercer control y veeduría sobre los resultados de gestión y demás procesos administrativos.

Con el correr de los años se ha ido avanzando en la reglamentación de estas jornadas, incluyendo un documento Conpes de 2010 así como sucesivos mandatos legales anticorrupción. De igual manera, en 2014 se expidió una norma aún más focalizada sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública nacional. Incluso el Departamento Administrativo de la Función Pública expidió un “Manual Único de Rendición de Cuentas” para reglar al detalle los objetivos de estas actuaciones oficiales. Incluso ya existe toda una metodología para presentar estos balances de gestión según el campo de acción de la respectiva entidad o su función primordial. Se considera que en la medida en que ello se cumpla el país avanza en las llamadas “prácticas de buen gobierno”, basadas en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y, claramente, de rendición de cuentas.

Aunque la gran mayoría de entidades públicas cumple con la formalidad de la rendición de cuentas, es evidente que la ciudadanía no se ha apropiado de forma efectiva y proactiva de este mecanismo vital de veeduría y control. Salvo muy contadas excepciones, estas jornadas se llevan a cabo con la asistencia primordialmente de los funcionarios de esas mismas entidades -que hacen las veces de “comité de aplausos”- así como la presencia formal de los delegados de entes de vigilancia y control que deben certificar si se hacen públicas las informaciones relativas a resultados de gestión, cumplimiento de metas, nivel de ejecución presupuestal, política contractual, balance administrativo, mecanismos de gobierno en línea y acceso a los datos públicos, estados financieros, recursos humanos y porcentajes de avances en cuanto a los planes estratégicos y de desarrollo respectivos.

Para algunos veedores ciudadanos las jornadas de rendición de cuentas no han funcionado efectivamente por razones de forma y fondo. Entre las primeras señalan, por ejemplo, la realización de estas en días entre semana, lo que impide al grueso de la población de determinada jurisdicción territorial o grupo de impacto de tal o cual entidad poder asistir a estos cortes de cuentas, pedir las aclaraciones del caso e, incluso, advertir ante los entes de control de posibles anomalías funcionales o casos de corrupción. También sostienen los veedores que la ciudadanía no tiene acceso previo a esos balances de gestión de las entidades, lo que restringe la posibilidad de analizar la información y constatar su veracidad.

En cuanto a las razones de fondo, la más reiterada se refiere a que los entes de control y vigilancia no se toman el tiempo suficiente para revisar de forma pormenorizada cada uno de los datos que son suministrados en estas jornadas, de forma tal que se pueda certificar que corresponden con la realidad y no hay ‘maquillaje’ de resultados.

Es evidente que las rendiciones de cuentas son una herramienta importante de control ciudadano a la gestión de las entidades y sirven, además, como elemento clave dentro de las estrategias de transparencia y anticorrupción. Pero es necesario realizar ajustes para que vayan más allá del mero trámite formal y queden reducidas al “comité de aplausos” de la respectiva institución. Se necesita no solo facilitar la participación activa de los colombianos en las mismas sino que los entes de control asuman la obligación de revisar con lupa cada dato y cifra entregada, y cuando alguna no corresponda que se proceda a la respectiva sanción al responsable. Solo así el objetivo de la generalización de las buenas prácticas de gobierno se concretará.