A marchas forzadas avanza el debate al proyecto de reforma tributaria. Los ponentes de las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara adelantan el estudio de la iniciativa, en tanto que se desarrollan foros y audiencias públicas para establecer qué ajustes requiere el articulado. Es claro que la discusión se ha visto eclipsada por la coyuntura de los procesos de paz pero aun así la lluvia de críticas al apretón en impuestos crece día tras día, sobre todo en señalamientos que tildan al proyecto de antitécnico, regresivo, desequilibrado e incluso inconstitucional.

Los pliegos de cargos contra el alcance del proyecto son múltiples. De un lado, están los expertos, centros de estudios, congresistas y otras instancias políticas, económicas, sociales, gremiales y territoriales que insisten en que la fórmula propuesta en materia de impuesto de renta, establece gabelas excesivas para las grandes empresas y no así para las medianas y pequeñas. De allí que propongan establecer tarifas graduales y progresivas, como existe en otros países. Los empresarios, a su turno, han advertido que la rebaja en imporrenta no compensa con el incremento o creación de otros gravámenes como el de dividendos. 

El aumento del IVA del 16 al 19% también genera polémica en medio de una guerra de versiones sobre los productos, bienes y servicios que serán gravados y los que no. El alcance del monotributo, el nuevo impuesto que se plantea crear para los pequeños contribuyentes, continúa siendo muy confuso y varios expertos consideran que podría terminar siendo peor el remedio que la enfermedad, ya que parte de la base de gravar los ingresos y no utilidades de los pequeños comerciantes. El Ejecutivo ha replicado que, por el contrario, el gravamen propuesto simplificará la carga tributaria de éstos y les traerá otros beneficios pensionales, de seguros, cajas de compensación y riesgos laborales.

Respecto a la propuesta de castigar con cárcel a los grandes evasores, hay división de opiniones entre quienes consideran que es un buen arranque para ir apretando gradualmente a quienes no cumplen obligaciones tributarias y los que advierten que el mecanismo propuesto es muy débil, en el sentido de que sólo con pagar una multa se soluciona la grave infracción.

El impuesto sobre las bebidas azucaradas también ha levantado ampolla. Los gremios de este sector han replicado con múltiples estudios para tratar de demostrar que esta clase de gravámenes no reduce de forma sustancial los índices de obesidad, diabetes y otras enfermedades asociadas, en tanto que el Gobierno no sólo ha defendido la pertinencia de la medida tributaria, sino aclarado malentendidos muy sui generis como que la tradicional “agua de panela” no será afectada por el impuesto propuesto.

Otras de las propuestas de la reforma también han despertado muchas controversias, en especial los mayores controles a las entidades sin ánimo de lucro o los impuestos sobre teléfonos celulares y computadores de alta gama. A ello se agrega la discusión por la nueva categorización de los llamados “activos biológicos” en el sector del agro o la polémica, con amplio eco mediático y político, respecto a los impuestos sobre el sector de la vivienda… 

A todo lo anterior se suma el hecho de que la discusión de la reforma tributaria se cruza ahora con el arranque de las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo para el próximo año. Ya los sindicatos han advertido que el impacto del apretón impositivo será muy alto para las clases trabajadoras, en tanto que el Gobierno desestima esas previsiones aduciendo no sólo que el coletazo inflacionario por la nueva carga tributaria será mínimo, sino que la reforma va dirigida a incrementar la oferta de empleo de calidad. 

Paralelamente se está llevando a cabo la discusión en torno a las ventajas y desventajas que tiene el proyecto de ley que amplía en dos horas la jornada nocturna. Los sindicatos sostienen que se trata de un avance pero que es insuficiente puesto que el recorte desde el 2002 fue de cuatro horas y ahora sólo se restablece la mitad. En tanto los empresarios advierten que la medida, contenida en un proyecto de ley que ya surtió dos de los cuatro debates en el Senado, impactará fuertemente en el costo de las nóminas y podría llevar a congelar plazas o incluso a despidos. El Gobierno, que apoya esta reforma a los recargos por trabajo nocturno, afirma que se trata de una justa compensación a los trabajadores que no afectará en forma grave las finanzas de los empleadores. 

Como se ve, el escenario de debate de la reforma tributaria es cada día más complejo y aunque ya se habla de sesiones extraordinarias para asegurar su aprobación antes de que termine diciembre, es obvio que el articulado sufrirá grandes cambios, sin que esté claro que los recursos que urge el Gobierno para morigerar el abultado hueco fiscal se puedan conseguir con esta iniciativa. Y eso, de entrada, implica un riesgo mayor.