• La hoja de ruta del crecimiento económico
• Acelerar el impacto de la inversión social

Retos. Eso es lo que viene ahora para el Gobierno luego de la aprobación de la “Ley de Crecimiento” o de reforma tributaria por parte del Congreso la madrugada del viernes pasado. El debate tanto en las comisiones económicas conjuntas como en las plenarias de Senado y Cámara fue muy movido, como es apenas natural tratándose de una modificación a la estructura de impuestos.

Es obvio que se equivocaron quienes semanas atrás pensaban que no habría mayor discusión por tratarse de un articulado muy parecido al aprobado a finales del año pasado bajo el nombre de “Ley de Financiamiento” y que en octubre reciente fue ‘tumbado’ por la Corte Constitucional, aunque dejó vivos sus efectos hasta el último día de este año. No se calculó en esos pronósticos que había un escenario político y partidista distinto al de diciembre de 2018 y que los resultados positivos de la reforma ya estaban reflejados en el crecimiento económico de este 2019. Tampoco se sopesó en su justa dimensión el aumento del desempleo, la revelación del Índice de Desarrollo Humano en Colombia así como un clima social crispado por cuenta del paro, las marchas derivadas y el tempranero pulso sobre el aumento salarial y la reforma pensional. Sin duda, un marco no solo nuevo sino complejo.

Hay que ser claros: la posibilidad de que la reforma se hundiera o fuera fuertemente recortada, en realidad, nunca estuvo cercana, ya que para las mayorías del Parlamento, incluso para las bancadas que se opusieron a la misma, era evidente que negar el proyecto significaría un problema fiscal muy grave para el Gobierno y los presupuestos para inversión social, funcionamiento y servicio de la deuda. Las notas de las firmas calificadoras de riesgo, el flujo de inversión y hasta el clima de estabilidad jurídica para mantener un dinamismo productivo muy superior al promedio latinoamericano, estaban en juego y todos lo sabían.

Teniendo esa realidad inesquivable como marco de referencia, el pulso, entonces, se dirigió en gran parte a cuál era el margen para la modificación del articulado y si el Ejecutivo tenía o no las mayorías parlamentarias para defender y hacer aprobar el grueso de su propuesta. Al final fue claro, sobre todo en las plenarias, que un relativamente alto nivel de disciplina en la coalición oficialista y el apoyo argumentado de Cambio Radical terminaron siendo la clave que viabilizó la reedición legal de la receta tributaria.

Siendo obvio que no hay reforma tributaria que deje contentos a todos los sectores y que lo que para algunos son ‘gabelas’ regresivas para otros constituyen incentivos necesarios y progresivos, el desafío ahora es para el Gobierno que deberá, al tener ya un horizonte de financiación asegurado para el resto de su cuatrienio, maniobrar rápidamente para llevar a la práctica todas las bondades que antes, durante y después de la aprobación de la “Ley de Crecimiento” reiteró ante el Congreso y la opinión pública.

Con una economía creciendo este año a más del 3% y una proyección levemente superior para 2020, el reto no solo es mantener ese dinamismo sino hacer más tangible para el ciudadano de a pie que ese desarrollo y progreso también le toca a él. Tanto el Presidente de la República como el Ministro de Hacienda recalcaban el viernes pasado que, precisamente, para reducir la desigualdad y hacer visible el impacto social positivo de esta reforma, se implementarán de forma rápida medidas como la devolución del IVA para el 20% de la población más pobre (cerca de 2,8 millones de hogares); los tres días al año en que este impuesto no se aplicará a las compras más recurrentes de las clases populares; la reducción gradual de la cotización a salud de los pensionados entre uno y dos salarios mínimo, así como la creación de incentivos adicionales a las compañías que generen empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años.

De igual manera, es evidente que los beneficios e incentivos tributarios a las empresas grandes, medianas y pequeñas no solo son necesarios para proteger el crecimiento económico, sino que desmontarlos golpearía fuertemente la competitividad y rentabilidad de las compañías, un riesgo casi suicida para el país. Mantener esas prerrogativas impositivas, entonces, resulta una medida positiva. Pero no hay que perder de vista que tienen un alto costo para el fisco, razón por la cual estará en el sector privado y el Gobierno acelerar los planes de choque para que el desempleo se reduzca con más rapidez. Ya de por sí es buena señal que uno y otro estén aumentando sus ofertas para el alza salarial del próximo año.

La premisa es sencilla: el aumento de la plusvalía productiva debe ir de la mano de la mejora de la calidad de vida del grueso de la población. Si ello no ocurre se estaría dando la razón a los críticos de la reforma, una licencia que la Casa de Nariño ni el sector privado pueden tomar en momentos en que el clima social está agitado y sectores de la centro izquierda y la izquierda radical quieren sacar, de manera oportunista, provecho de esa circunstancia.

Y no menos desafiante es la nueva reforma para la DIAN que no solo debe seguir aumentando su eficiencia en el recaudo sino que ahora tendrá una herramienta clave para ello: la facturación electrónica se generalizará. Son muy ambiciosas las metas en cuanto a combate a la evasión y la elusión, y en la medida en que los montos billonarios de estas se reduzcan, habrá mayor margen fiscal y la inversión social podrá ampliarse de forma más tangible e impactante.

Los retos que impone esta nueva carta tributaria son, como se ve, muy altos. Cualquier desfase en la implementación de sus objetivos y beneficios prometidos, será muy costoso en materia política, económica y social. Un riesgo que, en esta difícil coyuntura, no es dable asumir por ninguna circunstancia.