El sistema de contratación con el Estado, la adquisición de licencias para cualquier asunto, el aparato fiscal y las políticas tributarias, como muchos trámites que se deben hacer por ley ante los gobiernos tanto nacional, departamentales o municipales son un insumo para la corrupción.
Veamos esto, un ciudadano requiere una licencia para cualquier asunto, sea de construcción, remodelación, adecuación o para abrir un nuevo negocio o explotar algún otro. Alguien quiere contratar con el Estado un suministro, una obra, un servicio etc. La tramitología se lo traga. No solamente la fatiga de oficina en oficina, los memoriales, derechos de petición, consultas, términos e instancias agotan al más fuerte. Entonces ahí es donde viene la “coima”: “déjese ayudar o ayudémonos” son las expresiones más comunes que se conocen en el argot corrupto, también como el “ají” es decir “agilicemos el proceso”.
Esa cultura del trámite, bien sea para beneficiarse algunos funcionarios públicos o simplemente por tradición es fatal para el ciudadano, carcome la moral pública y debilita la conciencia ciudadana, pues se ha vuelto la columna vertebral del funcionamiento del Estado. A diario vemos que casi la mitad de los alcaldes municipales están siendo investigados, sancionados o condenados por contrataciones sin lleno de los requisitos y en honor a la verdad muchos de ellos seguramente han omitido trámites, no por sacar provecho, sino por desespero ante obras o adquisiciones urgentes que requiere su municipio.
Si, la tramitología en Colombia es exagerada, países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, algunos europeos y asiáticos han suprimido una gran cantidad de trámites engorrosos e innecesarios, que no solo desesperan al ciudadano sino que se convierten en caldo de cultivo para la corrupción enfermando la salud del Estado.
Por tal razón el actual gobierno del presidente Duque, consciente de esa problemática y por intermedio de Planeación Nacional, está presentando una reforma ante el Congreso para eliminar tanto trámite y utilizar las plataformas digitales como vía de consulta, registros y trámites en línea. Lo mismo para facilitar la formalización de muchos negocios que evitan hacerlo por los altos costos, lo complejo y la pedidera de plata para facilitar los permisos.
De igual manera propone el gobierno una reforma a la ley de las APP, Asociación Publica Privada, que no funcionan por tanta exigencia que “maman” al proponente originador, estudios de estudios, norma de normas, revisión y contra revisión, reunión en reunión, opinión en opinión y en fin un camino tan largo y agotador, que solo produce retardo, aumentan los costos negándose obras de enorme necesidad.
Finalmente el país es quien sufre la consecuencia, tanto moral como objetiva y por eso muchas de las grandes obras o adquisiciones se ven salpicadas de escándalos y gran parte de ello se debe a la tramitología. Es hora de corregir esa modalidad y hacer un cambio cultural en lo público, que sea ágil, transparente y efectivo. Ojalá este gobierno lo logre y será un gran avance para el país.