Colombia es un país de regiones y ciudades cuya riqueza y diversidad no solo lo identifica en el mundo, sino que constituyen un gran potencial para su desarrollo. Sin embargo, por distintos factores estructurales y coyunturales, el desarrollo territorial del país padece de grandes contrastes y desigualdades. En consecuencia, las desigualdades ponen en cuestión de manera recurrente la capacidad de municipios, departamentos y nación para responder a los problemas y demandas de los territorios y las poblaciones que más sufren sus efectos; generándose así un círculo vicioso que ha mantenido regiones como la del litoral pacífico en el atraso y el olvido por décadas, aumentando sus padecimientos, ante la indiferencia de amplios sectores de la sociedad.

En este sentido, la acertada primera cumbre de alcaldes (56) y alcaldesas (8) del litoral pacífico colombiano, realizada en la ciudad de Santiago de Cali, del 9 al 10 de agosto, y que reunió a los 64 municipios y cuatro departamentos con el presidente de la República, Gustavo Petro -en la primera salida oficial de su mandato-, cobra gran significación por varias razones de índole socioeconómico, político-administrativo y financiero-presupuestal. Las cuales, a su vez, representan un giro sustancial en la manera como el nuevo gobierno quiere replantear no solo la forma tradicional de relacionarse con los entes territoriales y sus mandatarios sino de hacer frente a los problemas estructurales de las regiones a través de la orientación del desarrollo, el ajuste en las políticas públicas y del papel conjunto de la sociedad, las empresas y el Estado.

Los problemas del litoral Pacífico colombiano -región con más población afro e indígena- que trataron alcaldes/esas como la pobreza, los cultivos de uso ilícito, los jóvenes sin oportunidades atrapados en la guerra y las economías ilegales, la débil gobernanza territorial, la desigualdad que afecta mucho más a las mujeres, el desplazamiento y la crisis humanitaria por el conflicto y sus violencias, entre otros; reflejan en su mero enunciado, la gravedad y complejidad de la situación. Y como dijo el alcalde de Condoto, “el departamento del Chocó está sobre diagnosticado”, manifestando con ello la necesidad de pasar a la acción.

El presidente en su intervención fijó allí mismo la ruta al reconocer en la desigualdad el principal problema de la región del Pacifico. Y a partir de ello, impartió la directriz a sus ministros/as, también presentes: cambio de enfoque en la política social desde la perspectiva del acceso a derechos universales y prioridad a la región en la inversión y las políticas públicas.

En otras palabras, cumplir la Constitución de 1991 en su dimensión de materializar el Estado social de derecho -desviado por el enfoque neoliberal predominante-. Además, en la perspectiva actual de considerar el cambio climático y la transición energética.

El reto es enorme, la activación de mecanismos como el diálogo social y regional con carácter vinculante en la formulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo es un paso importante en la construcción de los acuerdos y prioridades del desarrollo territorial. Sin embargo, se requiere mucho más, pues no solo el aparato estatal sino la sociedad, las empresas e inclusive la cooperación y la banca de desarrollo requieren mejorar y reconfigurar sus instrumentos y espacios de articulación en torno a las agendas comunes de cada región para lograr mayor efectividad.

@Fer_GuzmanR