La situación vivida el jueves pasado en la ciudad de Medellín con el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia despertó muchas inquietudes, molestias y disgustos por un lado y de otro, al igual que aceptación ciudadana ante los niveles de agresividad y violencia generados desde el interior del claustro. El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoce el uso de explosivos y artefactos de construcción artesanal, hecho que atenta contra la integridad de los ciudadanos y miembros de las fuerzas del orden, poniendo además en grave peligro la vida de transeúntes, ajenos a estas actividades, razón de más para activar los protocolos que termina con la autorización a la fuerza pública, de ingresar en las instalaciones universitarias.

Inveteradamente no es normal observar la presencia de agentes policiales al interior de los campos universitarios, mucho menos verlos actuando o desarrollado procedimientos propios de sus funciones bajo ningún concepto, porque los planteles cuentan con normas de convivencia establecida y acatadas por la población estudiantil, contempladas en reglamentos internos de disciplina, de obligatoria observancia al interior de los planteles. Al transgredir esos patrones los alumnos son sujetos de sanciones consideradas en esa normatividad, además las relaciones entre el estudiantado están regidas por buenas costumbres, respeto mutuo y afables modales donde no cabe la agresión en ninguna de sus formas.

Por estas y otras razones no es común ver, como lo venimos sosteniendo, a miembros de las fuerzas en instalaciones universitarias. No sobra recordar que en la estructura administrativa se contemplan los encargados de encausar el orden y velar por el cumplimiento de los protocolos establecidos en la doctrina institucional. Ante las consideraciones anteriores encontramos la razón por la cual la fuerza pública no tiene un espacio para actuar en esa sociedad organizada u respetuosa de las leyes y el orden.

Pero si al interior de un establecimiento educativo se altera el orden público y se amenaza la integridad de sus dirigentes, profesores y aun de los alumnos ajenos a tal alteración, es necesaria la presencia de la fuerza pública y su intervención debe ser acorde con el nivel de agresividad e intolerancia demostrada por los generadores del desorden; esta medida debe ser clara y oportuna pues el señor rector y  los cuadros directivos serán responsables de cualquier delito que se presente a causa del desorden.

Aclaremos que son las directivas quienes deben autorizar la entrada del cuerpo lo antes posible, especialmente como en el caso que nos ocupa, donde se manipulaban explosivos y hacían presencia personajes que esconden sus identidades y constriñen a los alumnos, lo que es de alto riesgo. Seguramente la ciudadanía no es consciente de las dimensiones que esta situación pude llegar a generar de no ser atendida a tiempo y con la severidad que amerita.