Las elecciones del pasado 27 de mayo han entregado los resultados que vaticinaban las encuestas, aunque con variaciones en los guarismos como era apenas natural. Se han impuesto los candidatos que representan los dos extremos. El de la izquierda y el de la derecha. Ahora hemos de elegir entre el que dice representar la Colombia Humana y el que dijo Uribe, que, se supone, representa la Colombia de siempre.

Difícil elección para cada uno de los once millones cuatrocientos veintidos mil noventa y tres (11.422.093) ciudadanos que no depositamos el voto por ninguna de las opciones extremistas. Habrá que decantar muy bien los pros y los contras de cada uno de los candidatos que han quedado. No es fácil elegir una política rural que va a estar entre el desplazamiento forzado que los unos nunca han condenado y las expropiaciones que los otros siempre han celebrado. Una política exterior que va a debatirse entre el arrodillamiento lambón al hegemón y la eterna peleadera contra el “imperialismo yanki” al que van a culpar de todo cuanto ha pasado, va a pasar y dejará de pasar. Y,  una política económica que van a sabotear los mismos que se van a beneficiar de la otra.

Los dos candidatos asustan, no solo por lo que son, sino por la trayectoria de alguna gente que tienen atrás. ¿Alejandro Ordoñez incidiendo o determinando las políticas de educación? ¿Vivianne Morales definiendo las políticas de familia? ¿O su esposo, Carlos Alonso Lucio, determinando la rectitud de la administración pública? ¿Y Fernando Londoño estructurando las reglas de transparencia de la actividad bursátil? ¿Hollman Morris definiendo las bases de la libertad de prensa o Alirio Uribe eterno enemigo del Esmad reglamentando que el control de los desórdenes públicos debe hacerse con copos de algodón de azúcar, mientras su jefe se dedica a denunciar a todo el que no esté con él porque está contra él?

En lo único que coinciden los dos espectros políticos entre los que ahora tendremos que elegir es en su instrumentalización de la administración de justicia y en su intención de reformarla, no para hacerla mejor, más eficiente o más ágil, sino para acomodarla a sus propios intereses. Desde las extremas de izquierda y de derecha, una administración de justicia independiente y autónoma es siempre un obstáculo para intenciones totalitarias de cualquier cuño.

El deber ciudadano no se acaba entonces en la obligación de elegir alguno de los extremos que la realidad política de este país nos obliga, sino que se extiende necesariamente a la obligación de vigilar los pasos del que finalmente resulte elegido. Hay que cuidar la democracia, fortaleciendo las instituciones para que sean capaces de controlar cualquier veleidad totalitaria del grupo que al resultar elegido, crea que se le está dando un cheque en blanco para refundar la patria.

Y en ese orden de ideas, hay que fortalecer y dejar por fuera de cualquier juego politiquero o partidista las dos únicas instituciones a las que la Constitución les asigna la función de defensa y guarda de la integridad del orden constitucional: la Rama Judicial y las Fuerzas Militares. 

@Quinternatte