La semana que acaba de pasar y específicamente el 17 y 18 de octubre de 2019, en Culiacán, ciudad mexicana capital del estado de Sinaloa, se vivió una verdadera batalla de guerra entre los narco ejércitos del cartel de Sinaloa y fuerzas regulares del Ejército Nacional mexicano y de la Guardia Nacional, por cuenta de la captura de Ovidio Guzmán Loera, uno de los hijos del extraditado y condenado en los Estados Unidos de América, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Las aterradoras imágenes que se conocieron en directo por las redes sociales, pues cada ciudadano sinaloense atrapado en medio del fuego cruzado posteo videos de lo que estaba sufriendo, dan cuenta de dos cosas absolutamente aterradoras. Uno, el poderío militar del narco-ejercito del cartel de Sinaloa. Y dos, la absoluta debilidad del Estado mexicano para enfrentarlos.
Lo que se vio muestra en la realidad la realización del fenómeno que algunos teóricos de los problemas de seguridad llaman “convergencia” en el que se suman crimen transnacional, terrorismo, corrupción y, puede agregarse, incapacidad estatal, como caldo de cultivo necesario para que todos esos elementos aparezcan, crezcan y converjan con tal poderío que son capaces de poner al Estado en jaque e incluso en peligro su misma existencia.
Lo que pasó en Culiacán no fue la presencia de sicarios en plan matar y escabullirse, o simples guardaespaldas dispuestos a vengar la muerte o la captura de un jefe, sino una verdadera guerra de posiciones urbana que el cartel le planteó al Estado mexicano y le ganó. A los narco-ejércitos se les vio, al mejor estilo del grupo terrorista Isis en el medio oriente, usando camionetas de platón (Rangers, Toyota Hilux, etcétera) a las que han adaptado láminas de acero a manera de blindaje y les han empotrado ametralladoras punto cincuenta, un arma caracterizada como pesada cuya munición es capaz de atravesar blindajes hasta de nivel III, mientras tanto a los funcionarios apenas si se les veían fusiles y chalecos antibalas.
Y es ahí precisamente donde converge la incapacidad o la franca estupidez de los funcionarios que ordenaron ejecutar la captura del hijo menor del “Chapo” Guzmán en su territorio histórico como si fuera un operativo normal de captura de cualquier delincuente que deba comparecer ante un Juez. Esa falta de previsión, que no calculó la brutal reacción que esa captura iba a generar, es la que obligó al gobierno mexicano a recular al punto que dispuso la liberación del capturado.
El precedente que semejante situación ha creado, a lo que se suman las francamente decepcionantes declaraciones de López Obrador, es funesto para las democracias latinoamericanas. Y para Colombia, donde los informes de inteligencia dan cuenta de la presencia de carteles mexicanos, el tema es fundamental.
Es urgente que el Estado colombiano piense el tema de la amenaza del narcotráfico como uno que afecta directamente la seguridad y existencia del Estado. Los asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas y de candidatos a las alcaldías municipales, no son otra cosa que la convergencia de los mismos factores que en México tienen al Estado en jaque.
@Quinternatte