Las deficiencias del sistema de prisiones en Colombia son estructurales y la solución a las mismas tan complejas como multisectoriales. Ese no es un diagnóstico nuevo, como tampoco lo es que prácticamente todos los gobiernos de las últimas tres décadas se han esforzado por hacerle frente, acudiendo como fórmula reiterada a la ampliación de cupos en las cárceles, aumentar las alternativas de medidas de aseguramiento para que jueces y fiscales no tengan que acudir necesariamente a la detención preventiva, reformar los códigos Penal y de Procedimiento Penal para subir el piso mínimo a partir del cual es obligatorio la reclusión de los condenados, expedir leyes que flexibilicen la excarcelación por pena cumplida y aumentar los beneficios y rebajas de penas por estudio, trabajo, buena conducta… 

Sin embargo, pese a todo ello el hacinamiento carcelario continúa sin reducirse sustancialmente, al tiempo que las políticas de resocialización de los internos dejan mucho que desear. A ello se suma que la atención médica y de otras necesidades básicas de los sindicados y condenados es deficiente. Igualmente no pocos penales se han convertido en centro de operaciones de mafias y redes delictivas de toda raigambre, algunas veces con la complicidad de guardias penitenciarios y directivos de los penales permeados por la corrupción. Incluso, por estos días, la Fiscalía adelanta una investigación para establecer la veracidad de las denuncias sobre la desaparición forzada años atrás de centenares de internos en cárceles como La Modelo, en la capital del país, y otros penales.

En los últimos meses han sido varias las medidas que se han aplicado o entrado en vigencia para contrarrestar las crisis en las prisiones. De un lado, en mayo se decretó la emergencia social carcelaria, con el fin de hacerle frente a la deficiente atención en salud. La Defensoría del Pueblo dio a conocer esta semana un primer informe sobre este plan de choque, indicando que frente a un primer trimestre en el que el 90 por ciento de las prisiones carecía de todo tipo de asistencia en salud, hoy ya 101 cárceles del país cuentan con red hospitalaria y 114 se han puesto al día respecto a la recolección de residuos hospitalarios. Sin embargo, señala que todavía hay problemas como solicitudes de servicios médicos represadas,  deficiencia de profesionales en salud así como en suministro de medicamentos y tratamientos especializados.

La segunda medida entró en vigencia hace apenas dos semanas, cuando por virtud de la Ley de Racionalización Preventiva, aprobada el año pasado, comenzó a regir la norma que le permite a miles de sindicados a los que no se les ha resuelto a tiempo su situación jurídica, pedir la respectiva excarcelación. Incluso, ante el riesgo de que pudieran salir de prisión personas acusadas por delitos muy graves o de “especial complejidad investigativa” fue necesario tramitar y aprobar de urgencia una ley para neutralizar esa peligrosa situación.

Paralelo a ello el Gobierno ha venido ampliando los cupos en las cárceles existentes y construyendo nuevos penales. Incluso en la última semana se entregó la remodelación del pabellón siquiátrico en La Modelo, en Bogotá. También se vienen realizando “brigadas jurídicas” en las cárceles para clarificar la situación procesal de cada interno y establecer si cumple los requisitos para ser excarcelado. Igualmente el Ministerio de Justicia les pidió a los gobernadores y alcaldes un trabajo conjunto en el tema de la política carcelaria.

Sin embargo, el propio informe de la Defensoría advierte que las cifras de hacinamiento se mantienen estables en el 55 por ciento, es decir que se tiene una población de internos de  121.249, pero la capacidad instalada es sólo para albergar a 78.055, lo que representa un sobrecupo de 43.194 personas. A ello se suma que, según la misma entidad aludiendo a estadísticas oficiales, “hay otras 49.038 personas que se encuentran en prisión y/o detención domiciliaria, pero el personal de revista dispuesto por el Inpec es a todas luces insuficiente, como pasa también con los dispositivos de vigilancia electrónica, pues de los 4.061 habilitados, 1.207 (el 25 por ciento) no están en funcionamiento por inconvenientes de carácter técnico”. Incluso la Contraloría abrió días atrás una indagación preliminar por posible ocurrencia de daño patrimonial en el contrato de los brazaletes electrónicos…

Como se ve, hay avances pero todavía falta mucho camino por recorrer, puesto que se trata de una crisis estructural. Lo importante es no bajar la guardia. Gobierno, Congreso, Fiscalía y el Consejo Superior de Política Criminal deben ser más audaces para desactivar esta bomba de tiempo en las cárceles.