Tras emitir observaciones frente a la toma de rehenes y la obligación de trabajos forzosos a los secuestrados, la Procuraduría General de la Nación hizo un nuevo llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que se prioricen los hechos de violencia sexual que sucedieron en el conflicto armado, para que los miembros de las antiguas Farc-EP reconozcan su responsabilidad en este delito a través de sus aportes a la verdad.

Mediante un oficio enviado a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, el Ministerio Público aclaró que “hasta este momento no se ha alcanzado un énfasis determinante que logre respuestas efectivas que satisfagan a las víctimas de violencia sexual - violencia basada en género, en el reconocimiento de sus derechos”.

De acuerdo con el análisis realizado a los informes de las organizaciones de víctimas, la entidad resaltó que no existe suficiente verdad en los relatos de los comparecientes, lo que ha generado una perpetuación en el silencio de las víctimas, ahondando aún más en la invisibilidad que han tenido en los años de conflicto.

De igual forma, la Procuraduría señaló que, aunque la desigualdad de género es preexistente al conflicto armado, “la violencia se instrumentalizó y exacerbó, por lo que deberán reconocerse medidas de reparación y restauración, el sufrimiento especial de las mujeres y la importancia de su participación activa y equitativa en la JEP”.

Frente a las estrategias que implementará la JEP, la entidad indicó que la jurisdicción deberá tener una efectiva sensibilización y concientización de los exintegrantes de las Farc, con el fin de que sea comprendida la relevancia de contar la verdad sobre los hechos de violencia sexual - violencia basada en género.

Además, el órgano de control recordó que, dentro de las normas que establecen a la JEP como tribunal especial, se incluyen las garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso, en las que se incorporan el enfoque diferencial y de género, como uno de los principios pactados en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla.

Otras advertencias de la Procuraduría

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la Procuraduría emite un concepto frente a los hechos que marcaron el conflicto armado, y cuya responsabilidad recae en los integrantes de este grupo insurgente. A inicios del mes de noviembre, el ente de control afirmó que los exintegrantes no han mencionado la verdad frente al caso de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad.

“Es determinante que los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconozcan que existieron órdenes en las filas guerrilleras de matar a secuestrados en casos de insubordinación e intentos de rescate, y que no tenían protocolos claros ni definidos que buscaran garantizar la vida por encima de cualquier otro propósito”, se lee en este documento.

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Asimismo, señaló que, dentro de los reconocimientos individuales ante la JEP, “se evidenció una constante ausencia de responsabilidad en hechos en los que los comparecientes participaron de forma directa. El lenguaje apuntó siempre a una idea en general: aceptar responsabilidad por la política de secuestros, pero por haber pertenecido a las Farc o por haber estado en el secretariado”.

Cabe recordar que el órgano de control logró la documentación de 70 casos donde se denunció la realización de trabajos forzados, siendo los campesinos y transportadores de estas zonas los más afectados por este fenómeno.

Tres días después del comunicado de la Procuraduría, la Sala de Reconocimiento de la JEP acogió la solicitud del órgano de control, señalando que las anteriores Farc “sí incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, y que en efecto acudieron a trabajos forzados como manera de castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro que tenían implementada en el país”.

Sin embargo, el ahora director del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, afirmó en un comunicado que no admiten ni admitirán que se le quiera calificar como un grupo armado que implementó la esclavitud como política de secuestro.

"No compartimos la nueva calificación propuesta por la Procuraduría y aceptada por la Sala de Reconocimiento de la JEP, por ello hemos decidido interponer los recursos que contempla la ley y el acuerdo", expresó Londoño, quien envió un mensaje a la Jurisdicción para que acoja un sentido "restaurativo" y no uno "punitivista" que adopte los roles de un tribunal penal.