Un proyecto al que el Congreso le dará prioridad antes de que finalice el período legislativo este año es el que fortalece la seguridad ciudadana, el cual radicó el Gobierno esta semana con mensaje de urgencia, que entre sus principales objetivos se plantea dar respuesta al incremento en las ciudades del atraco a personas, en la mayoría de casos con violencia. A pesar de que esta situación de inseguridad urbana intranquiliza severamente a la sociedad, la iniciativa genera múltiples opiniones de los expertos.

“Este proyecto de ley pretende agravar conductas penales para lograr, por ejemplo, que el hurto a personas lleve a una condena efectiva con medida de aseguramiento, que el porte de armas tenga medida de aseguramiento”, expresó el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Agregó el Ministro que “la instrucción del presidente de la República, Iván Duque, fue trabajar en un proyecto de ley que pudiese afrontar las situaciones de seguridad ciudadana que hoy tienen los colombianos. Este es un proyecto articulado entre los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, alcaldes y gobernadores, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso de la República”.

El titular de la cartera del Interior aseguró que es la intención del Gobierno nacional endurecer las sanciones en materia de penas para hurtos, lesiones personales, el daño a bien ajeno, homicidio, fortaleciendo las medidas de aseguramiento en el código de Policía y la restricción para el porte de armas traumáticas, entre otras medidas.

Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que “el proyecto tiene por finalidad la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana, por lo cual se contempla modificación al Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

La iniciativa busca ponerle un tatequieto a la reincidencia, por lo que introduce como agravante punitivo “que el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso, dentro de los 5 años anteriores”. De igual forma, entre otros aspectos, crea como delito la intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas, lo que además se considerará como agravante para imponer la medida preventiva de privación de la libertad.

Sobre la legítima defensa el proyecto de ley establece tres consideraciones: cuando haya violación al hogar de forma violenta por parte del delincuente; ingreso en establecimiento comercial que no está abierto al público, pero si sus dueños o alguien habitan en el lugar; y si el ciudadano es hurtado dentro de su vehículo.

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Cómo reciben el proyecto

El penalista Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien fue presidente de la Corte Suprema, dijo a este Diario que en el proyecto "hay varias cosas que existían antes en el Código del 36 y que habían sido suprimidas, por ejemplo la presunción de la legítima defensa cuando alguien se ve sorprendido en su residencia”. No obstante, señaló que ahora "lo extienden a los lugares de comercio o a su vehículo". 

Agregó que "también existía en ese Código la reincidencia, y parece que en los mismos términos en que se está reviviendo", así como el delito de amenaza ya está, "lo que pasa es que ahora lo que se hace es agravar la pena o tipificar esa conducta cuando se utilizan armas de fuego o armas blancas".

El exmagistrado dijo del proyecto que "me parece bien que agraven la pena en cuanto a esa violencia o si se utilizan armas de fuego o armas blancas”; así como que se prohíba la excarcelación en los delitos con violencia.

En ese sentido, agregó Gómez: "Creo que en las condiciones en que estamos se debe ser un poco severo con los delitos que implican violencia o ponen en peligro la vida o la integridad personal".

Por su parte, Esiquio Sánchez Herrera, ex vicedefensor del Pueblo y especialista en derecho penal, dijo a este Medio sobre los ajustes que hace el proyecto en materia de legítima defensa, que "es muy importante tener de presente que la extensión debe acompañarse del cumplimiento de los otros presupuestos que contempla esta figura, esta causal de justificación del hecho. Por lo tanto, siempre tendrá que tenerse de presente los criterios de proporcionalidad y de necesidad de defensa".

Sánchez comentó que "en principio el proyecto aporta cosas importantes en procura de la seguridad, pero también podría estar incrementando situaciones propias de lo que se denomina populismo punitivo”.

Mientras que el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago dijo a este Diario que "era necesario implementar una reforma,  primero que tuviera la posibilidad de enfrentar con eficiencia a la delincuencia, de manera tal que fuera posible encarcelar efectivamente a las personas que están incursas en delitos violentos. El proyecto hasta donde he podido enterarme, creo que enfrenta con suficiencia la problemática que se nos está presentando".

Por su lado, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia  Jaime Arrubla señaló a este Medio que "me parece desastroso que en Colombia legislamos en estancos separados. Creo que toda reforma a la legislación penal debe ser integral,  coordinada, aquí nos estamos volviendo que reaccionamos contra las emociones y vamos aumentando penas, creando tipos penales. Eso debe obedecer a una política criminal".

Arrubla acentuó que, por ejemplo, en este momento en "que estamos padeciendo gran inseguridad en las ciudades, que eso lo vamos a solucionar modificando las leyes y aumentando las penas, esa es una vana ilusión. Cumple con una finalidad populista de que la gente sienta que se está haciendo algo,  pero esto de combatir la delincuencia es cuestión de la policía,  de la seguridad y de aplicar las leyes que hay".

Mientras que Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, dijo a este Diario que "este es un proyecto que ya existe, es la misma Ley de Seguridad Ciudadana de hace 10 años. Nunca se pusieron a prueba las medidas que allí se establecieron, entonces resulta mucho más ventajoso venderle a la gente la idea de que se está combatiendo la criminalidad a través de leyes".

En tanto que la exfiscal general Martha Lucía Zamora dijo a este Medio sobre el proyecto que "sin conocerlo completamente y en relación con algunas normas muy puntuales, lo que sí puedo decir es que hay que reflexionar  frente al aumento punitivo, que nunca ha sido una solución en Colombia para evitar la comisión de conductas delictivas".

Zamora dijo que la experiencia le ha enseñado al país, "como pasó con el secuestro, como ha pasado con otros delitos, que no es la herramienta adecuada porque el aumento de la pena finalmente no cumple esa finalidad, y por el contrario hay que buscar otro tipo de mecanismos que no sean al interior del derecho penal, sino un poco más relacionados con la labor de persuasión pedagógica con los jóvenes y con la población en general".