Con 84 votos la plenaria del Senado eligió a Juan Carlos Cortés González como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, como reemplazo de la exmagistrada Gloria Ortiz Delgado, que en julio terminó su periodo de ocho años en el alto tribunal.

Cortés habló con EL NUEVO SIGLO sobre los retos que implica su cargo. También acerca de los posibles cambios que puede tener la tutela, las críticas que algunos le han hecho a la Corte por invadir el terreno del Legislativo y cómo los colombianos pueden apropiarse cada día más de la Carta Magna.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo definiría, desde el punto de vista filosófico y axiomático, el ordenamiento constitucional colombiano?

JUAN CARLOS CORTÉS: La Constitución de Colombia representa un gran acuerdo nacional que convocó a las fuerzas sociales y políticas en un momento de problemática histórica relacionada con la violencia, con el narcotráfico; nos hacía ver como una sociedad inestable. Ese gran acuerdo social y político permitió la generación de un pacto social que creó las bases para un Estado social de derecho, fundamentado en una filosofía de prevalencia de lo público en lo social con grandes compromisos para desarrollar la igualdad. Una Constitución que nos alberga a todos, una Constitución que se ha venido desarrollando, y aún tenemos mucho que realizar en materia de derechos y de desarrollo productivo.     

ENS: Luego de 30 años, ¿qué aspectos de la Carta del 91 continúan sin desarrollarse o pendientes de una aplicación más práctica?

JCC: Hay grandes retos. Entre otras cosas, en las sociedades va cambiando la historia no se detiene, las constituciones no son manuales que quedan en los anaqueles de las bibliotecas. Entonces las sociedades van cambiando. Tenemos que encarar esa redistribución de los derechos a la luz de los avances de la ciencia, de los problemas económicos, de las migraciones. Debemos actualizarnos a la perspectiva del tiempo. Por supuesto, ahondar en el reconocimiento de los derechos, en el desarrollo de las regiones, en el avance de la democracia. Esos son los retos que enfrenta nuestra sociedad, pero que yo veo con optimismo para que podamos ir consolidando cada vez más el Estado social de derecho, que es tan valioso.   

ENS: Siempre que se habla de la Constitución del 91 se habla de si hay que reformar la tutela, ¿qué piensa al respecto?

JCC: La tutela ha sido una herramienta fundamental para lograr que la Constitución no quedara escrita en buenas intenciones, para hacer efectivos los derechos, y ha permitido que los colombianos tengan la Constitución en su bolsillo; ha sido muy importante como mecanismo de legitimación del Estado. Sin duda, comentaba en el Senado de la República que es oportuno que haya una gran movilización de todos los poderes y todas las autoridades para que se garanticen más rápida y eficazmente los derechos, para que la gente no tenga la necesidad de demandar sus derechos sino que estos sean reconocidos de manera más inmediata y efectiva. Eso permitirá que la filosofía constitucional de las garantías y los derechos se apliquen y que se pueda hacer un uso más racional de la tutela.

ENS: ¿Qué responderles a quienes continúan afirmando que la Carta del 91 fue muy amplia en derechos y corta en deberes?

JCC: Era fundamental para el constitucionalismo y para el Estado social de derecho fundar la convivencia política en los derechos. Ese es el constitucionalismo democrático que legitima el Estado y le da fuerza a la democracia. Autores como Ferrajoli, por ejemplo, claramente manifiestan que ese constitucionalismo se expresa hoy como una voz de la ciudadanía, a través de la realización de los derechos. Pero, por supuesto, nuestra Constitución también consagra el principio de la solidaridad y los deberes de los ciudadanos, y en la medida que vamos avanzando hay que fortalecer esa lógica que parta de la mayor educación constitucional y cívica del conocimiento de nuestras instituciones.

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ENS: En materia de jurisprudencia constitucional, ¿qué le dejó la contingencia de la pandemia del covid-19 a Colombia?

JCC: La pandemia, entre otras cosas, ha mostrado la fortaleza de la institucionalidad democrática del Estado de derecho en Colombia. Sí fuimos capaces como sociedad de responder, la Corte Constitucional ejerció el control sobre los decretos expedidos dentro de la emergencia. Esa capacidad de la jurisprudencia de responder evidencia una articulación de los poderes del Estado para resolver una crisis.

ENS: La constituyente del 91 dijo que la Carta era un “tratado de paz”. Treinta años después el país continúa en conflicto armado interno. ¿Fracasó ese objetivo de los redactores de la carta?

JCC: La Constitución para nada puede ser entendida como un fracaso. La Constitución es un gran logro de nuestro país, es esa carta que nos guía, que nos une. Por el contrario, considero que Colombia ha venido avanzando. Posteriormente se da un proceso de negociación con la terminación de un conflicto a través de un acuerdo, hay normas constitucionales que acogen esa salida con justicia a ese conflicto. Pienso que la sociedad se encuentra en un avance histórico, evolutivo, para lograr consolidar la paz y que todos los esfuerzos deban realizarse con justicia, con institucionalidad, brindando la democracia en esa dirección de la paz.

ENS: ¿No cree que en algunas jurisprudencias y dimensiones de derechos y garantías la Corte Constitucional colombiana ha tomado decisiones que en otros países llevan muchos años sin definir?   

JCC: La Corte Constitucional en Colombia es un referente internacional. La tarea que ha desarrollado, la doctrina y herramientas que ha puesto a disposición, son un ejemplo para las jurisdicciones constitucionales en el mundo. Por ende, nos parece que su aporte ha sido, es y seguirá siendo trascendente para ese fortalecimiento institucional en nuestro país.

ENS: ¿Qué responder a los críticos de la Corte que la acusan de estar invadiendo la esfera del Legislativo en algunos de sus fallos?

JCC: Para nada considero que haya invasión. Cada rama del poder público, cada autoridad, tiene un marco de competencias, en este caso previsto claramente por la Constitución, y hay que contribuir a ese mayor diálogo entre los poderes y entre las autoridades frente al cumplimiento de las funciones autónomas.

ENS: ¿Cree que los colombianos se han apropiado de la Constitución del 91 luego de tres décadas de vigencia?

JCC: Sí, pero por supuesto este es un proceso que no se termina, es un proceso permanente, es un reto casi que cotidiano. Tenemos que llegar más sobre el conocimiento de nuestras instituciones a los colegios, a las familias, a las organizaciones sociales. El reto de construir convivencia política y democracia nunca se agota. La Constitución es un arma que se va actualizando en forma permanente.

ENS: ¿Cuáles son los retos que se plantea un viceprocurador que ahora asume como magistrado constitucional?  

JCC: Luego de 30 años de ejercicio profesional de los campos público, privado, internacional, académico, quiero poner ese conocimiento y esa experiencia que ha podido lograr al servicio de la Corte Constitucional y del fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestra democracia. Aportar a cerrar brechas sociales en el conocimiento, en la consolidación de los derechos. Aportar a cerrar brechas ambientales a todo lo que haya que hacer en el Estado para contribuir en la superación de esos asuntos relacionados con el cambio climático, y en últimas garantizar que nuestro Estado social de derecho sea cada vez más operativo.