El NUEVO SIGLO consultó a expertos en la materia sobre esta problemática. Señalan que Colombia tiene una de las legislaciones más avanzadas en la materia

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Hace unos días se generó una controversia luego de que un hombre que lanzó una navaja en medio de un partido que disputaron Deportivo Independiente Medellín y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, y que cayó muy cerca de un jugador, David Macalister Silva, quedó en libertad a pesar de ser identificado por las autoridades.

Hechos como este han llevado a que se cuestione si la legislación actual es suficiente para enfrentar esta problemática o se necesita que sea más estricta.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, el representante por Antioquia, Mauricio Parodi, de Cambio Radical, autor de la ley de seguridad y convivencia en el fútbol, afirmó que la legislación actual es “suficiente, pero no se aplica”.

“Tenemos una de las legislaciones más modernas de América Latina para atender el problema de violencia en el fútbol y el gobierno ha estado absolutamente descuidado con el tema. He tenido en varias ocasiones la oportunidad de hablar con la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, a quien le estamos demandando que se cumpla lo establecido en la Ley 1270 del año 2009, la ley de seguridad y convivencia en el fútbol. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno en cabeza del Ministerio del Interior es citar la Comisión Nacional de Seguridad en el Fútbol una vez por mes. Este Gobierno empezó desde el año pasado en agosto y lleva 15 meses y no se ha citado ni una sola vez la comisión. No hay un direccionamiento del Gobierno frente al tema en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1445 de 2011 para atender a las personas que cometen contravenciones y delitos en los estadios con ocasión de los partidos de fútbol”, dijo.

De acuerdo con el parlamentario, en el caso de la persona que está “sindicada de arrojar un arma blanca en un partido en Medellín hace poco y que salió libre porque no tenía el debido procedimiento, las alcaldías deben disponer de un inspector de policía para cada partido de fútbol para que inmediatamente ocurran estos eventos sean procesadas las personas que incurren en delitos”.

Leyes que no se aplican

Alirio Amaya, experto en seguridad y convivencia en el fútbol, afirmó que nuestro país es uno de los más avanzados en materia de legislación.

“Si un país que ha avanzado en la última década en temas normativos es Colombia. Tenemos normas para todo. Para la organización de las entidades que hacen posible el fútbol en Colombia, como el Ministerio del Interior, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, la Dimayor, la Policía, la Federación Colombiana de Fútbol, para ellas ya existe una ley, la 1270 de 2009. Después de esta ley se desarrolla todo un marco normativo integral. Es decir, tenemos normas para desarrollar el espectáculo, como es el Decreto 1717 de 2010. Tenemos normas para aplicar sanciones a ciertas conductas con ocasión de los eventos de fútbol, como el tema de tratar de ingresar armas blancas a los estadios, el de ingresar droga, la agresión física, la agresión verbal, la invasión de la gramilla. Todas esas conductas están tipificadas en la Ley 1445 de 2011 y en el Estatuto de Seguridad Ciudadana, que es la Ley 1453 de 2011. O sea que los comportamientos contravencionales que no existían en ningún lado se colocaron en esta ley. Si hablamos de los derechos de los aficionados está el Estatuto del Aficionado, que es el Decreto 1007 de 2012. Y a partir de este decreto se constituye a Colombia como el único país que tiene un plan decenal de política pública, el Plan Decenal de Seguridad y Convivencia en el fútbol”, le manifestó a este Diario.

“Colombia ya construyó su marco normativo. En ese momento está llamado a hacer una revisión general de todo lo que se tiene para actualizar lo que haya que actualizar y fortalecer lo que haya que fortalecer. Lo que sí creo es que falta más conocimiento para aplicar lo que está escrito en las normas. Lo que necesitamos es que todas las normas que se han construido se apliquen. En cada situación pareciera que se pusiera en evidencia que no existen normas”, expresó.

En relación con el caso de la persona que arrojó el arma blanca en Medellín, declaró que “hay unas pretensiones ciudadanas e institucionales. Algunos consideran que las conductas que se han presentado deben generar cárcel, privación de libertad. La Ley 1445 establece unas conductas contravencionales que determinan sanciones económicas que pueden ir desde los cinco salarios mínimos hasta los 100. Estamos hablando de multas que pueden ser $5.4 millones y pueden llegar hasta los $96 millones. Una persona puede quedar fuera de los estadios entre seis meses hasta ocho años. Esto sin obviar la parte penal”.

En ese sentido, Amaya afirmó que “para que exista un procedimiento de carácter penal tiene que mediar una denuncia de por medio. La conducta de tirar elementos al terreno tiene una sanción que sí genera cárcel, pero dentro de un debido proceso”.

El experto consideró que es clave que el país avance “tecnológicamente para que las personas que sean sancionadas con las multas no ingresen a los escenarios deportivos. Tenemos que tener sistemas de acceso para verificación de antecedentes. En Argentina lo están haciendo con el documento homologo a nuestra cedula, el DNI”.

“No hay medidas de control”

Por su parte, Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), le señaló a este Medio que “se requiere una legislación más específica. Que se cree un tipo penal especial porque no es lo mismo hacer actos en recintos donde se realizan espectáculos deportivos que en otros lugares. Las sanciones deberían ser mucho más graves. Por ejemplo, en Brasil hay fiscales en los estadios y los infractores por invasión de cancha son detenidos y tienen una sanción. En el escenario no se puede agredir ni a los demás aficionados ni mucho menos a los atletas”.

“Si se ponen elementos punitivos mayores, la Policía podrá detener a los infractores y ponerlos a disposición de las autoridades. No creo que eso se solucione prohibiendo el ingreso al estadio por seis meses. Esas sanciones son accesorias. Debería haber un castigo punitivo mayor al que hoy existe”, agregó el directivo.

Para González, en materia de identificación de hinchas con antecedentes penales es necesario “resolver quién tiene la responsabilidad por establecer los mecanismos de identificación porque la Federación y la Dimayor no han cumplido porque ellos manifiestan que ellos no son los dueños de los escenarios, los dueños son los municipios. El único escenario privado es el del Deportivo Cali. Aquí nos tiramos la pelota, es que usted no pone, es que yo sí pongo”.

Señaló que para la identificación electrónica, “los municipios no tienen la capacidad económica. Si Neiva tiene un estado derruido, otros estadios no tienen luminarias, se roban la plata. Los escenarios son públicos, no privados. Hay una dicotomía muy complicada. En definitiva no hay medidas de control, se siguen generando hechos violentos, se siguen tirando la pelota por años y años y se pone en riesgo la vida de los espectadores”.