¿Naufraga el proceso?

Foto tomada de Facebook.

La perspectiva internacional del proceso de paz con las Farc es dramática. Ya no solo se trató del amplio informe del The New York Times, de acuerdo con el cual las disidencias se habían recompuesto hasta el punto de tener la misma cantidad de tropas que el Eln, sino que al término de esta semana el periódico Wall Street Journal publicó un análisis durísimo en el cual lamenta que el país perdiera las condiciones de seguridad y el concepto de autoridad. Y tampoco han sido muy fructíferas las reflexiones adelantadas por la revista The Economist, en algunos artículos publicados hace un tiempo sobre el devenir nacional.

Desde afuera, pues, las cosas vistas desde la distancia permiten generar un cuadro que, por donde se le mire, resulta negativo.

Al interior, a su vez, el torbellino y la velocidad de los acontecimientos no permiten avizorar las cosas con certeza. En todo caso, entidades serenas como la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), financiada por importantes empresarios colombianos, publicó esta semana un amplio documento de acuerdo con el cual en las antiguas zonas de violencia, desalojadas por las Farc, la situación tiende a empeorar hasta el punto de que en el último año, en los 170 municipios priorizados, el asesinato se ha elevado en un 28 por ciento, y el desplazamiento se ha triplicado (ver recuadro).

Una y mil veces se repitió, durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, que la clave estaba, más allá de las prolongadas negociaciones de La Habana, en que el Estado ocupara los territorios presos de la violencia, a raíz de la acción sistemática de las Farc durante tantas décadas, y se recuperara la soberanía integral en aquellas veredas y municipios. No hubo, en esa dirección, ningún plan ni ejecutoria que llevara a buen término lo que de suyo era un concepto de sentido común, compartido por tirios y troyanos. A hoy, como sugiere la fundación empresarial, el proceso se cae a pedazos y no se encuentra una tabla de salvación, mucho menos a partir de la evidente división de la cúpula de las Farc, como también pudo comprobarse en días recientes con la carta de alias ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, al Senado de la República.

 

División fariana

La carta consta, como se sabe, de múltiples facetas, una de las cuales se refiere a la extradición de alias ‘Jesús Santrich’ sobre la base de una acusación hecha por un operador de la justicia norteamericana, en la que existirían pruebas de una tentativa para exportar 10 toneladas de cocaína. Resulta evidente, en ese sentido, que infiltrada la célula de ‘Santrich’ por parte de las autoridades estadounidenses, se pudo haber esperado a que se cometiera el delito y se concretara la evidencia. Pero también es claro que la sola tentativa de cometer una conducta dolosa está estipulada, inclusive en el Código Penal colombiano, como un acto típico, antijurídico y culpable.

El punto está, en la materia, en si el delito se cometió antes o después de firmados los acuerdos entre el gobierno Santos y las Farc. Pero un tema aparentemente tan sencillo, cuyo propósito exclusivo es el de constatar una fecha, en Colombia se ha convertido en un galimatías estrepitoso. Basta, para subsanar el asunto, que las autoridades de la justicia transicional se refieran al tema. Pero no lo hacen y en ese vacío se crea la sensación, seguramente infundada pero igualmente categórica, de que se está protegiendo al acusado. No es bueno que eso ocurra porque se produce un desgaste estatal de marca mayor y la erosión de la credibilidad en el proceso de paz termina minando la institucionalidad creada a los efectos.

Pero la carta de ‘Márquez’ va más allá, no solo en su desarrollo, sino en el tono que esgrime. Es claro que se siente “conejeado” por el gobierno anterior y utiliza términos perentorios para con el expresidente Santos. Lo acusa de no haberse jugado por la armonización de las tres ramas del poder público en procura de crear y afianzar una política de Estado. Y reprocha hechos a todas luces irreversibles como la eliminación de la comparecencia obligada de los terceros ante la justicia transicional, sentenciada por la Corte Constitucional, entre muchos otros ajustes hechos al convenio de La Habana. Y en esa plataforma, además, observa que fue un error no haberle hecho caso a alias ‘Manuel Marulanda’, cuando dijo que la entrega de las armas no podía verificarse sino al final del cumplimiento de los acuerdos. Lo cual quería decir, asimismo, que podría volver a empuñarse el arsenal bélico, bien como mecanismo para presionar el cumplimiento, o bien como un salto al abismo frente a un futuro poco promisorio del lado de la legalidad.

La voz de ‘Márquez’ tronó más duro, como jefe negociador desencantado de los acuerdos habaneros, que la de sus colegas parlamentarios del partido Farc, que se apresuraron a decir que no tenían nada que ver con él y que simplemente esperaban la “prueba ácida” del proceso en la financiación de un capítulo especial en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, en consonancia con un Conpes del final de la administración Santos.

En la respuesta, no obstante, no apareció alias ‘Timochenko’, jefe del partido Farc, quien evitó ponerle la cara a ‘Márquez’, al parecer para no equiparar fuerzas políticas ni de influjo sobre la organización desmovilizada y disidente.

De modo que, en apariencia, son temas de plata y no de otros aspectos del proceso los que generan el cisma, al menos para el partido Farc.

Sin embargo, el presidente Iván Duque ya dijo en las Naciones Unidas que había heredado un proceso no solo con una institucionalidad poco efectiva en sus propósitos, sino totalmente desfinanciado y con proyectos inviables para su implementación.  

Paradójicamente, la advertencia de Duque no fue replicada por el expresidente Santos, pese a que un año atrás, en su última comparecencia ante la asamblea nacional, el entonces mandatario, con el Premio Nobel de Paz vigente, indicó que la paz en Colombia era un hecho y recibió por ello una larga y sonora ovación. Santos, como se sabe, desde antes de dejar el poder indicó que no será un expresidente ‘cansón’ y que guardaría prudente silencio para dejar gobernar a su sucesor. Completando Duque hoy dos meses de mandato, es claro que su antecesor ha cumplido hasta ahora la palabra.

Así las cosas, el problema de la implementación queda en manos de este Gobierno. Pero por lo visto hasta el momento, no se avizora el voluminoso presupuesto que se presumía, sino que por el contrario el país está pendiente de otros frentes menesterosos de recursos, como se pudo vislumbrar esta semana con el cierre paulatino de Medimás y las aulagas de sus cuatro millones de usuarios.

Sea lo que sea resulta dramático ver cómo un jefe negociador termina apartándose de los compromisos en la mesa que encabezó, mientras que sus auxiliares, uno, como se dijo, está pendiente de extradición, y otros gozan de sus curules. En ese maremagno de circunstancias, en el que las Farc aparecen acremente divididas, es difícil profetizar qué pasará con el proceso.

Para algunos, ‘Márquez’ volverá, en su momento, al redil. Para otros, no obstante, las cosas no son tan fáciles y de hecho parecería que la fecha límite de su conducta quedará fijada por la extradición o no de ‘Santrich’. En todo caso, el embajador de los Estados Unidos, Kevin Whitaker, ha dicho que su país no cambiará de posición. Lo que no se sabe es si, en la nación  norteamericana, el acervo probatorio contra ‘Santrich’ podría enriquecerse de nuevas evidencias que llevarían, incluso, a actuar contra ‘Márquez’, como muchos sospechan.

De la misma manera lo que se deja entrever es que la antigua ala militar de las Farc parece insatisfecha con todo el proceso. La desconfianza de los excombatientes, que predica ‘Márquez’, permite avizorar que varios de ellos ya habrán salido de los enclaves territoriales especiales de paz rumbo a la clandestinidad. Y seguramente no lo estarán haciendo por aparte, sino bajo la cabeza de sus antiguos mandos, engrosando asimismo las llamadas disidencias que, en ese caso, hoy parecen más una vertiente formal de las Farc que un grupúsculo que se apartó de las decisiones.

Tanto así como que de antemano algunos se habían quedado en el monte, otros desmovilizados se devolvieron a este y en la actualidad algunos más estarían pensando en hacer lo mismo. Al fin de cuentas, se habría hecho un publicitado proceso de paz, con grandes visos y reflectores internacionales, que no tocó a buena parte de las Farc.

 

Rebrote violento

En tanto, guerrilleros antes desconocidos como alias ‘Guacho’ y ‘Cabuyo’, perpetran los peores crímenes, asesinando a periodistas ecuatorianos y a geólogos que hasta ahora comenzaban sus carreras profesionales en campo abierto. Nadie sabe el paradero de esos cabecillas, pero resulta claro que ‘Guacho’ había aparentemente alcanzado a fugarse luego de una embestida de la Fuerza Pública, pese a que se alcanzó a anunciar que había sido abatido, mientras que ‘Cabuyo’ sigue haciendo de las suyas en la zona antioqueña de su dominio.

Esta semana, en un hecho igualmente dramático, fue secuestrado el hijo de cinco años de un alcalde de la región del Catatumbo (Norte de Santander), al parecer a manos del Eln. Igualmente alcanzó a anunciarse su liberación, inclusive por parte del Presidente, pero a la hora de escribir este informe el menor todavía permanecía en cautiverio.

 

JEP en la mira

Dentro del torbellino de acontecimientos se dio una nueva fricción entre el fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), magistrada Patricia Linares. El trasfondo del asunto, más allá de una inspección que un fiscal delegado intentó practicar para verificar las pruebas de secuestros cometidos por las Farc, acervo propio que servirá para las sanciones transicionales, está en la imputación de cargos a la directora administrativa de la jurisdicción extraordinaria, Marta Lucía Zamora, por presuntos favorecimientos a excombatientes. De hecho esta semana los Estados Unidos le retiró la visa a ella y sus auxiliares.

Eso en el flanco interno respecto a la JEP, ya que en el externo las Naciones Unidas enviaron un concepto a la Corte Constitucional en donde se pronuncian sobre la sala especial para el juzgamiento de los integrantes de la Fuerza Pública que se creó –a finales de la pasada legislatura y por iniciativa del uribismo- en la justicia transicional.

Según la ONU, dicho procedimiento  “condiciona la garantía de los derechos de las víctimas en el conflicto armado a las decisiones individuales de los involucrados”. Ello, agregó, crea “un tratamiento diferenciado para las víctimas que carece de racionalidad y coherencia”, que sería contraria a las obligaciones que tiene el Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar “las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones al DIH”.

En el otro frente de la que se suponía, hace unos años, la paz integral, al comandante del Eln, alias ‘Gabino’ le fue cursada una orden de captura para llevarse a cabo por la Interpol. Como se sabe, la mesa de negociaciones con esa guerrilla está congelada, pero los delegados subversivos mantienen, no obstante, sus órdenes de captura suspendidas.

Por todo lo anterior resulta lógico que, en perspectiva, los más grandes y prestigiosos medios internacionales vean una penumbra en el futuro del proceso de paz. Así las cosas, mientras allá están alertas, aquí todavía se dan discusiones eternas y el proceso apenas si navega como corcho en remolino.

 

“La paz incompleta”: FIP

Para la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el marco de la implementación de acuerdos de paz con las Farc, esta guerrilla se desarmó -al menos parcialmente– y el Estado se comprometió a garantizar el ejercicio de la política, desmantelar las organizaciones criminales y proteger a las comunidades y a los excombatientes.

Sin embargo, “las fallas y rezagos en la implementación de lo acordado, especialmente en materia de reincorporación, la ausencia de un plan de respuesta rápida para llegar a las zonas afectadas por el conflicto armado y la reconfiguración de los órdenes ilegales en lugares que antes estaban bajo el control de la guerrilla, han generado las condiciones para el deterioro de la seguridad”.

De acuerdo con el informe de la fundación, si bien las economías ilegales y especialmente el narcotráfico han sido señalados como la explicación predominante de la activación de viejas y nuevas formas de violencia, las razones son más complejas. “La débil presencia de las instituciones formales en amplios territorios del país y su incapacidad de cumplir con sus funciones más básicas, no han tenido cambios sustanciales en el marco de la aplicación de los acuerdos de paz. Además, varias de las lecciones aprendidas en anteriores procesos de desarme y reintegración no fueron tenidas en cuenta, como es el caso de la necesidad de aplicar un enfoque diferenciado para los mandos medios, disuadir tempranamente a los saboteadores y llenar los espacios de regulación de los actores armados ilegales. El resultado es un proceso frágil, con riesgos de reactivación de ciclos de violencia”.

Según la FIP, en los municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los homicidios han aumentado 28%, pasando de 1.499 muertes violentas en el periodo de enero a julio de 2017, a 1.855 en los primeros siete meses de 2018, de acuerdo con las cifras de la Policía Nacional. En este mismo periodo, el número de personas víctimas de desplazamiento forzado en estos municipios se triplicó pasando de 5.248 a 16.997, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Además, los homicidios contra líderes sociales registrados por la FIP casi se han triplicado: de 24 casos de enero a agosto de 2017 se pasó a 67 en el mismo periodo de 2018. Esta misma tendencia se evidencia en los homicidios de excombatientes de las Farc que pasaron de 12 en los primeros ochos meses de 2017 a 23 en 2018.