Un nuevo choque entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se presentó por un grupo de personas que se sometió a la justicia transicional como si fueran de las Farc, pero que al parecer pertenecen al Eln.

Paradójicamente, este se dio durante un encuentro de la Comisión de Paz del Congreso con el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y el fiscal Néstor Humberto Martínez, precisamente para poner fin a los recientes roces entre Fiscalía y la justicia transicional.

Martínez le llamó la atención a Linares porque la JEP asumió la competencia para investigar el caso de una célula urbana del Eln.

“El pasado 24 de septiembre un magistrado de la JEP tomó la decisión de asumir la competencia del grupo Llamarada, que es una célula urbana del Eln”, señaló.

Más adelante explicó que los 11 integrantes de dicha célula urbana estaban siendo investigados por delitos graves, pero debido a esta decisión de la JEP, el proceso habría sido truncado.

Indicó el fiscal Martínez, que a esas personas relacionadas con el Eln se les investiga por delitos como fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, rebelión y terrorismo.

Preocupación

El comisionado Ceballos les pidió a la JEP y a la Fiscalía que le amplíen la información sobre el caso.

“A mi oficina le preocupa mucho el hecho de que miembros de grupos armados al margen de la ley, que aún siguen delinquiendo y que no tienen procesos de diálogo con el Gobierno, entren a la Jurisdicción Especial para la Paz”, dijo.

Ceballos agregó, que el Gobierno nacional respalda la propuesta de crear unas mesas técnicas en las cuales se puedan coordinar varios de los puntos que arroje la cumbre de poderes, respetando la independencia de las instituciones.

Por su lado Linares explicó, que “en las actuales circunstancias solamente serían las Farc quienes se someten a la Jurisdicción, y así lo tratamos y lo hemos compartido con el Fiscal”.

Señaló además, que “tengo información, y yo la constaté, de que algunas de estas personas hacen parte de los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, listados elaborados en el anterior gobierno, en donde las personas aparecen”.

A su vez, Ceballos aseguró que se adelantarán las verificaciones respectivas de ese listado para determinar si su acreditación existe.

Asimismo, Linares manifestó que “en la mesa técnica vamos hacer una verificación en conjunto, porque de lo que se trata, y estoy segura de que el Fiscal así lo entiende, es que entre todos cumplamos a cabalidad con los acuerdos”, por lo que una “persona que no cumpla las condiciones esenciales definidas por la ley, pues no va a ingresar”.

Mediación

El copresidente de la Comisión, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), señaló que se determinó adelantar una revisión y construcción de soluciones y de estructura institucional para tratar de poner punto final a los enfrentamientos registrados entre la Fiscalía y la JEP.

“El objetivo es construir un mecanismo de eficacia, funcionalidad y de respeto por la autonomía de las instituciones encargadas de garantizarle a las víctimas la verdad y a los colombianos la justicia, en el marco de los cumplimientos del acuerdo de paz”, dijo.

Entre tanto, el senador Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) del partido Farc indicó, que se busca armonizar el trabajo de la Fiscalía y de la JEP “para el buen desarrollo de la implementación del acuerdo de paz”.

El senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, se sumó a los comentarios agregando, que Martínez le manifestó su preocupación por el desgaste al que está siendo sometida la Fiscalía en relación con los procesos que se siguen contra empresarios y otros terceros señalados de financiar a grupos armados ilegales y terroristas.

"El propio Fiscal está proponiendo que revisemos la arquitectura que quedó definida en la Corte Constitucional, porque él cree que los terceros intervinientes tienen que volver inmediatamente a la JEP y no dejar este desgaste a la Fiscalía", sentenció.

A su turno, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y también copresidente de la Comisión, añadió que es muy importante que se le brinden garantías a todos los poderes que están involucrados en el proceso de la justicia transicional.

Entre las conclusiones de la reunión, el senador Gustavo Bolívar, de la coalición Lista de la Decencia, destacó que es necesario legislar para que terceros vuelvan a ser cobijados por la JEP porque el imputado no puede elegir a su juez y para que los bienes incautados a las Farc después del acuerdo vayan a las víctimas.

También se acordó, según Bolívar, dejar en claro que los miembros de Eln no pueden ir a la JEP sin desmovilizarse y que prevalece el derecho de las víctimas sobre la extradición.

Además se señaló que el tratamiento penal diferencial a 72.000 personas que suscribieron acuerdos de sustitución de cultivos se vence y la Fiscalía no puede actuar porque a quienes lo suscribieron el Gobierno no les ha cumplido, acerca de lo cual el fiscal Martínez pidió suspender acción penal hasta que se les cumpla; y se indicó que la JEP no puede tener autonomía con solo 16 fiscales en la unidad de investigación. Necesita cientos de ellos y no hay presupuesto.