El momento de la sociedad civil | El Nuevo Siglo
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Domingo, 2 de Octubre de 2016
Adriana Ruiz-Restrepo

La sociedad civil es la nueva  protagonista tanto del escenario global como nacional. Desde la agenda del desarrollo sostenible y  la anticorrupción hasta la de la transición democrática y la paz territorial -posiblemente vigente desde mañana- la sociedad civil es el lienzo de soporte de buena parte de las iniciativas de mejoramiento en humanidad y comunidad.

Hay un amplio consenso en torno a su importancia. El problema, sin embargo,  es  que pocos comprenden  qué es la sociedad civil, dónde se encuentra,  cómo se le alcanza, en qué formas se materializa, qué derecho se le aplica, cómo se hace sinergia con ella o desde ella, cómo se contrata, cuánto debería tributar al fisco, y  -la que estimo debería ser la preocupación central a partir de este 3 de octubre en Colombia- cómo reconocer cuándo es de verdad-verdad sociedad civil.

Lo anterior significa identificar cuándo lo  civil de la sociedad es real y legítimo; cuándo es una verdadera expresión humana y ciudadana y, por tanto, es  genuinamente una manifestación personal, privada, autónoma y espontánea. Es decir, un actor social queriendo contribuir en sociabilidad humana y ciudadanía activa dentro de su comunidad nacional.

Tiempo atrás, cuando el mercado no dominaba todo y la política estaba directamente ligada a los ciudadanos,  comprender a la sociedad civil era más sencillo. Consistía en  el ámbito de la vida social, personal y privada, netamente diferenciada  del Estado y su  lógica de gobierno y de los modos del comercio que estructuran y dinamizan al mercado.

La sociedad civil es un viejo concepto de la teoría política. Recientemente y sobre la noción de Espacio Público de Habermas,  entre otros,  empieza a percibirse, en el campo societal, como pozos y corrientes de opinión y acción de incidencia en la toma de decisiones públicas.  Iniciativas y organizaciones que incluso pueden cristalizarse en diversas formas jurídicamente estabilizadas y económicamente formalizadas. Personas jurídicas que conforman un sector de actividad societal que  no es  gubernamental ni actúa animado por el lucro.

En los setenta, Jacques Delors en alusión al  Tiers Etat, base de la Revolución Francesa, lo explicó como un Tercer Sector y  Lester Salamon lo  presentó  como un sector emergente que  habría de ser tan relevante para este siglo XXI como lo fuera el concepto de Estado-Nación en el siglo XIX.  Michael Edwards, a su vez,  representa  la idea de sociedad civil como la arena de la deliberación pública de ciudadanos o constituyentes de un Estado que, en tiempos de globalización, admite también residentes no-ciudadanos y actores extranjeros como aquellos que intervienen  por causas humanitarias, ayuda oficial al desarrollo o filantropía transfronteriza.

La Sociedad Civil, entendida como espacio de intercambio, deliberación y acción entre colombianos  definiendo cómo mejorar nuestras instituciones y coexistir mejor como comunidad siempre es importante,  pero en momentos de transición como este resulta más determinante. Porque si la  abandonamos, si no la comprendemos, si por su complejidad volteamos la mirada hacia agendas fáciles de resultados rápidos, vamos a tener grandes dificultades engranando la transición en la realidad y  percollando la paz en la cotidianidad de barrios y aldeas.  

El riesgo central es que la visibilidad, prestigio y recursos que siguen al reflector que hoy destaca a la sociedad civil como gran agente de cambio, atraiga e instale la simulación y ahonde  la corrupción en esta coyuntura. Con gran frecuencia bajo el  término sociedad civil,  se camuflan  actores gubernamentales y mercantiles que, aunque son también  útiles para avanzar el desarrollo y la democratización, están en el lugar equivocado pues no son  manifestaciones  de agencia y voz  humana y ciudadana preocupada por mejorar las instituciones que le orientan y gobiernan su vida.

¿Qué sociedad civil será la colombiana en este momento histórico? Evocará a la Tunecina que se auto-organizó, empoderó y lideró la estabilización y transición, amortiguando el choque ideológico-partidista de un lado y evitando la captura de su espacio por  agendas comerciales nacionales o extranjeras, del otro?

O bien,  terminará desnaturalizándose o excluyéndose de su propia arena de deliberación pública ciudadana no gubernamental ni mercantil. La sociedad civil afgana, por ejemplo,  abandonó, perdió o se dejó sacar del timón que determinaba su rumbo propio y quedó atrapada y desencuadernada por actores de ciudadanía oportunista,  politiquería clientelista, agendas externas y ambiciones locales en una mezcla afanosa por el botín de paz y el control de la carta de navegación ideológica de su nación.

El desafío no es menor para la sociedad civil colombiana. La buena noticia es que la integramos más de cuarenta millones de personas y otro número considerable de organizaciones suyas; su espacio jurídico está bien protegido por la Constitución y el Código Civil  y  por  aquel derecho referido a las Entidades Sin Ánimo de Lucro o con Ánimo de Alteridad  (ESAL/ECAAL). 

Ahora bien, para contar con una sociedad civil veraz y fiable basta con acostumbrarnos  a ofrecer y a pedir transparencia. Explicitar, de cara a un  intercambio o convocatoria, la intención desde la que nos aproximamos a ella, es decir, si se proviene o conecta con la ejecución de algún  programa o contrato gubernamental o mercantil de fuente nacional o extranjera.

No porque ello  demerite o inhabilite la deliberación o  incidencia sino para ir recuperando espacios de confianza libres de simulación e instrumentalización. La transparencia es caldo vital de toda y cualquier paz, desde la domestica hasta la política. El horizonte opaco o confiable de nuestro futuro nacional, dependerá de contar con una  sociedad civil colombiana legítima, fuerte y transparente capaz de darle viabilidad a la transición.

*Abogada y politóloga. Jurista y consultora internacional experta en derecho y regulación de personas jurídicas de la Sociedad Civil Organizada.   Socia Directora de RRA  (Public Law  + Social Innovation)